Mientras la burocracia se pronuncia, la izquierda se moviliza y lucha contra el ajuste

Por Mario Hernandez/ Foto por Colectivx Veinticuatro/Tres

A contramano de los pronunciamientos de la burocracia sindical, el viernes la izquierda salió a las calles, en un nuevo aniversario de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 y para hoy organizaciones sindicales, sociales y políticas convocan a una movilización cuyo eje central es la exigencia de un bono de fin de año, pero que además denuncia el ajuste en curso.

Las tres CGT avanzaron el viernes en el proceso de reunificación sindical y el primer resultado de esa señal fue una advertencia a Mauricio Macri: durante un plenario conjunto realizado en la sede de Azopardo 802, le exigieron el pago urgente de una compensación en los salarios, jubilaciones y subsidios para evitar el deterioro causado por la devaluación.
Sin embargo, el encuentro que contó con la presencia de 140 organizaciones gremiales (sólo faltaron los ultrakirchneristas como Antonio Caló) no resolvió ninguna medida de fuerza, a pesar que el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, tomó distancia del reclamo al señalar que es una discusión que corresponde “a cada sector” y no al Poder Ejecutivo, aunque aclaró que “si hay acuerdo entre las partes” el Gobierno lo homologará.

La izquierda marchó a 14 años del 19 y 20 de diciembre de 2001

El viernes se realizó la marcha convocada por organizaciones de izquierda a 14 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre cuya denuncia principal fue contra el ajuste que está implementando el gobierno macrista contra los trabajadores.

La cita fue a las 16:00 en el Congreso para marchar hasta la Plaza de Mayo. Participaron el PTS, PO, Izquierda Socialista, la CCC, Nuevo MAS, MST, el Frente Popular Darío Santillán, entre otras.

Los trabajadores de Cresta Roja fueron parte de la cabecera de la marcha, llevando su reclamo contra el intento de cierre por parte de la patronal.

El documento leído en la plaza afirmaba que “desde esta tribuna llamamos a todas las organizaciones obreras y populares a desarrollar la más amplia unidad de acción para enfrentar el ajuste en curso y las políticas de entrega del gobierno de Macri”.

Organizaciones sindicales, sociales y políticas marcharán el martes contra el ajuste

En la tarde del jueves, la sede de la CTA, en la calle Lima, fue el lugar elegido por diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas para convocar a una movilización cuyo eje central es la exigencia de un bono de fin de año, pero que además denuncia el ajuste en curso.

La conferencia de prensa llamó a movilizarse a Plaza de Mayo el próximo martes 22 desde las 17:00. La convocatoria partirá desde la esquina de Belgrano y 9 de Julio. Los convocantes hicieron además una fuerte denuncia de la política que está llevando adelante el gobierno.

La conferencia resolvió enviar una carta a Mauricio Macri para exigir que “se arbitren los medios necesarios a los fines que se abone un Bono extraordinario antes de fin de año a los trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales y AUH con carácter urgente y reparador”.

El lunes 14, un conjunto de organizaciones obreras, sociales y políticas se manifestaron contra el Pacto Social que impulsa la Unión Industrial Argentina (UIA), bajo el nombre de acuerdo económico y social. Norberto Señor, de la Corriente Política Sindical Rompiendo Cadenas, una de las impulsoras de la protesta junto con obreros ferroviarios de Haedo, aceiteros de Capital, estatales de Lomas de Zamora y Almirante Brown, docentes de ADEMYS y AGD–UBA, cooperativistas de AGTCAP y las Comisiones Internas de Pilkington y Felfort, entre otras organizaciones sindicales, sociales y políticas, consideró que “cuando ellos hablan de un Pacto Social, supuestamente para contener precios, y salarios, de lo que verdaderamente están hablando, es que mientras ya han remarcado los precios en un 20%, un 30%, mientras se preparan para volver a remarcarlos en una devaluación que nos van a tirar por la cabeza, es evidente que el Pacto que quieren es que las burocracias sindicales les garanticen que no haya medidas de lucha”.

Techint dio marcha atrás y reincorporó a los 190 despedidos

La siderúrgica Tenaris Siderca anuló la decisión y anunció que no tomará medidas contra el personal durante los próximos seis meses. El dirigente sindical Antonio Caló señaló que la empresa “reconoció que no era necesario despedir”.

