Los fantasmas del default

“Vamos a tomar el toro por las astas. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa”. A 18 años de la declaración del default por parte del presidente interino Adolfo Rodríguez Saá, la economía argentina vuelve a enfrentarse a esta posible situación. Se retira una nueva misión del FMI y quedan los fantasmas. ¿Qué puede pasar ahora?

Por Iván Barrea y Francisco Cantamutto

Enseñanzas del estallido

La noche del 23 de diciembre de 2001, en sus primeras horas como presidente interino de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá anunciaba el cese del pago de la deuda frente a un Congreso que estallaba en aplausos. El mandato del Adolfo solo duraría 6 días más, la presión popular pudo más que el interinato otorgado por el Congreso y el Adolfo dejó el bastón presidencial, que terminaría en manos de Eduardo Duhalde. Sin embargo, el cese de pagos de la deuda externa se mantuvo hasta 2005, cuando se completó un masivo canje (el más grande hasta entonces en el mundo).

Ante una cesación de pagos, hay varios efectos que se desatan con inmediatez. El más destacable es el cierre del financiamiento externo, previa disparada de la tasa de interés y el riesgo país, indicador fetiche de expertos y no tanto. Pero, ¿para qué necesitamos financiarnos externamente? El factor principal en un momento como el fin de la Convertibilidad o los últimos años del macrismo es que se toma deuda para pagar deuda. La bicicleta gira y mientras nos preguntamos si fue primero el huevo o la gallina estamos tomando deuda para pagar la deuda que tomamos para pagar la otra deuda que no fue la primera ni la última. Según un artículo de la BBC allá por el 2015, la deuda defaulteada por Argentina en 2001 era la más grande de la historia. Es decir, el primer efecto de no pagar la deuda es dejar de tomar deuda para pagar la deuda que ya tenemos. O peor aún: no es necesario ajustar al pueblo para ahorrar el dinero que debemos pagar externamente.

Sin embargo, hay otros usos para el financiamiento externo. Por un lado, evitar la fuga de divisas que efectivamente fue el motor de endeudamiento de Macri: tomar deuda a mansalva para sostener un dólar estable, mientras inversionistas se benefician de las altas tasas de interés, superior al 70% durante los años cambiemitas. Claro que esto es solucionable con políticas restrictivas a la entrada y salida de capitales, contrarias a las que implementó el gobierno saliente. Por otro lado, el financiamiento es necesario cuando hay un desequilibrio en la balanza comercial, es decir, cuando se importa más de los que se exporta.

Sin entrar en detalles engorrosos, el default del 2001 decretado por Adolfo Rodríguez Saá correspondió con una de las épocas de mayor bonanza de la economía argentina. Entre 2003 y 2007, el PBI creció entre 8% y 9%, índices inéditos para la historia económica argentina. A su vez, este crecimiento fue acompañado de políticas redistributivas y de expansión del consumo interno mediante mayores ingresos y planes sociales ante un pueblo que juntaba sus propias cenizas. Si bien el boom sojero puede explicar gran parte de la expansión del PBI, fue la libre disponibilidad de reservas la que permitió establecer una política expansiva en lo social.

La expansión de la economía argentina entre 2003 y 2007 está indisociablemente vinculada a esta cesación de pagos, que involucró a la mitad de la deuda pública. La otra mitad había sido parcialmente regularizada a través de reestructuraciones en 2001, además de contar con la continuidad en los pagos a los organismos internacionales, algo que no se interrumpió en ningún momento. Además de la brutal pulverización de los salarios y la suba de los precios internacionales de los productos que exporta el país, la cesación parcial de pagos permitió liberar recursos externos y fiscales para impulsar la economía. De hecho, una vez reestructurada la deuda, el peso de los pagos de intereses comenzaría a presionar las cuentas externas y las finanzas públicas de modo incremental. Es decir, fue la cesación de pagos lo que ayudó al crecimiento, y no su reestructuración.

La deuda externa no es solo una promesa de pago. La deuda externa compromete la soberanía económica y política de un país, implica priorizar el uso de reservas y de ingresos impositivos para hacer frente a los acreedores y, sobre todo, implica postergar cualquier necesidad y urgencia ante la prioridad de hacer frente a las obligaciones internacionales.

¿Dónde estamos parados?

