Media sanción al presupuesto de hambre: voces de la resistencia

Por Redacción Marcha / Fotos por Juan Noy

El presupuesto del “déficit cero” consiguió media sanción en Diputados, con el aval del PJ. Puertas afuera, las fuerzas policiales reprimían a diestra y siniestra en las inmediaciones de un Congreso que vive vallado, ante las exigencias de un pueblo que soporta cada vez menos el saqueo planificado comandado por el FMI. Hablamos con economistas, referentes de movimientos sociales, dirigentes sindicales y militantes sobre la “ley de leyes” que recorta en todo menos en pagos de la deuda y militarización.

El oficialismo logró la media sanción del Presupuesto 2019 con 138 a favor, 103 en contra y 8 abstenciones. De los votos positivos, 21 fueron aportados por el “peronismo razonable”, encabezado por el senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto, jefe del interbloque Argentina Federal en la Cámara de Senadores. Las 8 abstenciones provinieron todas del PJ. Evolución Radical, de Martin Lousteau, aportó con 3 votos más.

Para lograrlo, tuvo que realizar ciertas concesiones que no tocaron lo sustancial del proyecto, un ajuste en todas las áreas sensibles para las mayorías populares.

Este presupuesto, orquestado por el Fondo Monetario Internacional, impulsado por Cambiemos y respaldado por buena parte de los gobernadores y de legisladores de la oposición, tiene una orientación clara: menos dinero para salud, educación y trabajo, más para fuerzas de seguridad, inteligencia y pago de deuda. En ese marco, hablamos con actores de diferentes sectores, en algunos casos desde la misma movilización e incluso que acampaban desde la noche anterior.

Francisco Cantamutto, economista, investigador e integrante de la Sociedad de Economía Crítica (SEC) de Argentina y Uruguay.

-¿Cuáles fueron las concesiones del oficialismo para lograr los votos necesarios?

– Uno de los temas más polémicos era que el macrismo pretendía que el Poder Ejecutivo pudiera reestructurar deuda sin pasar por el Congreso. Con esto vulneraría incluso a la propia Constitución. Con este punto se dio marcha atrás. También querían prohibir que quienes reciben la pensión universal de adulto mayor puedan trabajar, y se logró que se quitara esa prohibición. Al mismo tiempo, se propone un refuerzo presupuestario de unos 500 millones de pesos para Conicet y el Inta, tratando de apaciguar el recorte en el sector de educación e investigaciónAdemás, para meterse en el bolsillo a sectores de las provincias, echó para atrás la idea de aplicar un impuesto sobre espumantes para lo cual logró concitar cierto favor de las provincias cuyanas.

También volvió para atrás con el plus que se paga en la Patagonia a asignaciones, jubilaciones y pensiones, para conseguir el apoyo de los sectores de la región. Se volvió para atrás, poniendo un tope a las retenciones de las exportaciones de biodiesel y bioetanol, que promueve el favor a las provincias de la liga bioenergética. Todos estos elementos se suman además a un último que tiene que ver con el envío de un fondo de compensaciones a provincias y municipios de 6.500 millones, que se propone que esto debería compensar sólo en parte la quita de los subsidios al transporte. Sólo en parte porque la quita de los subsidios eran 43 mil millones y este fondo son solo 6.500 millones. Sin embargo, con este fondo logró el apoyo de distintos sectores de las provincias, específicamente del peronismo federal, el sector de Lousteau de Evolución y algunos monobloques particulares.

-¿Por qué?

– Como se señaló al principio, lo central del presupuesto de ajuste en favor del pago de la deuda y los intereses se sostienen. Los lineamientos centrales no fueron alterados. Ahora bien, empiezan a aparecer dudas de cómo va a lograr recaudar el gobierno para poder sostener este presupuesto. Los préstamos negociados con el FMI cubren sólo las necesidades financieras, no el déficit primario, del cual Dujovne se jactó la semana pasada de haber logrado ajustar más de lo prometido.

El Gobierno pretendió de alguna manera cazar a algunos poderosos ganadores del modelo y tuvo que dar marcha atrás debido a las presiones que recibió. Por ejemplo, si bien preveía poder aumentar las retenciones a las exportaciones, tuvo que poner un tope máximo del 30% para la soja y del 12% a los demás productos. Al mismo tiempo pretendió hacer un aumento al mínimo no imponible para bienes personales y luego aplicar una tasa progresiva que no alcanza al 1%.

Al mismo tiempo está el debate que se dio en el coloquio de IDEA, la semana anterior, sobre permitir o no el ajuste por inflación de los balances para la aplicación del impuesto a las ganancias. El gobierno se niega a aplicar este ajuste de manera tal de aumentar la recaudación, las empresas están presionando para lograr conseguir este ajuste y pagar menos de impuesto a las ganancias. Lo que sí quedó fuera de la aplicación de este impuesto fue todo lo que tiene que ver con viáticos, y se sostuvo la exención a cooperativas y mutuales que es un sector muy importante de la economía en término de cantidad de empresas y empleo, no necesariamente por el valor de su representación corporativa.

