Por Antonio Fargas. Segunda entrega del analisis sobre el narcotrafico en la región. Los procesos de legalización y las lecturas apresuradas y confusas que lo mezclan con el lavado de dinero, el negocio de la droga y las salidas represivas. Acá esbozamos algunas preguntas.
¿Legalícenla?
La pregunta es obvia: nuestro vecino más cercano, Uruguay, seguramente tendrá su primera cosecha de marihuana legal en 2014 si el Senado aprueba el proyecto de regulación estatal, no sin obstáculos que ya están apareciendo. ¿Es ésa una salida en Argentina? Quizás. Pero no hay que precipitarse.
Argentina es un país mucho mayor en extensión y mercado. Tiene más zonas “descuidadas” por el Estado, como insiste la oposición respecto del plan de radarización (como si eso resolviera la cuestión, sin fijarse en quién será el que custodie esos radares). Y es difícil creer que los intereses formados se evaporarán de un momento para otro porque las drogas se legalicen. El periodista Jean-François Boyer escribió sobre el tema en el artículo “La ‘guerra perdida contra las drogas’” publicado en la edición de octubre de Le Monde Diplomatique. Boyer se basa en el caso mexicano, donde sí hay estructuras criminales con fuentes de dinero diversificadas, vasto dominio territorial y corrupción de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, hay un punto en común: en el incipiente debate por la legalización en México, está ausente la pregunta de seguridad pública: ¿cómo se desmantelará al crimen organizado? Y llama la atención sobre la posibilidad de una “recriminalización” del negocio, ya sea porque los cárteles secuestren los cargamentos locales o directamente se apropien de los laboratorios.
Por otro lado, la legalización resolvería –o comenzaría a resolver- la cuestión de la marihuana, que llega de Paraguay, pero no la de la cocaína. La situación de esta última se ve agravada, además, porque no es una droga que pueda ser auto-producida y porque las plantaciones de coca en el país están también prohibidas. Boyer dice que una legalización de la cocaína debería traer aparejado un control de las áreas de producción, actualmente en manos de los narcos o sin una presencia fuerte del estado. ¿Veremos plantaciones ilegales de coca en el norte argentino que harán de Argentina un país productor de más jerarquía?
Lo que se sabe, entonces, es que una salida exclusivamente represiva no puede ser la solución. Por un lado, no deben confundirse en el debate la lucha contra el narcotráfico, es decir, contra el crimen organizado que se financia con un negocio extremadamente rentable como éste, y la “lucha contra las drogas”, la consigna expresada por Nixon en 1971 que pone al Estado como un ente paternal que vela por la salud de sus ciudadanos y considera criminales a los consumidores que ejercen sus libertades individuales. El consumo de drogas existe, y donde hay una demanda aparece, siempre, una oferta.
Lo que puede hacerse, y lo hace la PROCELAC cada vez con mayor énfasis, es investigar no sólo la ruta de la droga sino la del dinero lavado: el jugador de San Lorenzo Santiago Correa, por ejemplo, no puede ser vendido porque se sospecha que parte de su pase pertenece al clan rosarino de Los monos. Ésta es, quizás, la parte más difícil del problema, porque es atacar su raíz misma: es donde se cruzan la parte ilegal del negocio (el dinero obtenido con el tráfico de drogas) con la “legal” (el lavado a través de bancos y otras instituciones financieras). Y todo lo que intervenga con la acumulación es muy difícil de parar.