Mezcolanza y estafa del blanqueo de capitales

Por Francisco J. Cantamutto

Se trataría el día de hoy en Diputados el proyecto de ley ómnibus del gobierno, mezclando un reclamo justo con una gigantesca estafa.

Cambiemos vuelve a mostrar que sabe hacer política, que no son unos improvisados. Recuperando la iniciativa, enviaron un proyecto de ley ómnibus que mezcla temas y problemas, opacando el debate y manejando la agenda de debate. Este punto es central, pues de esta forma oblitera el veto a la ley anti-despidos, del que nos separa menos de una semana. Modificando la agenda a altas velocidades, dificulta la constitución de una agenda sostenida que, en el debate, mostraría sus claros sesgos de clase.

El proyecto de ley busca tratar a un mismo tiempo varios asuntos diferentes, sintéticamente reunidos entre la Amnistía Fiscal y el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Al enredar un nuevo blanqueo de capitales con aumentos en haberes jubilatorios, genera falsas impresiones para lo que en rigor es una nueva estafa.

La ley de blanqueo

El estallido de los Papeles de Panamá ha puesto en el centro de atención las prácticas fraudulentas del capital, que se aprovecha de legislaciones laxas para evadir impuestos y regulaciones. Esto incluye el lavado de dinero de actividades ilícitas, como narcotráfico o trata de personas. Este escándalo involucra de lleno al presidente Mauricio Macri, del que se han detectado al menos 3 cuentas offshore no declaradas. Esto incluye a la ahora famosa Fled Trading, que el presidente no declaró, luego negó que haya tenido actividad, y ahora se supo que desarrolló el millonario negocio de Pago Fácil en Brasil. Macri además incorporó en su última declaración jurada, una cuenta en Bahamas –otra cueva fiscal- por 18 millones de dólares, que ofreció repatriar porque, según parece, tras medio año de su propio gobierno, empieza a confiar en sí mismo.

Resulta difícil de creer que gobiernos asociados a los propios capitalistas que practican estas maniobras vayan a alterar sustancialmente el mecanismo, pero sí pueden tomar algunas medidas que calmen al público indignado. Ha llegado la hora de una nueva ronda de lavado. La Ley de blanqueo de capitales, llamada de manera irónica Amnistía Fiscal, se propone habilitar el ingreso de dinero a la economía formal sin investigar ni preguntar nada por su origen. Se calcula que habría entre 270.000 y 440.000 millones de dólares fugados del sistema económico, disponibles para ingresar al blanqueo. Este dinero puede estar en cuentas o colocaciones en el exterior, pero también en cajas de seguridad dentro del país. Por presión del pan-radicalismo, la tratativa en el Congreso quitó la posibilidad de ingresar al blanqueo a funcionarios públicos con cargos activos en los últimos 5 años.

Como en cada ocasión que esto ocurre, el gobierno afirma que este será el último canje, y que al dar garantías –certidumbre- al capital será un éxito. En esto, no se distingue de los 9 blanqueos que hizo el kirchnerismo desde mediados de 2013, mediante los cuales habría logrado captar unos 2.370 millones de dólares colocados en títulos públicos (Cedin y Baade). Cambiemos es más ambicioso y busca captar casi diez veces esa cifra, unos 20.000 millones (aunque mencionaron también un objetivo superior de 60.000 millones). Para distinguirse de sus predecesores, impone una “multa” a los capitales blanqueados, que arrancan en el 5% para sumas de entre $305.000 a $800.000 y 10% por montos superiores, tasa que se incrementará el año entrante. Esta “multa” es una broma por permitir blanquear capitales y evadir impuestos por montos muy superiores (IVA, Ganancias, Bienes Personales, etc.). Se propone destinar esta recaudación directamente a ANSES.

La reparación jubilatoria

Los juicios a la ANSES por actualización de haberes constituyen una verdadera maquinaria perversa. Aprovechando las múltiples formas de la precarización y flexibilización laboral, los pagos de jubilaciones y pensiones comenzaron a atrasarse de manera sistemática durante la Convertibilidad. Esto da inicio a reclamos de los beneficiarios por recomposición de sus haberes, en juicios que cobran algunas veces tarde, y otras nunca llegan a ver. El reclamo por recomposición de las jubilaciones y pensiones es histórico y tiene múltiples ribetes. Las moratorias jubilatorias del kirchnerismo sirvieron para ampliar el universo de cobertura –que hoy llega al 97%- pero no atendieron a este problema de los montos cobrados. El fallo de la Corte Suprema por el caso Badaro tiene años sin surtir efecto en los pagos.

Cambiemos toma así una demanda justa (el aumento de los haberes), pero para hacerlo nos extorsiona con su ley de blanqueo de capitales. Alegando que los recursos de ANSES son insuficientes para hacer estos pagos, proponen financiarlos con las penalidades cobradas a los blanqueadores. De acuerdo con los objetivos declarados de 20.000 millones de dólares que ingresen, esto significaría $300.000 millones, que con una tasa máxima del 10%, significarían $30.000 millones para la ANSES. Esta cifra no alcanza ni la mitad de lo que hoy rinde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que mediante diversas colocaciones genera unos $75.000 millones al año. Las penalidades del blanqueo, además, servirían por única vez, y no como un flujo de ingresos. A todas luces insuficientes, el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso reconoció que podrían obtener más recursos vendiendo las participaciones que tiene el organismo que dirige en 45 empresas privadas.

He allí el meollo de este segundo asunto: el gobierno pretende deshacerse de las participaciones estatales en empresas privadas, legado de la estatización de las AFJP. Aunque sólo en pocos casos esta participación fue conflictiva, al gobierno le resulta ideológicamente indigerible, y bien podría tratarse a ésta como la primera privatización macrista. Los beneficios de esta venta para ANSES están por verse.

La ley de blanqueo y la venta de acciones serían ingresos por vez única, lo que no permite sostener pagos sistemáticos a jubilados y pensionados. A esto debe sumarse los despidos, que erosionan la base de aportantes, lo que da poca credibilidad al anuncio. Aún más, el proyecto de Primer Empleo enviado al Congreso propone, igual que hiciera Cavallo, reducir los aportes patronales para teóricamente fomentar la contratación en blanco. Esto no ha funcionado en Argentina ni en otros países del mundo: su efecto será menores aportes a ANSES. Todo esto contribuye al desfinanciamiento de la caja jubilatoria, que el gobierno deberá resolver en los años por venir. La toma de deuda o nuevas privatizaciones no deben descartarse.

La ley de blanqueo es un auténtico desfalco, pero también una demostración de habilidad política de Cambiemos y falta de compromiso popular real de la mayor parte de las otras fuerzas políticas en el Congreso –que juegan el juego del gobierno. No debe confundirse su profundo sesgo ideológico liberal con torpeza: esa subestimación facilitó que ganaran la elección de 2015. Analizar el carácter regresivo de la medida no debe hacernos perder nuestra agenda.