Media sanción al aporte extraordinario a las grandes fortunas: ¿de qué se trata?

La Cámara de Diputados dio media sanción a la contribución extraordinaria a las grandes fortunas.  Si bien es una medida parcial y limitada al contexto de la pandemia que llega al menos 7 meses tarde, considerando el momento de su presentación original, es una medida positiva en el sentido que permite someter a discusión, poner a debate, la necesidad de una estructura tributaria más progresiva para Argentina.

Por Francisco Cantamutto

En el caso de nuestro país, el neoliberalismo vernáculo suele insistir con que se cobran demasiados impuestos, sin embargo si uno mira la presión tributaria total en Argentina no alcanza al 29%. Economías de ingresos medios y altos como as nucleadas en la OCDE muestran en cambio una presión total del 34,4%. Incluso Brasil, una economía vecina, tiene una presión total del 33%. Es decir, no se cobran demasiados impuestos.

Pero no solo esto. Además, los impuestos que se cobran son sumamente regresivos. Al peso central que tiene el IVA, debe reconocerse como se sabe, que lo paga tanto quien compra un paquete de fideos como un sache de leche. En cambio los impuestos a los ingresos personales en Argentina pagan la tasa máxima de 35% mientras que en países como los de Europa esta tasa oscila que entre 40 y el 55% pero lo que es más importante, en el caso del impuesto más progresivo al que apunta no son los sectores de la izquierda si no la heterodoxia progresista mundial como Thomas Piketty, Branko Milanovic o el Nobel Joseph Stiglitz, son impuestos que apuntan al patrimonio.

En ese sentido el impuesto que corresponde en la Argentina es el impuesto a bienes personales. Este impuesto venía recaudando cerca del 1,3% de los recursos tributarios totales. A partir de la reforma de 2016, en la ley ómnibus que incluyó el blanqueo, ese peso pasó a ser el 0,5% de los recursos tributarios totales, es decir, la nada misma. Entonces cuando se piensa en una redistribución progresiva, este impuesto que es el que realmente pesa, no tiene casi ningún tipo injerencia en la Argentina. Nuestro país carece además de un impuesto serio a la herencia.

Por si todo esto fuera poco, no puede dejar de señalarse que toda la recaudación se basa en la declaración de valores fiscales que no solamente que está subdeclarado y subregistrado de manera generalizada y esto es un dato conocido, sino que además los sectores de mayor poder adquisitivo poseen toda una ingeniería especializada en las formas de eludir y evadir impuestos,  para lo cual contratan costosos estudios jurídicos y contables que les permitan hacerlo dentro de los márgenes que la ley le permite.

El punto con la reducción hecha por Macri es importante porque no solamente entonces que la contribución extraordinaria ayude a paliar necesidades fiscales del momento ligadas a la pandemia, supone una reparación al mismo tiempo del enriquecimiento producido por la reducción de impuestos que hizo el gobierno de Cambiemos. Es decir, esta contribución recauda parte de lo que se les permitió acumular a estos sectores de altos ingresos durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos. En ese sentido más que una quita de lo ganado por el propio esfuerzo, sería una recomposición de lo donado por el poder político.

Es muy importante tener esto presente porque en la medida en que el gobierno de Cambiemos  quitó instrumentos de recaudación, no solo por la reducción de este impuesto, que como señalamos es pequeño, sino por rebajas en los derechos de exportación y otra serie de rebajas tributarias, facilitó el discurso que fomentó la toma de deuda para financiar el déficit. Ahora bien, esta misma deuda qué es emitida para financiar ese déficit generado en el no pago de impuestos, es el que luego los mismos sectores enriquecidos compran.

Esto quiere decir que en la misma medida en que no se recauda y se emite deuda para financiar esa falta de recaudación, esos bonos son comprados por los mismos que no pagaron los impuestos. Es decir, disponían de los recursos para poder pagar el impuesto.

Según datos del investigador Gustavo García Zanotti en base a información de AFIP, el 80% de las fortunas de las personas que pagarían el impuesto, se encuentran exterior y la mitad de ellos son títulos públicos, es decir, son bonos de deuda pública emitidos para financiar los impuestos que no pagaron. Solo el 1,5% de esas fortunas tiene que ver con acciones o titularidad de empresas, es decir, la idea de que este impuesto impediría un proceso de inversión no tiene nada que ver con la realidad concreta de los declarantes.

La desigualdad en la redistribución del ingreso en la Argentina se agrandó en los últimos años, tanto en el gobierno de Cambiemos como en el presente año de pandemia. De hecho, es el tercer país de América Latina donde más creció la desigualdad según datos dela CEPAL. Esto hace que este impuesto no solo sea una recomposición de lo donado por el gobierno anterior, sino además una necesaria medida para reducir la desigualdad qué es éticamente repudiable, pero además es macroeconómicamente insostenible. Los recursos que estos sectores logran atesorar por la vía de estas clases de exenciones fiscales, no son destinados a la producción sino al atesoramiento y la especulación, como prueba lo que ya señalamos de la compra de títulos de deuda pública.

En ese sentido esta contribución, según señaló el investigador Nicolás Dvoskin, lo que permitirían es retraer, quitar, recursos disponibles por parte de los más ricos para el atesoramiento, esto quiere decir, quitarían presión hacia los títulos públicos y las cotizaciones diversas del dólar. Es decir, podrían reducir la brecha cambiaria que ente momento tantos problemas está generando. La medida podría ayudar a generar mayor estabilidad macroeconómica.

Desde el ángulo de las críticas es certero lo apuntado por sectores de la izquierda, centralmente en dos ejes. Primero la insuficiencia de esta contribución que debería ser un impuesto estable y al mismo tiempo alcanzar a otros sectores como la banca o empresa que han estado generando ganancias durante esta etapa de la pandemia. Por él por el lado de los gastos, el centro de las críticas está en que  un cuarto de los recursos se van a destinar a la exploración y explotación de gas por la vía de IEASA, una empresa estatal, aunque el principal destinatario será YPF. En la medida en que YPF es una empresa con participación mayoritaria del Estado, esto significaría que a través del Estado se financiaría la exploración y explotación de gas. Pero el 49% restante del capital accionario, hay parte que cotiza en bolsa y que incluyen transacciones de, por ejemplo, el gigante Blackrock, que es el acreedor que más duro jugó en la negociación de la deuda.

Por otro lado en relación a la propia actividad a la cual se destina, el principal yacimiento que se está explotando ahora YPF es Vaca Muerta. En este sentido se estaría financiando intensificar la búsqueda de este tipo de yacimientos que se extraen a través de la técnica del fracking que ya se ha demostrado que es social y ecológicamente insostenible. Por si esto fuera poco, al destinar recursos a mantener y profundizar la extracción de gas en estos yacimientos, se incumplen los acuerdos firmados en París para la mitigación del cambio climático hacia una transición energética justa y equitativa.