Macri en su laberinto: protesta social y Derechos Humanos

Por Federico Orchani* – @fedeorchani 

El macrismo llega a un fin de año con varios frentes abiertos. Por un lado debió negociar con los movimientos sociales una Ley de Emergencia Social ante el deterioro evidente de la situación económica. Al mismo tiempo vio retroceder en el senado uno de sus bienes más preciados: la reforma política. Luego del revés en el proyecto sobre ganancias que logró unificar a casi toda la oposición en una iniciativa común, queda el interrogante sobre el futuro próximo del gobierno de Cambiemos atravesado por el calendario electoral. ¿Qué ocurre en el mientras tanto con la política de seguridad, la protesta social y los derechos humanos?

Desde que asumió en diciembre pasado, el gobierno de la alianza Cambiemos ha ido ensayando una serie de medidas de ajuste económico con mayor o menor éxito cuyo resultado inmediato profundizó el deterioro en las condiciones de vida de sectores populares y trabajadores mientras se favoreció a grupos económicos concentrados y del empresariado, vinculados al agronegocio, la minería extractiva, la banca, el complejo industrial local-trasnacional, entre otros. ¿Qué ocurrió mientras tanto con la protesta social y el control de la calle? ¿Cuál es la relación entre las nuevas formas de organización y acumulación del capital y la conflictividad social en los territorios y lugares de trabajo?

Desde estas páginas, venimos señalando que el plan económico del gobierno de Macri va de la mano de una nueva agenda en materia de seguridad dirigida al control de la calle y la criminalización de las demandas populares y laborales. En esa línea se decretó la Emergencia en Seguridad y, en el mismo sentido, el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, conocido como “Protocolo Antipiquetes”. Hasta ahora la aplicación del “protocolo antipiquetes” ha sido escasa, entre otras cuestiones por la masividad de la movilización social en muchos casos a lo que habría que sumar el costo político de la represión que ni el gobierno ni las fuerzas de seguridad parecen querer asumir. A eso apunta Ricardo Roa desde las páginas de Clarín cuando acusa de tibio al macrismo por no controlar la calle y por temor a otro Kosteki-Santillan. Sí, el mismo Clarín que tituló un día después de la “Masacre de Avellaneda” que la crisis había causado “dos nuevas muertes”.

Jujuy en llamas

El pasado 5 y 6 de diciembre se realizó en la ciudad de San Salvador de Jujuy una reunión organizada por CELS y andhes para analizar la “situación social y de los derechos humanos en la Argentina” que reunió una cantidad importante y representativa de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Durante las intensas jornadas de debate e intercambio hubo una puesta en común acerca de los tipos de “violencias” en territorios, hacia las mujeres, en lugares de trabajo, hacia las organizaciones sociales y sindicales, de campesinos y campesinas e indígenas que luchan por la tierra, entre otras. También hubo un repaso crítico sobre la actualidad de los juicios y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia donde se hizo hincapié en la necesidad pendiente de avanzar en las responsabilidades civiles durante la última dictadura cívico-militar.

Aunque uno de los temas excluyentes fue la situación que se vive en la provincia de Jujuy gobernada por Gerardo Morales, integrante de la alianza Cambiemos. ¿Es Jujuy un laboratorio de la represión y criminalización de la protesta social y la organización popular? O es un caso extremo, parte de un marco general de conflictividad social y laboral que también tuvo epicentros durante este año en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Santiago del Estero de signo político opuesto al gobierno nacional pero donde también se reprimió a trabajadores estatales y docentes que reclamaron contra los plantes de ajuste económico y recortes sociales.

La situación en Jujuy toma notoriedad por la detención arbitraria de Milagro Sala, que mantiene en vilo al gobierno de Macri por la presión internacional de organismos como la OEA, CIDH y el Grupo de Trabajo de la ONU que directamente pidió que se ponga en libertad a Milagro Sala por las condiciones ilegales y arbitrarias que ya lleva 11 meses detenida sin condena junto a media docena de dirigentes de la organización social Tupac Amaru. El caso Milagro Sala no es el único, desde la asunción del radical Morales también fueron reprimidos y detenidos militantes y trabajadores del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), también fueron reprimidos y judicializados trabajadores azucareros del ingenio Ledesma donde el poder de la familia Blaquier es total.

