Migrar no es delito: comienza el diálogo con el gobierno

Las más de 20 organizaciones sociales aglutinadas en la Campaña Migrar no es Delito se preparan para entablar una mesa de reuniones con funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), incluyendo a Horacio García, actual director, quien ha sido uno de los principales defensores de la necesidad de “modernizar” la política migrante.

Por César Saravia / Foto por Analía Cid

La reunión será la primera que el director sostendrá con organizaciones sociales y migrantes pertenecientes al campo popular, la misma fue lograda luego de que el pasado 3 de julio una multitudinaria movilización a las oficinas de migraciones finalizara con el acuerdo de conformar una mesa. Esta estaba programada inicialmente para el 23 de julio pero fue reprogramada para este viernes 26 de julio a las 14.30 hs. Por lo que la campaña invita a las organizaciones a movilizar a Retiro, en Av. Antártida Argentina 1355, Capital Federal, donde se ubican las oficinas centrales de migraciones.

La decisión de movilizar a migraciones y solicitar una reunión con el director se da luego de que el gobierno de la ciudad y la DNM establecieran un acuerdo para la conformación de una “policía auxiliar migratoria”, algo muy parecido a la policía migratoria en Estados Unidos, la famosa “migra”. Esta acción acompaña a otras como la creación de una aplicación para identificar a migrantes irregulares, así como un aumento en las expulsiones desde que se aprobó el DNU 70/2017. El mismo Horacio García declaró a finales del año pasado que desde 2017 se habían expulsado cerca de 1300 migrantes. A principios de 2019, el periódico Clarín anunció con bombo y platillo que el gobierno preparaba la expulsión de más de 1000 extranjeros.  Al respecto, hicimos referencia a la reacción de las organizaciones intervinientes

Entre los temas más relevantes a tratar durante la reunión de encuentra la demanda por el respeto al criterio de unidad familiar establecido en la Ley N° 25.871, en la que se incorporan acuerdos internacionales relacionados a los derechos de la niñez y los puntos establecidos en la constitución nacional. El caso más sonado es el de Vanessa Gómez, de origen peruano, quien fue expulsada el 1 de febrero junto a su hijo de dos años, ciudadano argentino, luego de ser llevada al aeropuerto de Ezeiza con engaños. En el lugar, las autoridades la amenazaron con que debía subir al avión o de lo contrario su hijo sería enviado a Lima, a lo que ella accedió, dejando en el país a sus otros dos hijos, también de nacionalidad argentina, que hoy aguardan por la vuelta de su madre y hermano.

Tanto familiares como el abogado de Vanessa han denunciado las irregularidades, algunas de las cuales son directamente delito como el hecho de ser llevada con engaños a Ezeiza, de esta expulsión. Respecto al trámite propiamente administrativo, las autoridades de migración argumentaron en un documento resolutivo frente a la orden de expulsión, elementos que no son ciertos, como el hecho de que Vanessa había presentado un recurso patrocinado por la Defensoría General de la Nación para frenar la expulsión en el país argumentando la reunificación familiar con un esposo argentino, cuando en verdad el recurso lo hizo bajo el argumento de ser madre soltera de niños argentinos. Por otra parte, la resolución de migraciones señala que ella fue acusada por el delito de trata de personas, el cual la Ley establece es motivo de expulsión, algo que también es falso, ya que ella cumplió condena por la comercialización de estupefacientes en pequeñas cantidades. Estas y otras irregularidades en este y otros casos, muestran la arbitrariedad y urgencia de parte del gobierno por generar números, pasando por alto los tratados internacionales de cara a un año electoral, donde el senador Pichetto, principal abanderado de la política antimigrante, acompañará a Macri en la fórmula presidencial.

Otro de los puntos a tratar durante la reunión será la creación de un proceso de regulación de migrantes accesible, tanto económicamente como en lo administrativo. Esto surge luego de la entrada en vigencia del sistema de RADEX (sistema de radicación para extranjeros) a finales del 2018, que generó retrasos en los procesos. RADEX ha sido señalado por su carácter excluyente y porque carga sobre las y los migrantes altos costos en caso de que la solicitud sea rechazada. Las peticiones en este sentido pasan por la aceptación plena de la carta de pobreza, la cual exime del pago de tarifa a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad social, y la reducción de tarifas, que alcanza los 3000 pesos para Mercosur y 6000 para Extra Mercorsur.

Finalmente, la demanda central de la jornada será la derogación definitiva del DNU 70/2017 y que las autoridades dejen de aplicarlo.

De esta mesa se espera que salga una agenda articulada con la DNM y las organizaciones para trabajar en la regulación en los barrios, partiendo del derecho constitucional del Estado de garantizar la migración. Asimismo, se espera contar con información verídica de los casos de expulsión y los motivos por los que se dan, de forma que los derechos de las y los migrantes sean respetados. La reunión es el resultado de la presión que la Campaña viene haciendo desde hace más de un año por lo que los acuerdos que surjan serán claves en la política migratoria para los próximos meses, en medio de un año electoral en donde la xenofobia se dibuja como consigna detrás de los discursos gubernamentales.