Las warmis tras la recuperación de la democracia

Mañana habrá elecciones en Bolivia, ocasión para repasar cuatro historias paradigmáticas que exponen las violencias de la dictadura racista y patriarcal en el Estado Plurinacional y que recuerdan porqué las garantías constitucionales deben ser recuperadas. Será un día clave para la región.

Por Laura Salomé Canteros |

Mañana se realizarán las elecciones presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Con protocolos sanitarios por la pandemia de COVID- 19, y tras ser postergadas en tres ocasiones por el gobierno de facto, que comandan la ex senadora Jeanine Añez y el empresario Arturo Murillo; en un contexto en el que se multiplican las denuncias por los intentos de desestabilización.

En Bolivia las urnas serán custodiadas por los militares que masacraron al pueblo en Sacaba y en Senkata; y el escrutinio, a cargo del Tribunal Supremo Electoral que aceptó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) vuelva a ser veedora de las elecciones, tras la activa participación que tuvo en la instalación de la narrativa del fraude, determinante para dar el Golpe a las instituciones y la estabilidad social, política y económica en las elecciones de hace un año atrás.

Habrá horarios de votación según terminación de carnet de identidad y veedores internacionales a pesar de la negativa de las autoridades del gobierno de facto que insisten en criminalizar la política para generar terror, desinformación sobre los recintos habilitados -tanto en Bolivia como en el exterior- y restricciones a la labor de prensa. Sumado a que el sistema de conteo rápido elegido por las autoridades de facto, ya cuenta con observaciones sobre su funcionamiento.

Será un día clave para la región en el que se jugará la recuperación de la democracia de los pueblos. La oportunidad para volver al camino del autogobierno y abandonar casi un año en el que la persecución a mujeres y LGBT+ fue sistemática. Evidenciando un disciplinamiento empresario, conservador y fundamentalista religioso que asaltó el poder y los recursos del Estado con el objetivo de restaurar el odio desde la justicia y los medios. Para recuperar la soberanía política pero también la pluriculturalidad indígena- campesina de protección de los recursos naturales.

Cuatro historias, muchas vulneraciones

Eva Copa es la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, el órgano de mayor importancia según la Constitución Política del Estado. Trabajadora social, de El Alto y de 33 años, recibió y denunció con la misma intensidad los ataques y la violencia política de parte de la derecha y el fascismo, quienes publicaron, sin consentimiento, un video grabado en la intimidad de una pareja sexo- afectiva que utilizaron para extorsionarla y acallarla ya que, desde la tarea parlamentaria, gobernó el país de hecho, sancionando leyes en beneficio de las personas.

Patricia Arce es hoy candidata a asambleísta por Cochabamba, alcaldesa de Vinto y “una mujer con valor”, como la define su campaña electoral, es una de las caras paradigma de que el Golpe de noviembre de 2019 es un intento de restauración racista que se ensañó con las mujeres. Fue secuestrada y violentada por varones organizados en grupos paramilitares y detenida y luego liberada, durante la pandemia, acusada de atentar contra la salud pública por organizar repartos solidarios de alimentos y medicamentos ante la incapacidad de gestión del gobierno de facto.

Patricia Hermosa es abogada y ex funcionaria y padeció el encierro sin condena y las consecuencias de la falta del acceso a la salud durante seis meses. Estuvo privada de su libertad y no pudo defenderse por ser la apoderada del ex presidente, Evo Morales, acusada por el Estado golpista del tipo penale más grave posible: “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”. Padeció la discriminación étnica e ideológica que la llevó a la cárcel donde una emergencia obstétrica interrumpió su gestación. Fue quien afirmó que “solo los indios estamos en la cárcel”.

Pero quizá la historia más dramática y ejemplificadora de las consecuencias del encarcelamiento sin condena y la persecución por motivos políticos es la de Marianela Revollo, vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, detenida el 13 de noviembre de 2019 acusada de delitos electorales y penales -bajo la narrativa golpista del fraude- y que falleció como presa política tras una tardía detención domiciliaria y como consecuencia de la falta de atención a su salud integral.

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Si hay algo de lo que sabe el pueblo boliviano, es de resistencias. Aun tras el Golpe de Estado, que obligó a renunciar al primer presidente indígena de la historia de la región, Evo Morales; el respeto por la pollera y la wiphala, la soberanía alimentaria, el autogobierno y el disfrute del Buen Vivir no desaparecen. Es más, se transforman en mandatos ancestrales que siguen reclamando derechos.

El final es abierto y las historias de los pueblos no se definen sólo en las urnas. Sin embargo, se exige elecciones sin sangre. Y que las y los indígenas vuelvan a gobernarse a sí mismxs.