“Los derechos humanos se respetan o no se respetan, no hay matices”

Por Leandro Albani / Foto por Danilo Galgano

Desde el territorio surgen voces de resistencias y de dificultad de acceso a la justicia. Luchas en Chile o en la Argentina hablan de pibes violentados o de mujeres campesinas rociadas con agrotóxicos. La mirada de dos mujeres de Nuestra América.

El panel “Pasados presentes. Las dificultades de impartir justicia” dio cuenta de la la reconfiguración de las nociones de justicia en la región, pensó un marco de diálogos posibles desde las resistencias y habló sobre las dificultades de acceder a la justicia.

Allí participaron Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, y Alicia Muñoz Toledo, dirigente de  la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (AMUNARI) de Chile. En el marco del seminario “Derechos Humanos, ayer y hoy” que realizó la Fundación Rosa Luexemburgo, coordinó la charla Florencia Puente, quien además de pertenecer a la Fundación es politóloga e investigadora en temas de derecho indígena y resistencias territoriales al extractivismo.

“La policía controla los grandes delitos, pero la culpa es de los pibes”

La conmoción generada por las palabras de Vanesa Orieta mantuvieron en vilo al auditorio donde se desarrolló el seminario “Derechos Humanos, ayer y hoy”. Porque la historia relatada por Orieta, hermana del joven Luciano Arruga, desaparecido por la policía bonaerense, no es un punto perdido en la actualidad de la Argentina, sino que, como bien lo dejó en claro durante su intervención, es parte de una política de reprimir y castigar a las clases más humildes del país.

Al comenzar su intervención, Orieta recordó que hace pocos días atrás se presentó un nuevo informe de CORREPI, en el cual se confirma que desde la vuelta de la democracia en el país en 1983 ya se contabilizan más de 5000 casos de gatillo fácil y más de 200 desapariciones forzadas de personas.

Tanto con el caso de Luciano, como con otros que se conocen en todo el territorio nacional, se confirma que las víctimas son de “zonas más vulnerables”, en las cuales sus familiares carecen de “herramientas para iniciar el camino de la justicia y la verdad”, afirmó Orieta. Por esta razón, según la hermana de Arruga, hay que “animarse a hablar” y denunciar “las mafias de las fuerzas de seguridad, que no dudan en callarnos con vidas humanas o detenciones arbitrarias”.

Orieta fue clara en expresar que los sectores pobres son castigados y enviados a cárceles, en las cuales “se violan todos los derechos humanos”. “Los pobres –sentenció Orieta– somos un número más de personas que se mueren”.

Si bien los crímenes de la dictadura militar argentina se están juzgando, Orieta alertó que no se debe pensar que los derechos humanos “son algo del pasado” y que se cree en la población “una memoria estática”, porque en la actualidad las fuerzas de seguridad continúan cometiendo delitos y son responsables de asesinatos y desapariciones de personas.

La hermana de Arruga también advirtió que los medios de comunicación tienen responsabilidad por estigmatizar a los pobladores más pobres, calificando a los barrios como “zonas peligrosas” y difundiendo que muchos jóvenes son delincuentes por “portación de cara”.

La agresión física, la discriminación verbal, las amenazas y las violaciones más básicas de los derechos ciudadanos son, para Orieta, el modus operandi de la policía en la Argentina. A esto hay que sumar la complicidad judicial, que se hace realidad cuando los familiares de las víctimas acuden a los tribunales o fiscalías a realizar denuncias y se les niega la posibilidad.

Por todo esto, resaltó “la importancia de salir a las calles, visibilizar esta situación y rechazar el discurso de los medios” que estigmatizan a los pibes jóvenes. “La policía controla los grandes delitos, pero la culpa es de los pibes”, sintetizó Orieta.

Para finalizar, la hermana de Arruga dejó flotando en el aire una frase concreta y que no se cansa de repetir: “Los derechos humanos se respetan o no se respetan, no hay término medio o matices. Por eso la democracia tiene que tener una fuerte participación del pueblo para que esos derechos se cumplan”.

“Hoy con esta guerra química nos matan solapadamente”

Luego fue el turno de Alicia Muñoz Toledo, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), quien antes de abordar el tema del derecho al aborto terapéutico negado en Chile, contextualizó la situación de las mujeres campesinas: “Con el comienzo de la agricultura moderna lo que más nos importa resaltar es la llegada de los agrotóxicos, que son veneno, que son para matar: nos hacen trabajar con la muerte diariamente”. Alicia comenzó a trabajar a los 17 años en recolección, por lo que conoce el trabajo y los sacrificios de cerca. Vivió también todo el cambio en las formas de trabajar la agricultura, y por eso explicó que “cuando empezó el tema de la agricultura moderna, de la industrialización en el campo, trajo consigo la pérdida de la biodiversidad, de las técnicas ancestrales y el reemplazo de la mano de obra por máquinas y la pérdida de la tierra; pero, por sobre todo, llegaron los paquetes tecnológicos con plaguicidas”.

Por eso el sol que quema durante horas, sumado a que luego de las extensas jornadas de trabajo las campesinas deben esperar que los campos se rocíen con agrotóxicos para regresar, recién, aún mojadas veneno a sus casas, representa un exterminio silencioso. “Hoy con esta guerra química nos matan solapadamente, no con armas como en la dictadura. Y nos dañan el sistema inmunológico y el reproductivo”. De allí la importancia del aborto terapéutico, que estaba contemplado por ley y que en 1989 derogó la dictadura de Pinochet. La nueva legislación advierte que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.

El pedido es que se restablezca un derecho que ya estaba establecido en la Constitución. Esta lucha que se viene dando desde esos sectores cuenta hoy con una propuesta del actual gobierno, que abarca “abortos en caso de peligro por la vida de la madre, inviabilidad del feto de sobrevivir y embarazos por violación. Y por otro lado el movimiento de mujeres chileno, plantean la despenalizacion del aborto en todas sus vertientes: libre, seguro y gratuito”. Por la parte de ANAMURI, exigen que se tome como un tema de salud pública, así como otras enfermedades derivadas del envenenamiento por agrotóxicos para las trabajadoras campesinas y, sobre todo, recolectoras. Estas son “mujeres que ganan salarios infrahumanos y recogen toda la fruta que hoy llega a los mercados internacionales”. La situación de rocío con agrotóxicos conlleva los efectos nocivos de mareos, malestares: “Las mujeres están pariendo hijos con malformaciones congénitas, son envenenadas, caen enfermas de golpe”, aclaró Alicia.

Además, Muñoz Toledo explicó lo difícil que es lograr instalar esta temática: “Si bien las mujeres  estamos discutiendo desde el feminismo campesino y popular, tenemos que ver cómo tomamos estos temas, cómo nos discriminan y nos violentan”, pero también resaltó que “en nuestros últimos congresos de la Coordinación Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC), hablamos de cómo conseguir un aborto terapéutico”.