Mendoza: Señor gobernador, su tiempo es hoy. Mire las calles

Al grito de #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia y #La7722NoSeToca, el pueblo mendocino salió a las calles tras el acuerdo político empresario que dejó a la provincia al borde de la habilitación de proyectos de megaminería. El pueblo hace historia para que la modificación sea vetada.

Por Marcelo Musante | Fotos: David Medina Kaiser desde Mendoza

Mendoza es urgente, dijimos el sábado. Y nos sumamos a la denuncias de muchas organizaciones sociales, ambientalistas y  mendocinos y mendocinas sobre la reforma de la Ley 7.722 que votó la Legislatura provincial para habilitar la utilización de productos químicos como el arsénico y el ácido sulfúrico. El gobernador, Rodolfo Suárez, tiene la facultad de vetarla y el gobierno nacional de interceder.

La “Ley del Agua”, histórica en la provincia, tenía por objetivo la protección del medio ambiente. Y fue modificada para beneficiar a grandes grupos empresarios para sus proyectos de mega minería en Mendoza. Fue un traje a medida diseñado por ellos.

Un comunicado de prensa del gobierno provincial que difundió el abogado ambientalista Enrique Viale deja en evidencia este acuerdo político empresarial. Allí se afirma, para defender el proyecto de ley reformado, que la minería “moverá recursos por 349.234 millones de dólares, que generará 17.550 puestos de trabajo directos en la etapa de construcción de los seis principales proyectos y 39.240 en la etapa productiva posterior, de manera directa e indirecta”.

Algunas de estas afirmaciones del comunicado evidencian la defensa única e irrestricta de los intereses privados por sobre los públicos y las falacias sobre la que se sostiene. Dice “quedan las puertas abiertas a 19 proyectos mineros”, lo que habla del carácter voraz y urgente que tendrá el desarrollo megaminero en la provincia. Menciona también que la actividad “será bajo estrictos controles de protección del agua y del medio ambiente”.

Todos los proyectos megamineros instalados en el país tuvieron serios problemas de contaminación por los derrames, generalmente silenciados por los grandes medios de comunicación, por la utilización de productos altamente tóxicos, por las grandes cantidades de desecho que filtran y contaminan las aguas subterráneas y los impactos sobre la flora y fauna de la región.

Otro dato falaz del comunicado de empresa del gobierno mendocino es el cálculo de 349.234 millones de dólares que generará la actividad. Más allá de lo irrisoria de la especificad de la suma, es un número, como también señala Enrique Viale, que supera el total de la deuda externa de nuestro país.

Pero además, y es un dato no menor, el cálculo de este número lo realiza la propia Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Canem), es decir, que el gobierno de la provincia de Mendoza promociona la actividad megaminera con los número elaborados por los dueños de las empresas de la industria que se beneficiarán con la modificación de la “Ley del agua”. Faltaría un “valga la redundancia”.

Y lo mismo sucede con la creación de fuentes de trabajo directas e indirectas. Este suele ser el latiguillo de todos los emprendimientos de megaminería. Y los números difundidos son también producidos por las propias empresas.

En este caso, la creación de trabajo sería un fin en sí mismo sin importar los medios. Y lo que está diciendo el pueblo de Mendoza en las enormes movilizaciones es que sí le importan las formas de generación de los puestos de trabajo. La cámara empresaria afirma que se generarán 17.550 en un inicio y casi 40.000 después. Son números, que en caso de asignarles veracidad, algo ya discutible de por sí, podrían evaluarse en su creación en otros sectores. Si la generación de empleo es sobre el costo de la contaminación ambiental es un derecho que vulnera a otros.

Otra arista de lo que está pasando en Mendoza es el intento de no nacionalizar el conflicto. Los grandes medios de comunicación imponen un cerco mediático para que las protestas por la modificación de la ley no salgan del ámbito local.

Y acá también implica ver la falsedad que conlleva no nacionalizar una modificación provincial de una ley que afectará la contaminación hídrica en Mendoza. ¿Hay acaso una especie de división geográfica política que evitaría la contaminación de los ríos hacia otras provincias?

Sería interesante que los y las legisladoras y el poder ejecutivo mendocino vean los índices de contaminación del río Pilcomayo en Formosa que trae altísimo niveles de arsénicos de la cordillera boliviana.

Todo esto convierte a Mendoza en urgente. Por eso la apelación de las demandas no sólo son al gobierno provincial sino también al nacional. Que no puede cerrar los ojos y oídos a los que pasa en Mendoza sin pronunciarse. A no ser que -justamente- el no pronunciamiento sea un aval.

Pasaron tres días de la modificación y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, no se pronunció al respecto. El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio ayer una extensa entrevista pública y no mencionó nada. Sí planteó en su discurso inaugural la protección del medio ambiente como uno de sus pilares de gestión. Los legisladores y legisladoras del Frente de Todxs votaron en su inmensa mayoría a favor de la utilización de químicos del mismo modo que los de Juntos por el Cambio.

¿Cuándo será el momento en que la protección medioambiental sea realmente un ejercicio territorial y fáctico? ¿Cuando ya estén en funcionamiento los emprendimiento megamineros?

Es sabida la situación económica y social tras cuatros de años de un gobierno neoliberal que llenó de hambre y desocupación el país. No se plantea que Mendoza sea más importante pero tampoco es menos y, fundamentalmente, no es un problema exclusivo de los mendocinos y mendocinas.

El fin de semana se movilizaron miles de personas en la provincia, desde todos los puntos cardinales. Hoy se realiza una marcha que será histórica. Los medios nacionales no mostraron nada. No hay ingenuidad en el silencio.

Las redes sociales desbordaron las paredes del hermetismo. Circularon imágenes y videos con la gente exigiendo por el veto de la ley, por el cuidado del agua de sus próximas generaciones y territorios. Los mendocinos y mendocinas piden decidir sobre su propia Mendoza.

El pueblo mendocino emociona. En la misma proporción que indigna que se haya legislado y votado a espaldas del pueblo. Este tipo de leyes, que trascienden y modifican el futuro, no pueden ser tratadas sin consulta popular. No llega hasta ahí la delegación de poderes.

El pueblo de Mendoza está en las calles y rutas. Miles de personas están, al momento de publicación de esta nota, frente a la Casa de Gobierno en caravanas de más de 10 kilómetros. Nos pide a todos y todas que acompañemos, difundamos, contemos, hagamos visible lo que es urgente.

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