Merlo: frenan desalojo en la toma de tierras, reclaman vivienda digna

Por Francisco Farina / Foto por Los Ojos de Anita

La jornada de ayer fue de profunda incertidumbre para las 2000 familias que están tomando tierras en Merlo. Durante la tarde se hizo presente la infantería, pero las negociaciones lograron, por ahora, frenar el desalojo por una solución pacífica. Marcha dialogó con una delegada de la toma.

Desde la madrugada del 22 de octubre, cientos de familias se fueron acercando a la localidad de Libertad, en el partido de Merlo. Allí, se fueron armando “viviendas” donde asentarse, con los elementos que iban encontrando o que ya traían a cuestas (nylon, carpas, maderas, chapas). Son familias humildes (algunas que estaban cerca del barrio y otras que vinieron desde más lejos), a las que se les niega el derecho básico a una vivienda digna: una problemática que ni los gobiernos nacional, provincial, ni municipal tuvieron la voluntad política de resolver.

Cuando en un comienzo se realizó la toma de 340 viviendas, la situación fue denunciada por Gustavo Menéndez, el reciente intendente electo por el Frente para la Victoria (FPV). En la denuncia judicial, responsabiliza a Raúl Othacehé, actual intendente del partido. Pero luego la toma se fue extendiendo hacia el predio lindero, hasta llegar a más de 2000 familias al día de hoy. El terreno, propiedad de particulares, consta de alrededor de 70 hectáreas y está ubicado en Merlo Gómez, entre las rutas 1001 y 1003.

Durante los primeros días los grandes medios de comunicación no se hicieron eco de los reclamos de las familias por tierra y vivienda dignas para vivir. Al superar las dos semanas de comenzada la toma,  estos mismos medios se encargaron de caldear el ambiente, enfatizar las acusaciones y, en especial, de enfrentar a pobres contra pobres. Con la estigmatización como metodología y común denominador en la prensa escrita y audiovisual, los medios instaban, justificaban y preparaban el terreno para un posible desalojo violento.

Una papa caliente de cara al balotaje

Las versiones y las acusaciones son cruzadas. Ante la denuncia de Menéndez sobre la instigación de punteros y funcionarios de Othacehé, este expresó que “Él promovió las tomas de terreno. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Él prometió en actos la toma de terrenos. Activé denuncias penales”.

Gustavo Menéndez, contrarrestó explicando que la toma busca ocultar que el gobierno saliente nunca termino un complejo de viviendas que realizó con plata del gobiernos nacional. Y expresó que “hubo bandera verde de algún lugar, porque es imposible que suceda así”

La futura gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el actual gobernador, Daniel Scioli, también se pronunciaron al respecto. Vidal se refirió a un “fin de ciclo” y expresó “que va a empezar una etapa distinta en diciembre”. En este sentido, intentó victimizarse: “Siento que hay algunos que creen que pueden obstaculizar lo que viene”. Por último, enfatizó a quién corresponde hacerse cargo: “Es responsabilidad de la provincia y del intendente actual”.

Por su parte, Scioli, se expresó “absolutamente en contra de las tomas ilegales”. Frente a la resolución del conflicto, el candidato a presidente por el FPV se refirió a un desalojo que se hará con “responsabilidad social y comprensión”, para lo cual comentó que está coordinando acciones con Menéndez. También, dejó entrever un dudoso trasfondo en el origen de la toma: “Habrá que analizar en profundidad la situación para que la Justicia pueda dar respuesta respecto de si hay una cuestión política o una necesidad habitacional”.

Primeras resoluciones

En declaraciones radiales, el ministro de seguridad bonaerense, Alejandro Granados, había advertido: “En pocas horas, el lugar estará rodeado por la infantería a la espera de la instrucción de la justicia, que seguramente nos dará la orden de que desalojemos”. A las 15.30, y sin orden de desalojo, 300 efectivos se acercaron a la zona con la finalidad de no dejar entrar y salir a los vecinos de la tierra tomada. Además, cumplieron la tarea de intimidar a los vecinos, y generaron así que muchas familias se retiraran de los terrenos que habían ocupado durante casi 20 días. Y mientras tanto, durante todo el día, la orden judicial de desalojo nunca llegó.

Pero quienes estaban allí no se quedaron a la espera: por la tarde realizaron una reunión entre delegados y delegadas de la toma, Eduardo Aparicio -ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires-, miembros del equipo del intendente Raúl Othacehé y el subsecretario de Urbanismo Social, Ricardo Spalletti.

Marcha dialogó con Anahí Benítez, delegada de la toma y militante del Frente Popular Darío Santillán, quien participó de la reunión. “Se gestó la posibilidad de empezar un censo para esclarecer exactamente cuántas familias somos y en función de eso pensar que el gobierno nos acompañe en un pedido de expropiación o de compra de los terrenos”, explicó.

Respecto de la propiedad del predio, aclaró que “hay un solo dueño de los terrenos y es el que está reclamando la propiedad de las tierras. En función de eso, hay un juicio, que tendría una orden de desalojo ya efectiva. Esa es la versión que circula como una especie de apriete, porque la Secretaría de Hábitat aclaró que no hay pedido de desalojo”. En este sentido la delegada enfatizó en “destacar que esa orden de desalojo no está firmada, ni se les mostró a las familias, más allá de la coerción de la policía que estaba ahí”. Por otro lado, denunció que “la negociación de hoy se da en un marco donde las familias están negociando con la policía que hace aprietes en el terreno y que no se fue hasta que el cuerpo de delegados volvió a la toma”.

Frente a la posible resolución del conflicto explicó que “la posibilidad del censo y de la negociación por una ley de expropiación o de la compra del terreno viene acompañada de un pedido a las familias de que nos retiremos y que sólo quede una guardia que garantice que esos terrenos no sean usurpados por otros. El censo empezaría a partir del miércoles (hoy), y también se comprometieron a que el canal de diálogo siga abierto”. Además, agregó que, como contraparte, “las familias hicimos un pedido de que se frenara el desalojo y se comprometieron a hacer una presentación ante el juez en la que dijeran que como se había iniciado un diálogo y había posibilidades de una salida pacífica al conflicto, entonces el juez no procediera al desalojo”.

Las respuestas de las organizaciones populares

Distintas organizaciones políticas se convocan para hoy a las 10 en el Congreso de Nación, para movilizarse y realizar una conferencia de prensa frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, junto con delegados de la toma. En el comunicado de convocatoria se denuncia cómo esta situación expresa una crisis en la política habitacional y por eso se exige “una solución pacífica al reclamo de más de dos mil familias” frente al intento de desalojo.

El comunicado, firmado por un amplio abanico de organizaciones políticas y organismos de Derechos Humanos, explica que “en Merlo, como en Brown, en La Plata y en otras localidades, el avance represivo hacia quienes pelean por sus derechos nos preocupa y alarma”. “Las fuerzas de seguridad han sido garantía para los desalojos más violentos en los últimos años”, denuncian.

Por último, expresa que “más allá de los cruces entre el intendente saliente, el intendente electo, el gobierno provincial actual y el que asumirá próximamente, exigimos que los gobiernos y las fuerzas políticas garanticen la resolución de la crisis habitacional de forma pacífica y en diálogo con los vecinos”.