Sin embargo, el acta firmada en el Ministerio de Trabajo contempla que los trabajadores, para ser reincorporados, tienen que firmar el consentimiento de trasladarse a un sector especial de “servicios generales” con la consecuente pérdida de adicionales, lo que rebajaría el salario al 60%. Al llegar a la fábrica recibieron un chantaje brutal: o aceptan la flexibilidad laboral o siguen despedidos. Luego de ingresar a la planta y ser obligados a la firma del acta, se les informó además que quedaban suspendidos hasta el 9 de enero.

Por si esto fuera poco, la empresa va a despedir a unos 200 obreros que trabajan suspendidos de manera rotativa para la contratista COMAU, cuyo contrato finaliza a fin de este mes y algunas de las tareas que ellos realizaban estaban siendo cubiertas por trabajadores de planta. Ahora las harían los “reincorporados” bajo la legalidad del acta que les obligaron a firmar. Al mismo tiempo, se abre una “mesa de diálogo” para discutir las condiciones de trabajo en los sectores que quedarán con menos trabajadores. La empresa ya anticipó que quiere que los que quedan, hagan el mismo trabajo que hacían antes de los traslados. Un negocio redondo para la patronal: se ahorra todo lo que gastaba en una contratista dejando 200 en la calle, cubre ese trabajo con los 189 “reinstalados” y quiere obligar a los demás a hacer el mismo trabajo con menos obreros.

Los despidos generaron la reacción autoorganizada de cientos de trabajadores que con familiares y vecinos se movilizaron por las calles de Campana en una demostración de la voluntad de lucha de las bases. Los trabajadores se volverán a concentrar en los cambios de turno. Su intención es mantenerse organizados y seguir la pelea para volver a sus puestos de trabajo.

Vidal dio un ultimátum a los dueños de Cresta Roja y criticó a sus trabajadores

“Paguen la deuda o vendan la empresa”, dijo la gobernadora en una conferencia en la que se refirió a uno de los conflictos laborales más fuertes de los últimos meses.

Tras reunirse con el presidente Mauricio Macri, la gobernadora brindó una conferencia de prensa junto al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que aseguró que la Nación y la Provincia trabajarán “en el cuidado de los puestos” de los operarios de Rasic Hermanos, que vende los pollos “Cresta Roja”, pero criticó el corte que los trabajadores realizaron en la autopista Riccheri, en al acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza.

El viernes 11, el “flamante” ministro de Trabajo, Jorge Triaca, recibió a los delegados de Cresta Roja y a representantes del Sindicato de la Alimentación de zona sur como primer medida al frente del Ministerio. El ministro confirmó a los delegados presentes que el gobierno no piensa destinar un peso para cubrir los salarios adeudados de los trabajadores y que sólo otorgarán las REPRO que ya habían sido designadas por el gobierno de Cristina Kirchner. A la par de que Macri le acaba de otorgar millones a los sojeros, a los trabajadores de Cresta Roja los quiere arreglar con 4 mil pesos para vivir todo el mes de diciembre, con fiestas de fin de año incluidas, y sin ninguna perspectiva para los meses venideros.

El gobierno pretende imponer un “protocolo de protesta social”

Las protestas y los cortes que los trabajadores de Cresta Roja y Siderca realizaron el viernes sacaron a la luz la agenda macrista para “la protesta social”.

El día anterior el Consejo de Seguridad Interior, con la ministra Patricia Bullrich a la cabeza, había pedido al presidente Macri que decrete la “Emergencia en Seguridad” en todo el país.

En línea con esta política, en la tarde del viernes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que desde el Gobierno se está trabajando junto a la Justicia en un “protocolo de protesta social” para que los reclamos en la vía pública sean “previsibles” y se permita “la libre circulación” de autos, camiones y colectivos.

El macrismo intentará aplicar a nivel nacional lo que fue una constante en la Ciudad de Buenos Aires. De muestra basta un botón: el jueves pasado, militarizaron la estación Lacroze de subterráneos, ante la interrupción del servicio de la Línea B que realizaron los trabajadores tercerizados para reclamar frente a casi 30 despidos.

También los trabajadores de Ademys repudiaron la presencia policial en la sede del sindicato durante la asamblea que se llevó a cabo el viernes 11. Cuando el oficial de la Policía Federal fue consultado por su presencia, les informó que había sido “mandado” porque la asamblea iba a discutir la nueva situación política y las medidas a seguir en la lucha en defensa de la educación pública.

Bình Luận

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