Los juegos del hambre y la respuesta popular

Por Carina López Monja

Los relatos y responsabilidades detrás de los números del INDEC, la estigmatización de la pobreza, la criminalización a quienes reclaman, la negociación con diversos sectores para garantizar la “paz social” no tapan los números fríos y la falta de respuestas del gobierno de Macri a la demanda popular de atender la emergencia social.

La trilogía de películas expone la brutalidad de la desigualdad económica en Panem, un país dividido en 12 estados en donde anualmente cada distrito envía dos “tributos” a los juegos del hambre, que lucharán y ofrecerán su vida para evitar rebeliones como la causada por el distrito 13, destruido tras la guerra. Sin embargo, frente a tanta brutalidad, legitimada por el miedo, por los castigos y en los medios de comunicación, la gente decide rebelarse.

Más allá de la excelente ficción, primero plasmada en libro y luego llevada al cine, Los juegos del hambre muestra cómo la desigualdad y la violencia pueden ser aceptadas como la norma cotidiana. Sin extrapolar situaciones, acaso permite ver el rol de los medios de comunicación y de las instituciones para asumir como natural lo que no lo es. Los números de pobreza y la realidad económica de las grandes mayorías en la Argentina, desde la vuelta a la democracia hasta hoy, son responsabilidad política compartida de quienes sostienen un modelo económico que asume como “natural” que un porcentaje de la población viva en condiciones indignas. Tal como consignó Marcha, el gobierno de Cambiemos buscó responsabilizar a “la herencia recibida” por CFK los números de la pobreza, pero sigue sin responder qué políticas tomará para transformar la situación.

 

La CGT hubiera dejado a Perón en la isla Martín García

En nueve meses el gobierno de Macri creó dos millones nuevos de pobres, la desocupación pasó del 5,9 al 9,3 por ciento, la inflación creció del 23 al 45 por ciento y el gobierno mostró su inercia frente al aumento del desempleo, el tarifazo y la transferencia de ingresos con la quita de retenciones y la devaluación. Todos estos motivos, que llevaron a numerosos sectores a reclamar un paro nacional, fueron desestimados por la CGT unificada, que consideró que “hay que agotar el diálogo y dejar el paro latente”.

Los intentos de negociación tuvieron como respuesta del gobierno una promesa de bono de fin de año, un aumento en los planes sociales y una exención impositiva sobre el aguinaldo. Sin embargo, todo el paquete de medidas será analizado para que “cierre el costo fiscal” y atado a un “diálogo permanente”.

En una entrevista en el día de ayer, el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificó tener un diálogo fluido con los representantes del movimiento obrero, pero a la vez afirmó “Nosotros no le vamos a dar a la CGT nada, nosotros gobernamos para más de 40 millones de argentinos” y ató la ayuda a la “debilidad fiscal que enfrenta el Estado producto de la herencia”. En la misma línea, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se refirió al bono afirmando: “Los montos todavía no están, estamos estudiando y cuidando los recursos de la Nación y de las provincias”.

A pesar de eso, el único de la CGT que cuestiona públicamente al gobierno es Pablo Moyano, que considera que el bono es una migaja, pero queda silenciado por Daer y el resto del triunvirato que afirma que las negociaciones siguen abiertas y el paro, latente.

Diálogo, encuentro y elecciones

El gobierno de Cambiemos ha mostrado ser el campeón del diálogo. Reuniones con empresarios, asociaciones de defensa al consumidor, gobernadores, intendentes, legisladores, organizaciones sociales, la Iglesia, con todo el amplio abanico de sectores de la sociedad. La mayoría de las reuniones, a excepción de aquellas protagonizadas por banqueros y empresarios del campo, son sólo de masitas dulces y sanguchitos, sin respuesta concreta.

Desde sectores de la Iglesia han pedido posponer la confrontación y avanzar en esa cultura del encuentro. Las mesas de diálogo para ir hacia un gran acuerdo social podrían concretarse, teniendo como fantasma la posibilidad de atentar contra la gobernabilidad y vinculando las protestas con un intento de que “le vaya mal al gobierno”. Un personaje nefasto, que dio cuenta de esto en el “diálogo” del gobierno con 1800 intendentes la semana pasada, fue Mario Ishii, de José C.Paz, quien dijo “que la CGT debe tener paciencia, hay sectores que quieren desestabilizar”.

Sin embargo, el gobierno tiene claro que las protestas no tienen que ver con desestabilización, sino con una resistencia colectiva al ajuste y que el año que viene hay elecciones. El diálogo con gobernadores e intendentes tiene un objetivo claro, con su justa negociación de toma y daca, y el no profundizar el ajuste va en el mismo sentido.

De hecho, en la visita del Fondo Monetario Internacional varios planteos recordaron a los años 90, cuando el jefe del departamento del hemisferio occidental del FMI, Alejandro Werner, dijo textualmente: “El reto es hacer más eficiente el gasto público, reorientarlo en funciones productivas, racionalizar el elevado gasto público”.

Así, Argentina inició un nuevo ciclo de endeudamiento externo que pagarán las generaciones futuras, muy similar a lo que hará Temer en Brasil, quien será repudiado hoy en la visita a nuestro país.

La respuesta popular

Si Macri no avanzó más en 9 meses fue por la resistencia que se opuso a sus medidas. Masivas movilizaciones en rechazo a los despidos y tarifazos, al recorte del presupuesto educativo, la Marcha Federal son algunas de sus expresiones. A pesar de la dispersión y las disputas dentro del amplio campo popular, la resistencia a las políticas PRO y la pérdida de imagen positiva de Macri marcan un escenario del que el propio gobierno toma nota.

Mientras el Ejecutivo cambia el segundo semestre por el año que viene, augura un “futuro maravilloso” y se compromete a bajar la pobreza “cuando generemos empleo de calidad de la mano de las inversiones”, mientras el ministro de los despidos, de Modernización, Andrés Ibarra, percibe un salario mensual de $153.004,77 y el gobierno ofrece dinero para que las empresas contraten jóvenes de manera precaria e informal, uno de cada tres argentinos y argentinas es pobre, la mitad de los niños y niñas de todo el país es pobre y no hay propuestas para los atroces daños hechos en menos de un año.

Con esto por delante, protestas como la Marcha Federal, el acampe realizado en Plaza de Mayo por trabajo o el reclamo que harán diversas organizaciones esta semana para exigir la Emergencia Social son y serán tildados de “reclamos políticos”. El intento de criminalizar o estigmatizar la protesta estará a la orden del día. Volviendo a las analogías, el presidente de Panem, cuando se inició la resistencia a los Juegos del hambre lo dijo con claridad: “Rechazar lo que planteamos es poner en peligro el sistema”.

No vaya a ser que los pobres, a los que el gobierno garantiza tanta “ayuda social” dejen de ver natural haber nacido pobres y reclamen derechos que les corresponden o reformas estructurales y dejen de aceptar la desigualdad como la norma cotidiana.