Ley de medios: los 20 días que estremecieron 40 años de debate

Por Agustín Bontempo – @agusbontempo / Foto por Laura Salomé Canteros

Al inicio de esta semana se publicó el Decreto que crea el Ente Nacional de Comunicaciones que, entre lo más destacado, absorbe la AFSCA y la AFTIC. A continuación, repasamos los antecedentes de la mentada Ley de Medios, sus límites, alcances y el contexto actual.

Las PNC como impulsoras de la libertad de expresión

El 10 de octubre de 2009 se sancionó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el marco de un furioso conflicto entre el gobierno que conducía Cristina Fernández de Kirchner y la oligarquía agraria. Desde aquel entonces, los debates centrales que corrieron por los grandes medios de comunicación tuvieron la particularidad de evadir los antecedentes reales de una Ley limitada en sí misma, pero claramente superadora.

Los primeros puntos que le dieron forma a la nueva medida datan de la década de 1970, en lo que se conoció como las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC), que ponderaban al Estado de cualquier país para garantizar la libertad de expresión. Es así que gracias a un fuerte impulso de la UNESCO, en 1974 se establecieron los ejes centrales de las PNC: planificar la comunicación e información para el desarrollo; superar la identificación falaz entre libertad de expresión y libertad de empresa; defender las culturas nacionales; hacer que la comunicación responda a los requerimientos socioeconómicos y culturales de la población y el país; exigir la participación de todos los sectores sociales en las políticas de comunicación y asignar al Estado la responsabilidad exclusiva en su formulación y ejecución.

Por supuesto, como en la actualidad, hubo diversas resistencias de los principales conglomerados empresariales, especialmente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR).

A excepción de algunos casos parciales, las PNC no lograron imponerse en un contexto de avanzada conservadora. Por caso, en la Argentina el golpe cívico-militar-clerical de 1976, no solo no tomó estas recomendaciones, sino que se sancionó, en 1980, la Ley 22.285, conocida como la ley de medios de la dictadura.

Las discusiones surgidas con las PNC se retomaron con la vuelta de la democracia. Sin embargo, manteniendo la línea en casi todo el espectro político, el alfonsinimo dio marcha atrás y decidió no avanzar en este proceso.

El desmantelamiento de la libertad de expresión se redondeó en la nefasta gestión de Carlos Menem. La primera medida fue en 1989, en la que dejó a los medios gráficos participar del espectro audiovisual. Siguieron la privatización de ENTEL y la reforma constitucional que abrió las puertas a los capitales internacionales y que dio lugar a que el Grupo Clarín pudiera participar de la Televisión Digital. Hacia el final de la década, se sancionaron dos normas que fueron trascendentales para empoderar a los monopolios de hoy: el Decreto N° 264/98 de liberalización de las telecomunicaciones (radiodifusión más telefonía) y el Decreto N° 1005/99, que habilita la transferencia de licencias y la conformación de cadenas, entre otras.

Discusiones en la larga década kirchneristas

Nos hemos habituado a escuchar desde diversos lugares del gobierno saliente, pero también de amplios sectores populares, que la Ley de Medios es de todos y todas, que debemos defenderla porque es nuestra garantía de libre expresión, entre otros argumentos. Y, efectivamente, es así.

El problema no radica en lo que dice la Ley, sino en lo que el Poder Ejecutivo hizo todos estos años. Hasta el conflicto con la oligarquía, en 2008, hubo algunos puntos que también fortalecieron al Grupo Clarín. La sanción de la Ley de Quiebras en 2002 de Eduardo Duhalde, el padrino de Néstor Kirchner para las elecciones de 2003 y la Ley de Patrimonios Culturales sancionada en los primeros meses del nuevo gobierno, fueron fundamentales para que el multimedio no desapareciera. Con estas leyes sobrevivió y en 2005 gracias a la extensión de las licencias por 10 años más logró consolidarse.

Es en ese clima que se creó, en 2004, la famosa Coalición por una Radiodifusión Democrática, en la cual participaron cientos de organizaciones y miles de personas, retomando el impulso de las PNC pero con la novedad de los medios Populares, Alternativos y Comunitarios (PAC)

Hacia 2008, los debates no habían sido retomados por el kirchnerismo, pero ante el “divorcio” el Grupo Clarín se hizo imperioso promover un enfrentamiento que perdura hasta nuestros días.

