Los dilemas de Cambiemos y los fantasmas de diciembre

Por Federico Orchani* – @fedeorchani

Los últimos meses del año suelen ser complicados para los gobiernos. El primero de Cambiemos al mando del ejecutivo, no es la excepción y parece no poder zafar del coyunturalismo y la conflictividad permanente. Las múltiples fuerzas de seguridad, las internas de Bullrich y la violencia institucional.

El deterioro constante de la economía y la conflictividad social configuran entre otros factores –en palabras del economista Alejando Bercovich–, el “marco dramático que plantea el 32% de pobreza medido por el INDEC y la crisis que augura para dentro de 20 años el hecho de que un 47% de los menores de edad sean pobres”, datos alarmantes para cualquiera. Con este panorama, al que habría que sumar el conflicto con las fuerzas de seguridad, el macrismo y sus aliados enfrentan las elecciones de medio término del próximo año.

El tironeo con la CGT, uno de los frentes principales, parece de momento controlado. Aunque la promesa de un bono a fin de año como contraparte de la negativa de la reapertura de paritarias, no deja conforme a todos. El más duro fue Pablo Moyano, dirigente de Camioneros, un gremio con peso propio que amenazó con irse de la CGT si la conducción cegetista no le pone fecha a un demorado paro nacional.

Respuestas a mitad de camino

El gobierno ensayó, hasta el momento, respuestas insuficientes para resolver la crisis social. No alcanza con el conjuro de la “pesada herencia” para justificar el ajuste económico. Si esta excusa tuvo efecto hasta ahora, en parte se debe al blindaje mediático del que goza el gobierno de Macri.

Si durante los últimos años se consolidó un núcleo duro de pobreza y desigualdad social, con la llegada de Cambiemos al gobierno se produjo un agravamiento de esta situación. Una visión integral del problema puede servir a los fines de enriquecer el análisis. Al respecto es interesante leer a Ana Natalucci en revista Anfibia: “Las transformaciones en el mundo del trabajo no son pasajeras ni sólo de Argentina, más bien asumen un carácter estructural: el sistema capitalista ya no requiere para su acumulación el pleno empleo como en la etapa fordista”. El artículo analiza la situación de aquel segmento de la clase trabajadora quizás más golpeado por la crisis. Son los trabajadores informales, precarizados o subempleados, muchos de ellos y ellas integrantes de movimientos sociales y organizaciones populares que hoy ensayan diferentes estrategias para hacer frente al deterioro social. Una de estas estrategias es el impulso de una “Ley de emergencia social y de las organizaciones de la economía popular”. “Uno de sus puntos centrales es la declaración de la emergencia social, cuya justificación se asienta sobre tres motivos: recesión económica, caída del consumo doméstico y retracción del Estado respecto del fomento del empleo”. La iniciativa parlamentaria, viene siendo acompañada por la movilización callejera, uno de los factores claves que le da impulso a la ley, al mismo tiempo que se denuncian los efectos del ajuste económico sobre uno de los sectores más desprotegidos de la clase trabajadora. En ese sentido, distintos movimientos populares realizaron una jornada nacional de lucha en todo el país con la instalación de “mil ollas populares” para visibilizar el reclamo el pasado 5 de octubre.

Perros de la calle

El conflicto entre el gobierno y las fuerzas de seguridad no puede ser soslayado. De hecho, la polémica por la creación de una Policía porteña trajo múltiples derivaciones. Tanto así que los cortocircuitos e internas llegan hasta los más altos niveles del macrismo. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quedó en el ojo del huracán cuando, según el periodista Claudio Mardones, estuvo a punto de enfrentar una manifestación de uniformados de la Policía Federal que se resisten a la fusión con la Metropolitana y el traspaso a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La movilización fue desactivada pero los resquemores con su par de la Ciudad y ex fiscal Martin Ocampo, trascendieron. Algo similar ocurre con el ministro de la provincia Cristian Ritondo y el número dos del ministerio, Eugenio Burzaco con quien la ministra mantendría una interna desde hace varios meses.

La situación es preocupante, el incremento en número y recursos de las diferentes fuerzas de seguridad va en ascenso mientras que el objetivo de combatir el narcotráfico y la inseguridad hasta ahora dio pocos y cuestionables resultados. La política de incremento de las fuerzas de seguridad, la presencia en las calles con bríos renovados de la tesis de mano dura, tiene una contracara que –como señala Mardones en el diario Tiempo Argentino del día domingo– la cartera que conduce la ministra prefiere no comentar. El dato es alarmante, según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en un relevamiento sobre casos de violencia institucional y gatillo fácil desde principios de año, “el promedio es de un muerto por día en todo el país”.

La violencia institucional que no es novedad, la sufren principalmente los sectores populares, trabajadores y en especial la juventud de las grandes barriadas. En estos días, la organización Garganta Poderosa denunció que efectivos de la Prefectura detuvieron ilegalmente y torturaron a dos jóvenes de 15 y 18 años. Por el hecho fueron dados de baja siete efectivos, aunque la ministra Bullrich no tuvo la misma celeridad para anunciar mediante una conferencia de prensa, como si lo hizo de manera espectacular para decir que habían detenido un tuitero que amenazó al presidente o alertar sobre la presencia de células terroristas en el litoral, y luego desmentido por el propio ministerio.

Al momento de cerrar esta columna, la policía de Santa Fe reprimía nuevamente una movilización en el marco del XXI Encuentro Nacional de Mujeres. Lo mismo ocurrió el año pasado en Mar del Plata frente a la Catedral de esa ciudad, también ahora en Rosario. Los testimonios relatan que la policía estaba previamente atrincherada detrás de la Catedral rosariana, preparada para reprimir salvajemente con gases y balas de goma como finalmente ocurrió. En este caso la violencia hacia las mujeres proviene del mismo Estado, la misma violencia estatal que no impide la interrupción voluntaria de un embarazo mientras cientos de mujeres mueren año a año por abortos clandestinos.

De todas formas, la represión policial no alcanza para ocultar el hecho que en Rosario se reunieron 70 mil mujeres de todo el país a debatir y luchar por más derechos, con las banderas del #NiUnaMenos. Esta noticia es un rayo de luz en medio de la tormenta de Cambiemos. Igual que la aparición del nieto #121, hijo de Ana Lanzilotto y Domingo Mena, hermano de Ramiro. No nos han derrotado.

*Militante del Frente Popular Darío Santillán