La economía post Cambiemos presenta un panorama alarmante. El irresponsable endeudamiento durante los cuatro años de Mauricio Macri, sumado a la complicidad del Fondo Monetario Internacional otorgando el monto más grande de deuda de la historia del organismo en un préstamo fraudulento, elevaron el peso de la deuda en el presupuesto a niveles insostenibles. Al asumir la gestión cambiemita, el peso de la deuda en el presupuesto nacional era de 8%. En 2020, el presupuesto estima que este número alcanzará el 20%. ¿Qué significa esto? Que cada $100 que gasta el Estado, $20 serán destinados para pagar solamente intereses de la deuda. Esta partida presupuestaria es mayor a las de salud, promoción y asistencia social, educación y cultura, ciencia y tecnología, trabajo, transporte, vivienda y agua potable juntas. A esto, hay que sumar que el cronograma de pagos es tan ajustado que se estima que con los compromisos de deuda establecidos a este momento, sería imposible que durante el segundo semestre se pueda hacer frente a esos pagos.

Otro aspecto a destacar es la imposibilidad de realizar roll-over, es decir, seguir tomando deuda para pagar deuda. Los niveles de riesgo país y de tasa de interés que maneja la economía argentina son muy similares a los de un posible default: no hay credibilidad de que, en caso de tomar deuda, la economía argentina haga frente a esos pagos, sumado al hecho de que el FMI ya hizo las veces de prestamista de última instancia y todo lo que venga después será catalogado de riesgo muy alto.

En este contexto quedan solo dos salidas. Una es reestructurar la deuda -bajo el control del FMI-, priorizando el extenuante calendario de pagos a costa de dilatar cualquier recomposición en los ingresos a partir de salarios, jubilaciones y planes, así como también cualquier reactivación económica del mercado interno y la industria. La otra opción que cada vez suena más fuerte en Balcarce 50 es anticipar que no se va a hacer frente a las obligaciones con los acreedores externos, activar medidas redistributivas y de recomposición del ingreso, aceitar la maquinaria productiva y prepararse para generar los ingresos necesarios para hacer frente a los acreedores.

Sin embargo, merced de una gigantesca maquinaria comunicacional, la declaración de la cesación de pagos aparece como un tema tabú. Su sola mención desata los pavores más atroces, incluso entre sectores populares o progresistas, que no tienen ningún vínculo directo con el negocio de la deuda externa. ¿Por qué este vínculo no podría discutirse, apareciendo como el único contrato que no puede vulnerarse? Existe una sensación de salto al vacío, innecesariamente riesgoso, que atrapa a grandes contingentes de organizaciones y referentes en un debate que ya tiene la cancha marcada: discutir la forma de pago, jamás la relación de deudor-acreedor. Llamativamente, como muestran estudios de miradas políticas opuestas (ver acá o acá), el default está lejos de ser una excepción en las finanzas mundiales y lejos, también, de ser un problema irresoluble o una traba para los países.

Hoy mismo Argentina enfrenta un alto nivel de intereses y costos financieros asociados, con lo cual el default no generaría un impacto superlativo en este punto, aun pudiendo encarecerse más. Si esto introduce dificultades en las grandes empresas internacionalizadas deberán ser motivo de un debate respecto de la orientación y propiedad de esas grandes empresas, que hoy están mayormente destinadas a la extracción de rentas ligadas a recursos naturales o favores estatales. Las posibles dificultades con el financiamiento para el desarrollo de ciertos organismos multilaterales debe poder discutirse recurriendo a otras fuentes en conflicto con la arquitectura financiera hegemónica: ¿o acaso no es pensable financiarse con otras bancas para el desarrollo? Finalmente, temerle a la agresiva agenda de los países centrales es una amenaza real, pero queda atrapada en la lógica del posibilismo en márgenes cada vez menores.

Un default eleva los problemas de los acreedores (incluyendo el FMI), que ven desvalorizado su activo y lo obliga a aceptar mayores concesiones. Esto puede llegar a ocasionarles problemas de flujos de fondos que aceleren sus decisiones. Además, les vuelve co-responsables en la atrocidad cometida con las políticas financiadas, con plena información de lo que hacían. La categoría de deuda odiosa aplica al caso: el default permitiría detener la fuga de recursos y proceder a una auditoría que determine los desfalcos cometidos.

Es necesario encarar un debate real sobre este yugo que se yergue ante nuestras espaldas.