Los Uribe Vélez y el paramilitarismo en Colombia: No hay verdad, memoria ni justicia

Por Ana Maria Vasquez Duplat

La detención de Santiago Uribe Véliz -hermano del ex presidente colombiano- vuelve a poner los ojos sobre la complicidad del ex mandatario con el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia.

El pasado 29 de febrero fue capturado, en la ciudad de Medellín, Santiago Uribe, hermano del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Este hecho es el primer corolario importante en relación a varios procesos judiciales en los que se investiga la relación y connivencia de la familia del ex presidente con el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia. La detención del menor de los hermanos Uribe Vélez es consecuencia de una denuncia en la cual se le incrimina como precursor del grupo paramilitar llamado “Los Doce Apóstoles”.

La acusación en su contra se remonta al año 1997 cuando por primera vez Santiago Uribe fue llamado a indagatoria en el marco de una investigación, que intentaba develar la verdad respecto de los crímenes de secuestro, extorsión y homicidio, cometidos por el grupo “Los Doce Apóstoles” entre los años 1993 y 1994. Este proceso fue parcialmente archivado en el año 1999 por supuesta falta de pruebas, pero quedó abierto a la presentación de material probatorio para darle continuidad a la investigación.

Esas pruebas llegaron desde Buenos Aires en el año 2010, cuando el agente retirado de la Policía Colombiana, Juan Carlos Meneses Quintero, dio su testimonio ante Adolfo Pérez Esquivel; Carlos Zamorano de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Eduardo Freiler, juez de la Cámara de Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Beinusz Smuckler y Ernesto Moreau de la Asociación Americana de Juristas. Esta confesión, sumada a relatos como el del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz confirmaron, no un vínculo instrumental u ocasional, sino que corroboraron que Santiago Uribe Vélez creó, financió y fue jefe del grupo armado criminal “Los Doce Apóstoles”.

Hasta hace poco, el menor de los Uribe Vélez estuvo protegido por el halo de impunidad que su hermano ex presidente se encargó personalmente de custodiar. Entre otras cosas Álvaro Uribe Vélez llevó adelante una campaña de desprestigio público internacional contra Adolfo Pérez Esquivel que volvió a sacar a la luz en los últimos días. En el marco de la declaración de defensa a su hermano, manifestó que los abogados de los denunciantes han contado con algunos ayudantes a los que se refiere como “protectores de la guerrilla, declarados enemigos míos”, y entre los cuales incluye a Pérez Esquivel definiéndolo como “Nobel de paz, al servicio del terrorismo, protector de falsos testigos”.

Han sido muchos los esfuerzos, investigativos y judiciales, por desentrañar la dimensión de la relación entre Álvaro Uribe y su familia y la guerra en Colombia. Esfuerzos que han llegado hasta la Corte Penal Internacional donde sigue en marcha una investigación para determinar la participación del ex presidente en el caso de los mal llamados “falsos positivos” y otras barbaries como la Masacre de El Aro, en la que los propios perpetradores, bajo indagatoria judicial, han develado la complicidad del ex mandatario.

Otro de esos esfuerzos se sintetizó de manera concreta en el libro de Jorge Rojas e Iván Cepeda, “A las puertas del Ubérrimo” (El Ubérrimo es una de las fincas del ex presidente), en el que se narra con precisión el proceso de consolidación del proyecto paramilitar, la manera en que se afianzó un modelo de terror y de eliminación física del contradictor; la confabulación entre el poder político, el paramilitarismo y el narcotráfico; y el protagonismo de los Uribe Vélez en toda esta historia. Los datos que expone el libro son contundentes y muestran el panorama del conflicto armado, las masacres, los secuestros, la desaparición, la usurpación de tierras a gran escala, y el consecuente proceso de desplazamiento forzado y la monopolización de la propiedad sobre la tierra. Beneficiarios centrales de este proceso, fueron los Uribe Vélez que al ritmo que se profundizaba la guerra iban ampliando su poder económico y político en las regiones bajo su influencia.

De otra parte, y como muestra adicional del oscuro prontuario de Uribe Vélez, hace un poco más de una década fue desclasificado por el Pentágono y hecho público un informe de inteligencia titulado “perfil de los narcotraficantes colombianos”, elaborado en septiembre de 1991 por el gobierno de los Estados Unidos. Dentro del listado, se expone bajo el numeral 82, lo siguiente: “Álvaro Uribe Vélez, político colombiano y senador dedicado a colaborarle al cartel de Medellín en altos niveles gubernamentales. Uribe fue involucrado con la actividad de narcóticos en los Estados Unidos. Su papá fue asesinado en Colombia por su conexión con los traficantes de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es muy cercano a Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar”.

Reconstruir la historia de la relación entre el paramilitarismo y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y su familia, significa remontarnos a varios de los hechos más sangrientos y dolorosos que ha vivido Colombia en las últimas décadas, y en especial al terrorismo desplegado en los departamentos -provincias- de Córdoba y Antioquia. Zonas en las cuales, no por coincidencia, no solo los Uribe Vélez concentran su mayor poder territorial y político; sino que es allí donde los grupos paramilitares lograron su mayor crecimiento y expansión; y donde los crímenes del Estado en connivencia con el paramilitarismo han dejado la mayor cantidad de víctimas.

Aún con el poder de la política, de la justicia y de las armas jugando a su favor, veinte años después de iniciada la investigación, Santiago Uribe fue capturado y los defensores de la paz, la memoria y la justicia en Colombia esperamos que su captura permita no solo llegar al fondo respecto del caso de “Los Doce Apóstoles”; sino también empezar a desentrañar el papel de Santiago y en especial de Álvaro Uribe Vélez en la comisión de crímenes de lesa humanidad y en la instauración del régimen de terror que persiste en Colombia desde hace más de medio siglo.