Por David Solís Aguilar*, desde Costa Rica. El academicista de centro Luis Guillermo Solís asumió la presidencia marcando el comienzo de una nueva etapa tras más de 50 años de bipartidismo. El desafío más importante será intentar frenar la ola neoliberal que deja la administración de Laura Chinchilla. Además, tendrá que negociar sus políticas con un Parlamento opositor.
El jueves pasado, Costa Rica vivió con atención el traspaso del mando de su gobierno nacional de parte de la ex presidenta Laura Chichilla, del derechista Partido Liberación Nacional (PLN), al nuevo mandatario para el período 2014-2018, Luis Guillermo Solís, del centrista Partido Acción Ciudadana (PAC).
La asunción de Solís ocurrió después de la segunda vuelta electoral del 6 de abril donde el candidato del PAC obtuvo el 78% de apoyo, con 1,3 millones de votos, frente al 20% del candidato oficialista. Solís había sorprendido en la primera vuelta del 2 febrero al alzarse con la victoria parcial con 31% de los votos, ante 28% del PLN y del 17% obtenido por el izquierdista José María Villalta, del Frente Amplio (FA), organización que generó esperanzas de mayor cambio en el panorama electoral.
A pesar del arrollador resultado que llevó a Solís a la presidencia, su gobierno debe atender las complejas relaciones con la Asamblea Legislativa, donde cuenta con la bancada parlamentaria de segundo tamaño, con solo 13 de 57 escaños, repartidos en nueve partidos, lo cual obliga a los diputados del PAC a negociar los objetivos de su gobierno, en temas con múltiples divergencias ideológicas y de la economía política.
Fue el 1° de mayo pasado, con el inicio de funciones de los diputados para el periodo 2014-2018, que la bancada del PAC inició su obligada práctica negociadora, logrando obtener el control del Directorio Legislativo a través una negociación con el PUSC, de centro-derecha, y con el FA, lo que permitirá al partido de gobierno y coyunturales aliados controlar por tan solo un año (2014-2015) el órgano de coordinación del debate parlamentario y las múltiples comisiones que definen la vida o muerte de cualquier iniciativa de ley.
Primeros pasos
El correlato de las relaciones gobierno-parlamento se presenta en las últimas tres semanas con el nombramiento por parte de Solís de los delegados para dirigir a todos los organismos del Poder Ejecutivo, donde designó académicos con reconocidas carreras en sus campos, profesionales ligados a pasados gobiernos del PUSC, de donde vienen además sus vicepresidentes, así como a dirigentes del empresariado turístico y de las telecomunicaciones.
El ejercicio de gobierno es posible solo través del conjunto de dirigentes frente al Poder Ejecutivo, quienes se enfrentan a la realidad cotidiana marcada por una alta indiferencia ciudadana por “la política”, así como deben empeñarse en combatir una desigualdad social con el mayor crecimiento en América Latina desde hace no pocos años. Ante tales hechos, Solís ha prometido en sus discursos y plan de gobierno abordar al primero con la promoción de la “acción ciudadana” y al segundo con políticas públicas coordinadas y asertivas, lo que implicará cumplir el hecho de gobernar con ética un país que sale de la administración posiblemente más repudiada en la historia nacional por sus actos de corrupción.
Con lo mucho pendiente al frente, el presidente Solís inició su abordaje en forma breve después del traspaso con su Primer Consejo de Gobierno -reunión periódica de ministros y otros jerarcas de entes del Poder Ejecutivo-, donde cada uno firmó un “Compromiso ético” relacionado al uso de los recursos de los que disponen y de la cuota de poder administrativo que ostentan los altos funcionarios públicos a la par de Solís; además se firmó su primer Decreto de Ejecutivo en el que hace la “declaratoria de emergencia vial”, para atender múltiples urgencias en infraestructura pública que le son heredadas por los gobiernos del PLN y PUSC de la era neoliberal.
La semana pasada también se conoció uno de sus últimos nombramientos pendientes, la designación del máximo jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), que es un órgano de inteligencia civil bajo el mando directo de la Presidencia, que dirigirá una persona de la entera confianza de Solís, el también ex militante del PLN Mariano Figueres, hijo del caudillo Pepe Figueres. Pero la sola existencia de la DIS ha sido una amenaza múltiple a la libertad política de grupos críticos a los gobiernos de turno, por lo que Solís mostrará al país si la decisión de mantener la DIS para reformarla es o no es uno de sus primeros errores.
¿Posibilidad es cambio?
La salida del gobierno de los representantes más reconocidos del neoliberalismo es un hecho esperanzador, aunque en el Estado se mantienen enquistados innumerables de sus tecnócratas. Por eso, el futuro próximo transitará por los inciertos caminos del nuevo Ejecutivo, con signo “demócrata-social”, que lidiará con las resistencias pero más aún administrará las alianzas con las burguesías locales.
Se puede considerar que no bastará un “buen gobierno”, como el que la ciudadanía espera del presidente Solís, para cambiar al Estado en su contenido y forma, y en el alcance de su relación con la sociedad. Es así como el proceso de radicalización democrática necesitará de la acción organizada de todos los sujetos sociales y populares, y hasta “progresistas”, que luchan por “Otra Costa Rica Posible”, en la cual se pueda despertar de la larga noche neoliberal, sabiendo que esto se dará más allá de los cortos cuatro años por seguir del gobierno de Solís.
(*) Politólogo y militante social costarricense