La ley 26.522

La ley en sí misma repone varias de las deudas que todos los gobiernos que precedieron al kirchnerismo habían dejado. Algunos detalles: es definida como de “Interés Público” y se ocupa del espectro radioeléctrico, televisión abierta y con una limitada regulación digital. Además, regula contenidos en relación con las cantidades de producciones nacionales, internacionales e independientes. Es el Estado quien debe garantizar el acceso universal y gratuito y asignar las licencias que son de tres tipos: gestión estatal; gestión privada con fines de lucro; gestión privada sin fines de lucro. Las licencias tienen 10 años de duración con posibilidad de renovación que debe aprobarse en Audiencia Pública. La autoridad de aplicación es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación audiovisual (AFSCA), quien viene a remplazar al viejo COMFER y se compone de 7 integrantes. Un presidente que representa al Poder Ejecutivo Nacional y 6 directores: uno del Poder Ejecutivo Nacional, 3 de la primera, segunda y tercera minoría del Poder Legislativo Nacional, 2 del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Si repasamos los antecedentes antes expuestos y analizamos estos puntos generales, es fácil concluir que no es una “ley de medios k”, sino que es amplia, participativa y debatida. Sin embargo el problema está en otro lado.

Desde su sanción, como decíamos antes, el kirchnerismo solo se focalizó en enfrentar a Clarín. La postergada adecuación (recordemos, hubo amparos del grupo e incluso un señalamiento de la Corte Suprema de Justicia a favor de la ley) es algo que todos deseamos. Sin embargo, la norma contiene muchos puntos más y nunca se avanzó sobre ellos. Lo central, acerca del 33 por ciento para los medios alternativos.

El kirchnerismo trató de enfrentar a clarín con la ley desde lo discursivo, pero en la práctica permitió el crecimiento de nuevos monopolios más “benevolentes”, como el Grupo 23 del empresario Sergio Szpolski, hoy en un grave conflicto con sus trabajadores y trabajadoras, o el propio Cristóbal López.

Como contrapartida, no sólo no se otorgaron nuevas licencias en sus debidos concursos, tampoco se facilitaron financiaciones. No cabe duda de que si los medios alternativos, que tanto aportaron para la sanción de la ley y que tanto exigieron su correcta aplicación, si hoy estuvieran empoderados la resistencia frente al decretismo macrista sería mucho más severa.

Los 20 días que estremecieron 40 años de debate

El pasado 11 de diciembre se lanzó la primera catarata de Decretos de Necesidad y Urgencia, entre los que se destaca el de la creación de nuevos ministerios, incluyendo el de Comunicaciones. Como indica Martín Becerra en un artículo reciente, esta norma, sumada a la creación del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, fue el primer paso que el presidente Mauricio Macri adoptó para neutralizar áreas que respondían al kirchnerismo y que ahora pasarían a una órbita ministerial.

Algunos días después, se conoció la intervención definitiva a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), por un supuesto período de 180 días, por medio del Decreto N° 236/15. Sin lugar a dudas, hasta este punto la situación en cuanto al mapa comunicacional era grave. Sin embargo, la reciente creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) termina de dar por tierra el esfuerzo de miles de personas que durante los últimos 40 años pusieron mucho de sí para alcanzar una Ley que, con matices y discusiones abiertas, representaba la cara más fiel de la democracia. Una norma debatida por la población, sancionada por el Congreso, reglamentada por el ejecutivo y avalada por el Poder Judicial: todas las voces todas.

El ENACOM funcionará en la órbita del Ministerio de Comunicaciones y al adoptar las competencias de la AFSCA y la AFSTIC, clausura cualquier participación democratica.

Entre sus argumentos para tener estas funciones, el ENACOM esgrime cuestionas que pueden ser criticadas de la Ley de Medios, como la regulación de medios digitales y nuevas tecnologías. Pero también pondera, por ejemplo, que las normativas vigentes “conspiran abiertamente contra el proceso de convergencia en curso y por ello sus efectos sobre la industria son altamente regresivos y perjudiciales.”

Haciendo someras comparaciones con normativa e instituciones de otros países, el sentido claro y elocuente del nuevo Ente es la promoción de una comunicación al servicio del mercado. Por caso, la regulación de la convergencia sí existe y tiene el fin de evitar la creación y consolidación de monopolios

Si los grupos concentrados lograron mantenerse o incluso crecer en estos años, el camino que se les abre es mucho más prometedor.

La situación es realmente escandalosa y no porque Sabatella no haya logrado resistir. Tanto los medios oficialistas como los opositores pusieron el ojo en ese lugar, y lo antidemocrático pasa por todo lo que hemos analizado a lo largo del artículo. Este es el momento donde el kirchnerismo debe tener la altura de asumir su responsabilidad de tantos favores al multimedio así como también de no generar una real apertura de voces. Pero también es el momento donde debemos repudiar el decretismo compulsivo del nuevo gobierno, cuestionar la impronta antidemocratica de restricción de la libre expresión de la nueva normativa, y especialmente, sostener en alto el reclamo por la aplicación de una Ley que sí, es de todos y todas. Y que, como en la década de 1970, se tocó como devolución de favor.