Pero el caso de Milagro Sala es emblemático y grave, según Gastón Chillier director ejecutivo de CELS en una entrevista publicada en Izquierda Diario, “acá lo que está en juego es el respeto al principio de inocencia durante las investigaciones” y aclaró “los organismos como grupo de trabajo no decimos que no tiene que ser investigada, sino que la detención es arbitraria durante el proceso porque no se dan las situaciones de excepciones que podrían justificar una prisión preventiva”. No opinan lo mismo la Unión Industrial, la Unión de Empresarios, la Sociedad Rural, la Cámara del Tabaco, la Cámara Minera, la Unión de Cañeros, la Cooperativa de Tabacaleros, el Consejo de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados y Procuradores y el Colegio de Escribanos de Jujuy que en una solicitada reciente denunciaron la “intromisión” de los organismos internacionales y apoyan la decisión del gobierno jujeño de mantener presa a Milagro Sala para “resguardar nuestra institucionalidad para mantener la paz y la concordia de los jujeños”. Una muestra de las irregularidades del proceso donde la subordinación del poder judicial al poder político y económico es obscena.

El sur también

En la provincia de Rio Negro, particularmente en la ciudad de Cipolletti han ocurrido una serie de hechos preocupantes. El cuerpo de Delegados del Ministerio de Desarrollo Social de ATE Seccional Alto Valle denunció recientemente la persecución a los delegados Miguel Ángel Quiroga y Mauricio Vidal, quienes fueron imputados, junto al coordinador del programa E.C.O.S. Ariel Ríos Garcés, por “daño agravado” luego de participar de una movilización el pasado 13 de septiembre contra el vaciamiento y el recorte en programas sociales. Además, los trabajadores denuncian que fueron usados datos personales de manera ilegal para realizar aprietes y amenazas telefónicas.

No es la primera vez que en la provincia de Rio Negro y en la ciudad de Cipolletti se dan este tipo de situaciones. El “armado” de causas a militantes populares parece una práctica sistemática. Durante el mes de julio militantes del Frente Popular Darío Santillán recibieron una notificación del juzgado de instrucción penal Nª 4 en la que eran imputados en una causa por “amenazas” a terceros cuya identidad se desconoce. También fueron acusados militantes de la misma organización por “coacción agravada” luego de una movilización en reclamo de alimentos para los comedores. Algunos de los militantes ni siquiera se encontraban en la movilización.

El avance represivo es preocupante. En un informe reciente realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) los datos son concretos: “durante el casi primer año de gestión, el gobierno de Mauricio Macri lleva 259 muertes de donde se desprende un dato alarmante: desde la asunción del gobierno de Cambiemos una persona es asesinada cada 25 horas, víctima de gatillo fácil por parte de las distintas fuerzas policiales, como Gendarmería, PSA, PFA, la Policía Bonaerense, Prefectura, etcétera”.

¿Cómo plantearse estrategias defensivas frente a un estado que ofrece pocos o casi nulos intersticios para establecer alianzas? Si estamos frente a un nuevo “estado policial”, la respuesta debe ser integral. Además, el mapa de la conflictividad va más allá de la “violencia institucional”. La relación entre “Estado y mercado” dispara una nueva conflictividad en torno a la apropiación capitalista de la ganancia con epicentro en escenarios diversos donde además del Estado y las fuerzas de seguridad intervienen actores privados. Ejemplo de ellos son los asesinatos de campesinos a manos de sicarios y fuerzas paramilitares al servicio de empresarios terratenientes. O lo que ocurre en las periferias urbanas en torno a la disputa por terrenos para la construcción de vivienda popular donde las organizaciones sociales deben lidiar con una trama compleja que involucra actores estatales pero también empresas inmobiliarias que lucran con la especulación del suelo y los ladrillos en alianza con instancias estatales, fuerzas de seguridad que muchas veces son el nexo con actores privados ligados al crimen organizado y el narcotráfico.

En un contexto defensivo, ensayar alianzas “multinivel” en el territorio, en la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas. Articulando diferentes instancias de participación, intentando generar mecanismos democráticos y no punitivos para la resolución de conflictos, además de la necesidad de una “voz política”, parece un desafío urgente para enfrentar una coyuntura que es cierto, no empezó el 10 de diciembre pasado, pero que con la llegada de Cambiemos se agudizaron una serie de rasgos estructurales que amenazan permanentemente la organización y el protagonismo popular.

*Militante del Frente Popular Darío Santillán