Por Camila Amatriain. Una nota publicada en el diario La Nación sobre cómo se vive en la villa despertó indignación entre vecinos y referentes sociales y políticos. Sobre la construcción de la identidad villera a fuerza de verdades.
Muchas veces los medios de comunicación masivos construyen un discurso sobre las villas y asentamientos, refiriéndose a ellas casi sin excepción, vinculadas a los índices de inseguridad. Como si en el GPS de la comunicación se escuchara: “Usted está entrando en una zona peligrosa”. Es así que la estigmatización de miles de personas que viven en un barrio humilde, parece ser la primer condición que habilita la erradicación o traslado de “la villa” del “barrio”.
Solamente en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 40 villas y asentamientos, donde viven más de 170 mil personas en una situación de precaria urbanización y la carencia de servicios básicos. Sin embargo, a pesar de la cantidad de problemas que sufre a diario la ciudadanía, el elemento que hace visibles a las villas son las imágenes estigmatizantes negativas que en el lenguaje periodístico habitual refieren a “inseguridad”, “zona caliente”, “peligrosidad”, entre otros.
Un caso reciente fue el que protagonizó esta semana el diario La Nación cuando publicó una nota sobre cómo se vive en la villa 21-24/ Zavaleta. Allí se destaca la peligrosidad de la villa más grande de la Ciudad de Buenos Aires, imponiendo una línea peligrosa que separa a quienes viven dentro, de quienes viven fuera. La nota promueve la criminalización de la pobreza, pero también el enfrentamiento entre vecinos que hace muchos años, viven en el mismo barrio.
La nota se desarrolla y concluye sin mencionar ni el porcentaje de familias que viven en la Villa sin tener acceso al agua potable, ni la cantidad de niños y niñas que tienen plomo en sangre por vivir a la vera del Riachuelo contaminado, ni a las familias que viven en situación de emergencia eléctrica, por sólo mencionar algunas de las realidades que se esconden detrás de las narrativas periodísticas sobre las villas.
Dicha nota, tampoco incluyó en la construcción de “inseguridad”, por ejemplo cuando las fuerzas de Gendarmería dejaron la zona liberada en Zavaleta que terminó con la vida de Kevin Molina de 9 años, o cuando asesinaron a Cinthia Ayala Villalba, también de 9 años. Ambos fueron víctimas de tiroteos y de una puja territorial avalada por las fuerzas de seguridad nacionales. Víctimas que no se contabilizan como parte de la “inseguridad”.
“Seguridad es saber que voy a llevar a mis pibes a la escuela y van a estar bien, y no en un container, como pasó el año pasado. Seguridad es que los tendidos eléctricos estén bien y que no vaya a caer un cable y electrocutarme o que no me contamine por vivir cerca del Riachuelo. Todo eso tiene que ver con la urbanización y con políticas públicas que hoy no existen”, retruca sin pedir permiso, a la nota de La Nación, Rodrigo Alonso, integrante del Frente popular Darío Santillán. Alonso vive en la Villa 21 y en diálogo con FM Che Barracas se mostró indignado ante el retrato que hizo el diario sobre su barrio.
Las y los vecinos la 21-24, así como los de cualquier otra villa de la ciudad, sufren a diario la ausencia en el suministro de agua potable, el riesgo ante el que están expuesto frente al precario tendido eléctrico, la amenaza constante de inundaciones en la zona sur es un estado de alerta permanente ante cualquier lluvia dado la ineficiente política de infraestructura que tiene esta zona de la ciudad, los graves problemas de salud de cientos de familias a causa de la contaminación del Riachuelo, la escasez de una red cloacal, la acumulación de focos basura y la ausencia de un servicio de recolección como el que disfruta cualquier otro ciudadano, la ausencia de vías de acceso y circulación que permitan el ingreso de servicios de emergencia (otro de los grandes problemas en el diseño de la trama urbanística) y el vaciamiento de la salud pública con centros sanitarios cercanos a estos puntos geográficos.
Estos son sólo algunos, por mencionar los más urgentes, sentidos que la construcción discursiva de la “inseguridad” de medios como La Nación, y por consiguiente la posterior edificación de la opinión pública, dejan afuera de los relatos y de la vida de los que viven del mismo lado de la Ciudad, aunque muchas veces se los pretenda invisibilizar. Por sumar un dato más, sólo en la última quincena se registraron más de diez denuncias sobre la discriminación y la ausencia de los derechos más básicos en las villas porteñas.
