Medios: el temor al debate sobre lo público

Por Andrea Sosa Alfonzo. Los cruces entre el Gobierno nacional, el “partido judicial” y los periodistas del grupo Clarín por la medida cautelar que frenó la adecuación a la ley de Medios, exigen un repaso de hacia qué sistema de medios vamos.

 

 

En el discurso presidencial que inauguró la 133° Asamblea Legislativa del Congreso Nacional, Cristina Fernández recordó la nueva medida cautelar que frenó la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios Audiovisuales (ley SCA). La mandataria mencionó la creación de un “forum shopping” dentro de “un sector del poder judicial”, que “sustituye lo que es una función específica del poder ejecutivo y legislativo”.

Para analizar la situación actual de la aplicación de la ley de medios y su vinculación con la esfera pública es necesario abstraerse de la dicotomía planteada entre oficialismo y el “partido judicial”. Un debate que, si bien se precisa para reflejar qué poderes entran en juego, peca por su abordaje reduccionista. En este sentido, el foco sobre la función de los medios de comunicación como servicio público quedó atado al espacio de la gobernabilidad y del Estado, con la flaqueza que eso implica. Cuando la sociedad comenzó a preguntarse qué medios vemos y leemos, producto de la sanción de una nueva ley y de la llegada de tecnología y contenidos al sistema de medios estatales, la discusión tampoco refirió a la esfera de lo público sino que reprodujo lógicas del sistema comercial, profundizando un debate cuyos pilares consolidaban la dicotomía. Y ahí es donde nos preguntamos por el propósito de la nueva Ley de Medios.

Podemos sumar, como elementos, la convergencia tecnológica en nuestro país y en América Latina, producto del desarrollo y la concentración del mercado de las telecomunicaciones, internet y los medios. Como decíamos, esta etapa fue débilmente capitalizada por otras experiencias comunicacionales, dado que el Estado argentino no aseguró la pluralidad de voces desde sus aspectos técnicos, financieros y legales.

El periodista especializado en medios, Martin Becerra, señaló en su blog que la “orfandad de lo público” es una norma en los medios de comunicación masivos, y como tal aparece en el “orden de lo natural”. El sistema de medios del Estado surgió en nuestro país en la última década, como competencia a las grandes corporaciones de multimedios. Su grave error fue que, además, quedó atado al discurso de un Gobierno. “El fragor de la polémica implicó, hasta ahora, resignar matices. Las embestidas anónimas, la confusión entre críticas a corporaciones y a periodistas, la decadencia de la figura del ‘editor responsable’ en los medios (sobre todo en la televisión) y la profusión de verbos impersonales marcan el estilo de esta etapa. La estructuración del espacio público en la región acusa –una vez más– la inexistencia de medios públicos no gubernamentales”, agrega Becerra.

La pulseada entre poderes

La decadencia de la capacidad del Estado en la configuración del espacio público se concatenó en el último cruce en relación con la medida cautelar que presentara el grupo Clarín en diciembre y que fuera confirmada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Se ratificó así la resolución del juez Horacio Alfonso de diciembre de 2014 y se suspendió la resolución 1121/14 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), para avanzar con la adecuación de oficio del Grupo a la Ley de Medios.

Un acercamiento a los discursos de uno y otro lado nos permite confirmar las falencias y los desafíos respecto de la configuración del servicio público, en torno a la superación de las lógicas actuales.

Mientras, los periodistas que integran el multimedio (Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruíz Guiñazú y Eduardo van der Kooy) diagnosticaron que la adecuación de oficio ordenada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) afectaba “de modo grave y directo sus derechos constitucionales y convencionales a expresarse sin censura previa, así como a informar y opinar crítica y libremente, y a trabajar”. Además, agregaron que el accionar de AFSCA fue “el corolario de una campaña de persecución y hostigamiento” que tiene como único objetivo silenciarlos, “por lo que constituye un acto de censura indirecta”, según los antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por su parte, la Presidenta insistió en que el “partido judicial” permitió la creación de “un derecho cautelar delivery”, y continuó: el “partido judicial sustituye lo que es una función específica del poder Ejecutivo y Legislativo”, elegidos por la “voluntad popular”. En relación específica con la cautelar, aseguró que “las leyes tienen que poder aplicarse a los medios concentrados, esos que señalan lo que está bien y lo que está mal”.

Pero, en realidad, la cautelar que impide la adecuación de Clarín a la ley de medios implica también la ausencia del ordenamiento del servicio público, en la reglamentación de la publicidad por cable, la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro, por sólo mencionar algunos de los puntos que exceden la “gobernabilidad”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, le respondió a Cristina Fernández en su discurso por la inauguración del año judicial que los jueces “no gobiernan ni deben gobernar”, sino que están para “dictar sentencias”.

Uno de los que salió a secundar a la Presidenta con la denuncia de una operación judicial fue el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, quien remarcó que “el Partido Judicial juega a desestabilizar al Gobierno frenando decisiones de otros poderes. Es vergonzoso lo que hace el Grupo Clarín, no sólo con la ley de Medios”. A su vez, indicó que “el Partido Judicial representa los intereses concentrados, los intereses más oscuros” ya que “no queda ninguna duda de que una parte importante de la Justicia está colonizada por los poderes económicos concentrados y que tiene miedo de terminar con los privilegios”.

Hacia qué sistema de medios vamos

Es cierto que los datos más concretos que pueden contrarrestar lo dicho por los periodistas del grupo Clarín son los arrojados por la implementación de la ley y el surgimiento, a partir de ella, de nuevas fuentes de trabajo. La ley establece que los operadores privados, con o sin fines de lucro, deben contar con una licencia. Solamente están exceptuados los operadores estatales y no estatales, quienes deben contar con una autorización. Según un informe publicado en la página web de AFSCA de 2009 a 2013, se “entregaron un total de 672 licencias al sector privado y 218 autorizaciones al sector público. De ese total de 886 adjudicaciones, 781 corresponden a radios de Frecuencia Modulada, 10 a radios de Amplitud Modulada, 5 a sistemas de televisión abierta y 90 a sistemas de televisión por cable”. A su vez, se reservaron 1077 autorizaciones y licencias para radio Am, FM y TV abierta privada, 1132 reservas de frecuencias de radios para municipios, 36 reservas de televisión a estados provinciales y 1052 concursos de frecuencias de radio en distintos puntos del país”. A las claras, estas cifras representan avances. Sin embargo, los retrocesos se vislumbran en el afán de sostener lógicas que no tocan la fibra de las estructuras monopólicas.

Resta profundizar el camino que comenzó el kirchnerismo con la sanción de una ley que era necesaria, falta redirigir los esfuerzos hacia la consolidación de un sistema de medios de carácter público donde sean reconocidos los medios de comunicación que se aglutinan bajo el sello de lo alternativo y popular, y consolidan las trayectorias de cooperativas, organizaciones sociales, colectivos comunicacionales, entre otros.

El enfrentamiento que el Gobierno nacional dirime contra el grupo Clarín es válido por su conformación societaria y por las maniobras del grupo para eludir la ley de forma de preservar la concentración económica. La ley no debe olvidar a los más débiles, cuando se enfrenta a los más poderosos. Y el Gobierno nacional no debe olvidar lo público, cuando lo privado arremete.