Por Andrea Sosa Alfonzo. Se cumplieron tres años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La implicancia del 7D para el oficialismo y el llamado de los medios alternativos, comunitarios y populares de hacerse oír ante un escenario desfavorable y poco democrático.
A tres años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a pocas semanas de la designación del nuevo titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martin Sabbatella, la presidenta Cristina Fernandez realizó mediante Cadena nacional declaraciones que postulaban el 7D como el día límite para la desinversión de los grandes grupos económicos -es decir, el grupo Clarín para el oficialismo- según el fallo de la Corte Suprema.
“Durante tres años vimos jueces puestos a dedo” declaró la Presidenta, “y seguimos sin poder aplicar la ley” agregó. “No puede haber algún sector, un grupo económico que esté por encima de los tres poderes del Estado. Es un desafío porque la construcción de la democracia tiene que ver con el reconocimiento de los tres poderes y con la pluralidad de las voces” afirmó en relación con la ausencia de una presentación por parte del grupo Clarín.
Sabbatella, quién también estuvo presente y anticipó la postura del oficialismo, mencionó que la intención de los medios monopólicos “de pintar de un solo color a la Argentina multicolor que hay en nuestra patria” tiene como consecuencia que si no se adecuan a la ley, “tendrá que actuar el AFSCA”.
La bandera del 7D
Los medios monopólicos y los que aún no lo han hecho, deberían presentar un plan de adecuación y luego de que el Directorio lo apruebe, comienza un plan de ejecución. “La ley es pareja para todos”, definió Sabbatella, “a partir de ese día -7 de diciembre- entra en vigencia la ley y no, como dicen, comienza el plazo de desinversión”. Por último, ante el temor de algunos trabajadores de medios, señaló que “la ley garantiza la fuente de trabajo y además la aplicación integral promueve más trabajo, va a haber mayor producción independiente, nuevas unidades productivas”.
El énfasis del kirchnerismo en la aplicación de la ley y de su límite -el 7D- para la desinversión de los monopolios como único eje de discusión oculta que en lo que hace a la distribución de los medios de comunicación siguen trabando la entrega de licencias (incluso en zonas donde no existe conflicitividad en la ocupación del espectro) con exigencias imposibles de cumplir para las organizaciones sociales y territoriales.
El 7D se abre un proceso de desinversión de los grandes grupos, bandera que también han levantado los medios alternativos y comunitarios de todo el país durante años para promover el derecho de los sectores contrahegemónicos de expresarse. Y, debe decirse, dando el debate previamente a la sanción de la ley, cuando ningún gobierno anterior había llevado adelante políticas de desconcentración. Entonces ¿de qué hablamos, cuando planteamos la democratización de los medios y la comunicación?
Las voces que no podrán silenciar
Hay una fecha que no define el futuro de los medios alternativos, comunitarios y populares, ¿qué pasará con las licencias de las que deberán desprenderse los grupos que las concentran hoy? ¿Regresarán al Estado para engrosar el 33% de licencias para los medios sin fines de lucro?
En un documento que posiciona a los medios populares, alternativos y comunitarios de la Argentina a tres años de la sanción de la ley, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) menciona que “ante la falta de respuestas continuamos denunciando las acciones dilatorias del Gobierno y la falta de políticas desde el Estado para la inclusión en el marco legal de este sector históricamente postergado”.
Y aunque la Presidenta mencione que “este proyecto no ha afectado los derechos, sino que ha tenido la virtud de ampliar derechos sin mermarlos a otros” los peligros actuales tienen que ver no sólo con la no aplicación de la norma en lo que su propio texto exige (porque es una hipocresía afirmar que “hay una Argentina multicolor”) sino, sobre todo, con la ausencia de una especificidad que contemple a los medios de este sector.
Indiscriminadamente, la situación de medios con y sin fines de lucro se confunde. En este sentido son precarias las condiciones económicas de organizaciones sociales, campesinas, barriales, que llevan adelante una emisora o canal de TV con los recursos que pueden tener organizaciones sindicales, universitarias y eclesiásticas, sin desmedro del derecho a la pluralidad de voces por parte de una sociedad que avanza.
Por otra parte, la misma Ley establece como requisito previo a la entrega de licencias, la elaboración y publicación por parte de la AFSCA de un Plan Técnico de Frecuencias, esto es, un mapeo de la distribución del espectro. Una vez realizado, la AFSCA debería reservar el 33% para los medios sin fines de lucro. Sin embargo, la RNMA denuncia que el Estado no ha avanzado en este Plan Técnico y, como consecuencia, no ha reservado dicho porcentaje (con el agravante de redistribuir licencias de un grupo a otro). “A pesar de estar suspendidos los mecanismos para acceder a permisos y licencias que propone el AFSCA para televisión, vemos cómo a través del Ejecutivo se siguen entregando Permisos Experimentales de TV Digital y utilizando las plataformas digitales públicas de modo discrecional y en forma arbitraria beneficiando a sectores del poder económico concentrado y/o ligados políticamente al Gobierno. Son claros los ejemplos de las señales 360 TV, C5N, CN23 y CONSTRUIR TV (UOCRA) entre otros, mientras que el sector de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares, sigue sin ser convocado en su conjunto”.
Lo que se pone en juego cuando un Estado abre el debate y, más aún, sanciona una Ley que busca desterrar la concentración de los medios y profundizar la pluralidad de voces es la constitución de la multiculturalidad, de la diversidad de identidades, pero atendiendo a las especificidades de cada organización, colectivo y asociación que lleva adelante un medio de comunicación entendiendo los procesos que responden a ese objetivo. La democratización de la comunicación implica respetar y dar lugar a aquellos proyectos que traban un vínculo con su comunidad con la intención de hacer oír las voces de los que están abajo, de los que impulsan una transformación social y popular.