Un dossier de la Articulación Nacional de los Comités Populares del Mundial y de las Olimpíadas afirma que por lo menos 170 mil personas serán desalojadas de sus casas debido a las expropiaciones de áreas destinadas a obras para el Mundial de 2014 y para las Olimpiadas de 2016. El documento cita otras violaciones de derechos vinculadas a la realización de los megaeventos.
Las noticias de la realización del Mundial de Fútbol en 2014 y de las Olimpiadas en la ciudad de Rio de Janeiro en 2016 fueron recibidas con fiesta por la gran mayoría de los brasileños. Sin embargo, pasados algunos años y con la mayoría de las obras exigidas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y por el Comité Olímpico Internacional (COI) en curso, los problemas abundan.
El 12 de diciembre, la Articulación Nacional de los Comités Populares del Mundial y de las Olimpíadas, divulgó un dossier de 138 páginas en el cual denuncia las violaciones de derechos humanos e irregularidades en la ejecución y en consecuencia de las obras. El documento se divide en siete ejes: vivienda; trabajo; información, participación y representación popular; medio ambiente; acceso a los servicios y bienes públicos; movilidad; seguridad pública. (Sobre el último eje, ver nota: El Mundial y…)
Según lo que el dossier considera como una “estimación conservadora”, por lo menos 170 mil personas serán expulsadas de sus residencias en las 12 ciudades que acogerán partidos en el Mundial. El informe llama la atención por el hecho de que el gobierno brasileño, hasta ahora, no informó cuantas personas pretende sacar de sus casas y barrios. “La desinformación, como se verá en seguida, se constituye ella misma en una forma de violación de los derechos humanos”, critica el dossier. Muchas de las familias, incluso terminan por enterarse de que serán desplazadas a través de la prensa y no por un comunicado oficial del poder público.
Limpieza social
El dossier cita ejemplos de comunidades amenazadas de desalojo y de otras ya desalojadas. Un punto en común entre los casos, afirma, es el propósito de “higienización, de limpieza social” de algunas áreas a fin de aumentar su valor inmobiliario. Las obras que están siendo llevadas a cabo y que generan los desalojos, están vinculadas en su mayoría a la apertura de rutas que comunican aeropuertos, estadios y zonas centrales o turísticas de las ciudades.
Entre uno de esos proyectos está la elaboración de un parque ubicado entre el aeropuerto internacional y el estadio que abrirá el Mundial, en la ciudad de San Pablo, también en construcción. El proyecto también prevé la apertura de una avenida. Más de 4 mil familias ya fueron desalojadas del lugar y otras 6 mil tienen su destino incierto. Durante el desalojo, los habitantes denunciaron abuso por parte de la Policía, con agresiones físicas y verbales, demoliciones forzadas y detenciones arbitrarias.
La justificación para la construcción del parque es que el área sería de protección ambiental. Sin embargo, el dossier muestra que la preocupación respecto del medio ambiente es bastante limitada. La mayoría de los estudios de impacto ambiental, necesarios por ley para el inicio de las obras, presentan irregularidades.
Aunque el gobierno haya flexibilizado las exigencias ambientales, aún así las reglas muchas veces no son obedecidas. “Lo que se verifica en la práctica es que cuando se dio la elaboración [de las obras], la mayor parte de las decisiones ya habían sido tomadas. En casos raros hay modificaciones de proyectos y en situaciones muy excepcionales hubo suspensión de obras en función de daños e impactos negativos previstos”, constatan los comités en el documento.
Uno de los artículos del nuevo Código Forestal brasileño, ya aprobado por el Senado (ver nota Agronogocio recibe… ) especifica que las llamadas Áreas de Preservación Permanente, que antes no podrían ser exploradas bajo ninguna condición, pueden ser deforestadas para la construcción de obras vinculadas a los llamados megaeventos, “estadios y demás instalaciones necesarias para la realización de competiciones deportivas”, especifica el Código, todavía no sancionado.
Trabajo
Uno de los motivos y argumentos de los que defendían la realización del Mundial y de las Olimpiadas en Brasil es que las obras ayudarían a generar empleo. De hecho, miles de puestos de trabajo fueron creados, pero según el dossier de los comités, los derechos laborales de muchos de los trabajadores no son respetados. Prueba de eso fue el número de huelgas realizadas: desde el inicio de las obras hasta noviembre de 2011 fueron registradas por lo menos diez paralizaciones en seis de los 12 estadios que serán usados para el Mundial.
Por tal motivo, en los días 17 y 18 de noviembre, representantes de las cinco centrales sindicales más grandes del país unificaron sus reivindicaciones en común en el Acuerdo Nacional Articulado para las Obras del Mundial y Juegos Olímpicos. Entre los puntos exigidos están pisos salariales unificados, garantizar la canasta básica, obra social para los familiares, pago de horas extras y garantía de organización sindical. Las centrales sindicales afirman que en caso de que las reivindicaciones no sean contempladas, hay posibilidades de una huelga unificada en el inicio de 2012.
Las empresas que ejecutan las obras, la mayoría con financiamiento público, son algunas de las grandes constructoras (muchas con actuaciones en América Latina) como Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, OAS, Delta y Galvão Engenharia. Juntas, esas empresas obtuvieron unos ingresos brutos de casi 30 mil millones de reales (cerca de 70 mil millones de pesos) en 2010. Son también conocidas financiadoras de campañas electorales en Brasil.
La lógica es que las empresas, que se dicen presionadas por la FIFA y por el COI, terminan por imponer las exigencias de agilidad a los trabajadores que terminan por ser sometidos a condiciones de superexplotación.
Como pasó en Sudáfrica, país donde se realizó el Mundial de 2010, la FIFA y el COI dan constantes declaraciones en la prensa internacional diciendo que Brasil está muy retrasado y llegan a amenazar con realizar el Mundial en otro país. El dossier cita la declaración del escritor surafricano Eddie Cottle que relativiza tales presiones. “Es un absurdo decir que los estadios no podrán ser concluidos a tiempo. En Sudáfrica algunas de las canchas fueron concluidas cuatro meses antes del previsto. Todo el lio que hace la FIFA sobre la conclusión de las obras es, en verdad, una forma de presionar a las constructoras. De esa manera, la FIFA consigue garantizar los cambios que quieren y cuando quieren”.
El dossier completo, en portugués, está disponible aqui.