Los golpes de la nueva Era (Primera parte)

Por Mariano Bruno

El jueves pasado 6 de mayo en el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) de Capital Federal se llevó a cabo el debate sobre violaciones a los Derechos Humanos y resistencias en Nuestra América atravesada por nuevas formas de golpes.

Del evento participaron Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Beverly Keene, de Diálogo 2000, ambas participantes de esta iniciativa; Salvador Zúniga, hijo de Berta Cáceres, la líder indígena y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asesinada el último 2 de marzo; Eduardo Soares, abogado de la Gremial que representa a los seis campesinos paraguayos arrestados hace 10 años en nuestro país cuando pedían refugio, quien compartió la demanda presentada ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Además estuvieron presentes integrantes de la agrupación Pañuelos en Rebeldía y la Escuela de Derechos de los Pueblos del Abya Yala.

Berta, un caso que se replica por todo Latinoamérica

Es de público conocimiento las políticas desestabilizadoras y golpistas que el gobierno de EE.UU. viene impulsando sobre toda la región con complicidad de los gobiernos locales y financieras internacionales. Países como Haití, Venezuela, Bolivia, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador y Brasil que fueron marcados por desgarradoras dictaduras en su historia, hoy sufren golpes blandos de los cuales con ayuda de otros Estados, empresas multinacionales, partidos políticos, ONGs financiadas por fondos buitres, y bancos, entre otras organizaciones, toman el poder ofrecido a un dirigente de sus conveniencias, logrando una estabilización institucional y meter sus intereses en las políticas locales, negociando concesiones de extractoras, cerraderos y otros recursos naturales, reprimiendo, amenazando y asesinando a dirigentes sociales y trabajadores a través de la policías locales con ayuda y entrenamiento de grupos tácticos y especiales de países extranjeros (o de la misma región) y sicarios.

Berta Cáceres, hondureña, dirigente social “desde que nació”, diría su hijo más tarde, fue asesinada el pasado 2 de marzo en medio de su lucha incansable y pacífica junto al pueblo lenca de Río Blanco para detener la construcción inconsulta del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

La construcción de esta obra, es llevada a cabo por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.), financiada por los bancos FMO (holandés), el FINFUN (finlandés), SIEMENS (alemán) y bancos nacionales a través del actual Estado hondureño. Poniendo en riesgo el acceso al Río Gualcarque, vital para la supervivencia de la comunidad lenca, limitando su acceso al agua y alimentos.

Berta y el COPINH lucharon pacíficamente para que cesara la construcción de Agua Zarca y por su lucha, fueron amenazados, hostigados y perseguidos y no solo por el Estado. El sicariato es una práctica habitual que se ha vuelto algo normal dentro de los nuevos golpes institucionales, atentando contra la vida de dirigentes sociales, encubiertos por los estados locales y sistemas judiciales endebles y corruptos, que a su vez son en sí mismo controlados por las minorías patriarcales locales. Al menos 109 defensores del medio ambiente han sido asesinados en Honduras entre el 2010 y 2015. Defender su territorio de la explotación de recursos indebida es cada vez más peligroso ante la falta de respuesta de organismos de derechos humanos internacionales y la incivilización de los medios de comunicación. Salvador Zúniga, integrante de COPINH como su madre, advierte que “Estos proyectos se hacen a cualquier costo, no importa si tienen que amenazar o asesinar. Toda esa represión es dirigida contra sectores de la población originaria que contiene la gran riqueza natural, contra mujeres (según datos de la ONU, Honduras ocupa el primer lugar en feminicidios a nivel mundial en países que no están en guerra) y movimientos campesinos. Es una situación crítica que se agrava en 2009 con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Golpe de la nueva era. Una experimentación de golpe institucionalizado apoyado por grupos armados militarizados disfrazados pero evidentes por la gran represión que existe. A partir de ese momento la gran cantidad de asesinatos ha sido marcada por una impunidad muy alta”.

En Palmerola se encuentra la segunda base militar estadounidense en Honduras. La segunda también más grande del país norteamericano en la región. La presencia de EE.UU. “viene a evidenciar su participación a través de grandes empresas extractivista con mineras, acerraderas, represas y actualmente las ciudades modelos y privatización de ciudades turísticas”, denuncia Zúniga y continua: “cada uno de esos proyectos implica la represión y desalojo”.

El hijo de Berta explica que a través del COPIH se vienen denunciando y construyendo caminos de lucha no sólo contra la violación de derechos por parte de las Empresas multinacionales implicadas si no contra el machismo, el capitalismo y el racismo. Luchas básicas que tienen que ser parte de los movimientos sociales que no pueden ser dejados de lado.

Ayer, los cuatro sospechosos detenidos el pasado 2 de mayo por la muerte de Berta recibieron detención judicial. Zúniga diría el jueves que tanto el como el resto de la familia no tuvieron conocimiento alguno del operativo. Si bien es importante porque se vincula por primera vez de manera directa a la empresa, continua su lucha por no seguir dejados de lado de todo proceso de investigación y en sus reiterados pedidos de una comisión independiente de investigación y no que la siga haciendo el Estado hondureño.

Salvador Zúniga advierte que quienes han llevado todo el proceso de investigación es el mismo Estado que le dispara a Berta: “Hicieron público sin ninguna prueba que las primeras líneas de investigación era por un crimen pasional, o por peleas internas dentro de la organización, o que era por su compañero que había estado en su casa ese día, Gustavo Castro, testigo mexicano quien ha sufrido reiteradas amenazas desde entonces. Todas líneas que descartaban a la empresa como responsable de su muerte”.

Desde COPINH se exige además visibilizar la responsabilidad de otros estados además del de Honduras, de la policía y los militares. De las grandes empresas y sus vinculaciones. La entrega de tierras en aquel país es algo normal, y su pedido es simple: “Que luchar por la vida en Honduras deje de ser un peligro”.

Los golpes de Estado se van perfeccionando en Latinoamérica pero siempre con una mismo método: la represión. A esto Zúniga reflexiona que ellos deben siempre aprender nuevas formas para luchar contra los golpes. Y que “Honduras siempre fue un país invisibilizado donde estas situaciones parecen algo lejano, pero en realidad no lo son”.

Beberly keen agregaría al dialogo que no debemos olvidar que fue en el año 2004 el primer golpe de Estado de este milenio en Haití: “Donde se comienzan a ver luego muchas similitudes en formas con el caso hondureño. Empiezan a aparecer técnicas parecidas e intervenciones de países extranjeros como el contrato que hizo el gobierno actual haitiano careciente de cualquier institucionalidad con empresas israelitas” y apoyo del Banco Mundial, quien su presidente estuvo hace poco en el seminario teológico más importante de Nueva York donde declaró estar apoyando la revolución energética más importante y a toda esta nueva generación de energía amigable y saludable como la hidroeléctrica, donde es inevitable que en el mismo haya daños colaterales e incidentes como el de Berta.