Finalmente está la posibilidad de volver a permitirle a cañeros y tabacaleros tener monotributo social, posibilidad que se le había quitado al conjunto de la pequeña producción agraria.

De conjunto, más allá de la aprobación total o no, hay dudas respecto sobre la viabilidad en la ejecución. Esta depende de la posibilidad de recaudar para cubrir estas responsabilidades fiscales, porque los préstamos del FMI solo cubren las necesidades financieras, no de funcionamiento. Esto necesariamente ajusta en los rubros anteriormente mencionados, y también es muy importante en lo que tiene que ver con gasto de inversión pública. Esto es particularmente relevante en el 2019, que es un año de elecciones, y el gobierno necesita promover algún tipo de reactivación que le permita demostrar buenos resultados. Llamativamente el presupuesto prevé una caída del 0,5% del PBI en año electoral. Si comparamos con anteriores ejemplos, elecciones presidenciales como las de 89 y la del 99, se dieron en contexto de caída del nivel de actividad y el resultado no fue favorable para la fuerza oficialista.

El gobierno pretende que el ajuste más fuerte se dé en la primera parte del año y luego haya cierta reactivación, para la cual, entre otras cosas, debería caer la tasa de interés a mitad del año que viene. Esto es algo que viene demandando el conjunto del radicalismo apurando los tiempos, sobre todo porque muchas elecciones provinciales son antes que la nacional. Ahí hay tire y afloje en la propia coalición del gobierno.

De conjunto, el gobierno busca mostrar señales positivas con la aprobación del presupuesto, hacia el FMI. Buscando viabilizar la llegada de estos préstamos y para poder mostrar ante los operadores empresariales cierta previsibilidad que le garantice la posibilidad de cierta reactivación. Para las mayorías populares no hay nada positivo que se pueda esperar de esta discusión, como se puede ver. Hay cierta vuelta atrás de algunas medidas que eran definitivamente retardatarias, pero no hay buenas expectativas en torno al conjunto del proyecto. Con este presupuesto no hay posibilidad de una mejoría para las mayorías.

Economía Feminista

Este presupuesto de ajuste es incompatible con achicar brechas de género. En una estructura desigual en el cual el 36% de las trabajadoras están precarizadas, 1 de cada 5 jóvenes menores de 29 años está desempleada, las mujeres son 7 de cada 10 personas con los menores ingresos y la brecha salarial es del 28%, está claro que ante los recortes y la recesión las mujeres son quienes más se ven afectadas.

El presupuesto que se vota hoy es un proyecto del FMI y de los mercados, en donde el interés central está puesto en los acreedores externos, en donde no se encuentra delineado un plan productivo y en donde lxs trabajadorxs perdemos.

Francisco Gelman, delegado de jóvenes científicxs precadizadxs (JCP Bs. As.)

En ciencia y técnica, el presupuesto de 2019 representa una profundización del ajuste que venía perjudicando al sector. El efecto acumulado de los últimos cuatro años suma un 30% de recorte, que afecta directamente las actividades de investigación desarrolladas, porque se descarga sobre la planta de trabajadores y trabajadoras, y sobre los insumos necesarios para sus tareas.

Desde 2016, el ajuste viene implicando sistemáticamente despidos encubiertos (en puestos de trabajo que siempre sufrieron precarización, como los de becarias y becarios y algunos administrativos y administrativas), atrasos salariales gravísimos y la interrupción de líneas de investigación por el desfinanciamiento de institutos y proyectos. Si, dentro de la función CyT, el Conicet es comparativamente el organismo menos perjudicado (y lo está, por cierto: postergaciones indefinidas en los ingresos a planta, salarios a la altura de la línea de pobreza, reducción del número de becas, centros de investigación sin fondos), ello se debe a la acérrima resistencia que sus trabajadores y trabajadoras supieron ejercer, en movilización continua y con varias ocupaciones del organismo y del ex Ministerio en los últimos años.

Jorge Yabkowski, Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa)

El Presupuesto de salud 2019 tiene un doble impacto sobre la salud pública. El primero es la disminución general de salarios y jubilaciones que plantea en términos reales y que implica, por un lado, peores condiciones de vida de la población como determinante social básico de la salud colectiva y, por otro lado, la disminución en sí del presupuesto destinado a la atención sanitaria. El Presupuesto 2019, a diferencia de otros presupuestos, tiene la marca de un ajuste puro del Fondo Monetario, lo cual hace que el impacto directo sobre el conjunto de los programas de atención no pueda disimularlo.

La disminución salarial va a tener un efecto sobre la cobertura de guardias, lugares críticos, lugares de frontera, medicina rural, todos aquellos lugares que necesitan indispensablemente del apoyo y el estímulo del Estado para ampliar y mantener una cobertura. Por otro lado, la transferencia a las provincias que mantienen o sostienen el 80% de la atención sanitaria o un poco más, también se va a ver disminuido. Entonces, no se puede analizar solamente la disminución salarial neta y de las condiciones de vida de la población sino también la disminución de la transferencia a las provincias.

