Por Carla Poth. En el marco de la causa por violaciones a los derechos humanos, hubo allanamientos en oficinas de la empresa Ledesma.
El 12 de julio se llevará adelante el primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura, en la provincia de Jujuy.
Luego de que la movilización popular obligara al alejamiento del juez Olivera Pastor, quien fuera acusado de frenar las investigaciones y suspender en reiteradas ocasiones la indagatoria del dueño del Ingenio Ledesma Carlos Pedro Blaquier, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy resolvió llevar adelante los juicios a los responsables de violaciones a los derechos humanos de la provincia durante la dictadura.
En el marco de estas causas se llevaron adelante un gran número de allanamientos a las oficinas de la empresa Ledesma, incluyendo a algunos de los estudios de abogados, en la ciudad de San Salvador (capital de la provincia). En estas investigaciones se hallaron documentos que contienen información sobre los detenidos-desaparecidos durante la dictadura de 1976 en el hecho conocido como “El Apagón de Ledesma”, donde fueron secuestradas más de 400 personas, de las cuales hoy 50 continúan desaparecidas. Junto con esta documentación se encontraron datos sobre la actividad de militantes sociales y políticos que participan en la histórica “Marcha del Apagón del Terror”, que se realiza todos los años en vísperas del hecho. Allí figura la información de las acciones de integrantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos y hasta espacios culturales de todo el país que, en la actualidad, participan de las actividades en repudio a los hechos de represión y reclaman por justicia.
La empresa Ledesma, situada en el departamento homónimo, es hoy uno de los principales imperios económicos de la provincia de Jujuy y uno de los emprendimientos empresariales considerados como “modelo de desarrollo nacional” por el gobierno de Cristina Fernández. Con inversiones en la producción de papel, azúcar, agricultura y ganadería, biocombustibles y en la extracción de gas y petróleo, esta compañía conducida por la familia Blaquier hoy concentra más de 100 mil hectáreas en todo el país; y se expande y diversifica a múltiples áreas productivas.
Pero aunque se quiera tapar el sol con la mano, los hechos consumados denotan que esta empresa es un ejemplo de lo que el poder económico es capaz de hacer en el camino de la acumulación y la ganancia. Los documentos encontrados no sólo brindan pruebas de la complicidad y acción de la empresa con el gobierno de la dictadura militar en las desapariciones de militantes sociales, sino también su accionar parapolicial en el período de democracia.
Además de la participación directa en estos hechos, la empresa es la principal responsable (jamás imputada) de las problemáticas de falta de acceso a la vivienda y la contaminación de Libertador General San Martín, una de las ciudades más importantes de la provincia de Jujuy y cabecera del departamento de Ledesma. La misma participó directamente, con policía privada, en la represión de 2011 en la que fueron asesinadas cuatro personas por la toma de uno de sus predios, en el marco de un reclamo por viviendas dignas. Al mismo tiempo, Ledesma ha sido denunciada por la muerte de una de las más abnegadas luchadoras por los derechos humanos, Olga Aredes quien, en 2007 falleció de un cáncer pulmonar asociado a la bagazosis, enfermedad respiratoria producida por el bagazo, un residuo de la caña de azúcar.
Pese a las denuncias y reclamos, ambos hechos siguen impunes. Oscar Delgado, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes (CAPOMA), describe la situación: “la empresa Ledesma es un poder paralelo que digita lo que es la organización económica, política y productiva de la provincia y también influye mucho en la vida social y cultural”.
En cada uno de sus actos, la empresa no hace más que mostrar su poderío económico y político, comprando lealtades y disponiendo ‘amigos’ en los principales puestos políticos de la provincia. En suma, consolidando un ‘feudo’ provincial que goza de la venia de un gobierno nacional que mira de reojo.
Las organizaciones de la provincia de Jujuy siguen luchando para que se juzgue a los responsables de las violaciones a los derechos humanos del pasado y el presente. Y construyen para que la memoria de los asesinados en la dictadura no quede en meras reivindicaciones pasadas. Su caminar es porque, en palabras de Oscar Delgado, “no destruyan más la vida”.