Cómo se vive en una villa hoy
Al igual que se trata de dividir el espacio urbano mediante líneas imaginarias que marcan un adentro y un afuera de las villas, así también, esta disputa fue trasladada lentamente hacia todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. El espacio público y el uso de la tierra, se define de manera discrecional. El gobierno de la Ciudad porteño gestiona el espacio público, allanando el paso para que el suelo se convierta en un negocio. En diálogo con FM Che Barracas, algunos referentes políticos y sociales retrataron el escenario actual.
“Sabemos cómo es el gobierno de la Ciudad, y esta coyuntura actual es muy particular. En la Comuna 8 se está poniendo mucha plata en función de los proyectos ligados al negocio inmobiliario y nunca a la urbanización, como son el plan Maestro o la Villa Olímpica. El gobierno trata a algunos como ciudadanos de primera categoría y a otros como ciudadanos de cuarta, o incluso de quinta”, expresó Joaquín Tuñez, abogado y militante de la agrupación Corriente 17 de agosto, en relación a lo que sufren los vecinos del barrio La Esperanza en relación al cumplimiento con lo determinado por la justicia. Y agregó: “No hay que perder de vista que –el Gobierno porteño– viene persiguiendo un esquema de valorización de la tierra para el negocio, así expulsa conventillos, tira abajo propiedades, construye torres para viviendas que van a la especulación inmobiliaria. Tenemos que entender que el negocio tiene la consecuencia del desalojo y el desplazamiento de personas. Por año la Ciudad expulsa 18 mil personas a la calle”.
El espacio público y la propia ciudad, se piensan dentro de la lógica de la privatización en la gestión del actual jefe de gobierno porteño. “Como ya no queda espacio en zona norte para hacer negocios, y Puerto Madero está saturado, ahora se abre el negocio hacia el sur. Avanza la lógica del negocio inmobiliario, con el agravante de que no se genera ni una sola norma de regulación de suelo porque la ganancia es voraz y no hay voluntad política de hacerlo” explicó por su parte el ex legislador Facundo Di Filippo. El presupuesto destinado al área de vivienda, que ya era bajo, disminuyó del 5 % a menos del 2 % en menos de 10 años. “Mientras no haya una mirada abarcadora o un cambio de signo en las políticas que se aplican, esto va a seguir reproduciéndose. El dinero baja a cuentagotas y es destinado, sobre todo, a obras de embellecimiento del espacio público en algunas villas, cosas que se puedan mostrar hacia afuera. Invertir en servicios públicos es mucho más costoso¨, aseguró Di Filippo.
Un espacio público preferencial
“Lo que se dice y lo que se hace, no tiene nada que ver con la igualdad, ni con los derechos humanos. Sentimos bronca porque no se cumplen los derechos, ni siquiera las leyes. Más bronca nos da saber que sí hay un montón de plata, pero se usa para otras cosas, por ejemplo publicidad, para financiar a las empresas, pero no para garantizar la vida de las personas”, expresó Rodrigo Alonso.
El espacio público es diferente según quién corresponda. El enrejado de los parques se enfrentó a la oposición de los vecinos que reclamaron ante la destrucción de los espacios comunes, como ocurrió por ejemplo en el Parque Centenario y en el Parque Lezama, actualmente. El caso de la Villa Olímpica, en Soldati, es otro de los ejemplos que grafican el uso indiscriminado de los suelos con fines que atentan contra los valores de equidad y comunidad. Mientras la falta de vivienda fue y es uno de los principales problemas estructurales de Buenos Aires, que ningún gobierno resolvió, hoy se propone la construcción de un predio deportivo con viviendas residenciales, en una superficie de 110 mil metros cuadrados y con una inversión de más de 170 millones de dólares. Uno de los factores invisibles con costos a largo plazo es que el que menciona Di Filippo, “estos mega eventos producen mucho desplazamiento”.
La construcción de esas viviendas iba a ser destinada a los habitantes de la Comuna 8, “pero finalmente serán destinadas al Plan Mi Primera Casa, que es el caballito de batalla del gobierno de la Ciudad para la clase media”. Los programas exitosos del gobierno porteño “impactan solamente en el 0,00001 de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires” concluyó.
El entramado barrial en las villas porteñas está repleto de organizaciones y recursos comunitarios que construyen ante la ausencia del Estado en el reaseguro de garantías y derechos para estos ciudadanos. Fuera de las trampas del discurso, se construye una identidad villera forjada en el trabajo, la dignidad y la lucha.