El impacto sobre el Ministerio de Salud y el conjunto de los programas que son responsabilidad de Nación, como el de HIV, enfermedades infecciosas, enfermedades tropicales y otros, se van a ver netamente disminuidos entre un 15 y 20 por ciento que depende del nivel inflacionario porque por ahora algunos mantienen nominalmente un aumento del 20, 25, 18 o 30 por ciento según el programa, pero todos están por debajo de la pauta inflacionaria que no va a bajar del 42 o 45 por ciento, por lo que la disminución neta la vamos a poder saber apenas tengamos claridad sobre la inflación anual.

Por otro lado, los costos netos de atención sanitaria van a aumentar en función de que buena parte de sus insumos están dolarizados y la producción de medicamentos cartelizada, con una baja incidencia de la producción pública. Esto hará que hospitales y centros de salud gasten relativamente más en insumos y tengan trabajadores con peores salarios, lo que se traduce en peores ofertas de atención gratuita para el conjunto de la población.

En definitiva, el presupuesto de Salud es parte de la estrategia del gran capital, a través de su gobierno que es Cambiemos, de cargar la crisis en las espaldas de los trabajadores y del pueblo en general. Permitir una acumulación de capital y un pago de la deuda externa fraudulenta a los organismos financieros internacionales y deudores internacionales, sacrificando el nivel de vida del pueblo. No es nada nuevo, es lo que sufrimos en los 90, en la ola neoliberal del Consenso de Washington que ahora retorna bajo las formas pseudodemocráticas del parlamentarismo que maneja Cambiemos o la forma ya ultra reaccionarias como Bolsonaro en Brasil pero que en definitiva tienen el mismo contenido: restricción de derechos, ataques al conjunto de los sectores populares y un favorecimiento desbocado al gran capital.

La represión y el presupuesto del ajuste que se justifica en la TV

“Tenemos los documentos internos del gobierno de cómo va a ser la votación”. Con esta frase, Marcelo Bonelli, periodista económico de TN abría el programa “A dos voces” a las 22.03. Y con eso sellaba su complicidad con el macrismo y por lo tanto, con el presupuesto del ajuste incluso antes de conocerse el resultado.

La tesis del gobierno sostiene que “grupos de violentos”, “sectores radicalizados del kirchnerismo y la izquierda” provocaron la represión. Argumentos defendidos en el programa de TV de la corporación mediática por una de las figuras más criticadas durante la jornada: Martín Ocampo, Ministro de Justicia y Seguridad de la C.A.B.A., a cargo del operativo.

Ocampo estuvo por la tarde en el Congreso de la Nación a pedido de algunos diputados y diputadas que exigieron la suspensión de la sesión ante el conocimiento de la represión estatal. En reunión con los jefes de los bloques parlamentarios de la Cámara Baja dijo que “las disposiciones en el marco del operativo”, fueron para “garantizar el funcionamiento del Congreso”, confirmando el carácter antipopular del proyecto de ley. Así lo afirmó en el programa de la noche, donde además habló de “espectáculo” y de “un sistema organizado” que “se trató de que el Congreso no funcionara, que no debata”, catalogando a quienes se movilizaron de tener “una actitud fascista”.

“La policía se dedicó a detener a quienes estaban generando disturbios”, dijo Ocampo en TN, quien informó que se está investigando un vehículo que es propiedad de la Garganta Poderosa, lo que confirma que las detenciones, acontecidas a más de 15 cuadras del Congreso, no fueron azarosas sino que hubo una vigilancia y persecución premeditada. “Debemos determinar cuál es la relación que tenía esa camioneta con los procedimientos de violencia”, agregó, para justificar la detención de cuatro integrantes de la agrupación villera, pero sin informar cuáles son los cargos ni porqué se les investiga.

Marianela “Pini” Navarro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)

Los movimientos sociales, junto con los distintos gremios, nos movilizamos al Congreso Nacional para rechazar el Presupuesto del Ajuste que está ideado a la medida de los intereses de los organismos internacionales de crédito. Lo rechazamos porque representa un brutal ajuste sobre temas centrales para la clase trabajadora como la salud, la educación y el trabajo. También hemos presentado el proyecto de ley de emergencia alimentaria que no está contemplado en el proyecto presentado por el oficialismo.

Consideramos que los diputados que convalidaron este proyecto son cómplices del ajuste para el conjunto del pueblo trabajador y por lo tanto vamos a anunciar un plan de lucha de los movimiento sociales a partir del mes de noviembre que incluye la navidad de los pobres en las puertas de los supermercados.

Repudiamos la represión que se desarrolló en las puertas del Congreso Nacional. Un plan previsto por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich que sólo mantiene el objetivo de desmovilizar a los sectores populares que rechazan el plan económico del gobierno nacional y los gobernadores.

Esteban Marcioni, militante del Frente Popular Darío Santillán

Desataron un escenario represivo donde hubo una cacería de manifestantes, de compañeros y compañeras, persiguiendo a quienes estaban movilizados hasta prácticamente 40 cuadras, 4 km del lugar donde se desarrolló la represión y que dejó un saldo de casi 30 detenidos y cientos de heridos por parte de la represión de la policía.