Milagro Sala: toda presa es política

Por Mario Hernandez/ Foto por Nayko Fotos

La detención de Milagro Sala. Despidos en empresas privadas y públicas llegan a más de 28.000 de acuerdo al Observatorio de Derechos Sociales de la CTA. Reincorporan trabajadores en La Plata, Presidencia y Jefatura de Gabinete. Marcha atrás de Vidal en DNU que postergaba la paritaria de municipales bonaerenses.

Por una denuncia del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en contra de una manifestación de organizaciones sociales sostenida durante más de un mes frente al edificio donde funciona el Poder Ejecutivo de esa provincia, fue detenida el sábado la dirigente social Milagro Sala.

La orden provino del Juez de feria Raúl Gutiérrez, quien imputó a Sala por “instigación al delito y tumulto en concurso real”. El abogado del estado provincial, Mariano Miranda, añadió: “Mientras se mantenga la comisión del delito, es decir el acampe, se mantendrá la detención”.

La líder de la Túpac Amaru, que es diputada del Parlasur, inició una huelga de hambre seca en la Comisaría de la Mujer y recibió muestras de solidaridad de dirigentes políticos, organismos de Derechos Humanos y del Bloque Progresista del Parlasur.

Hace 35 días, las organizaciones sociales integradas en la Red de Organizaciones Sociales jujeñas, decidieron en asamblea establecerse frente a la Casa de Gobierno para reclamarle a Morales que los reciba, luego de la falta de respuesta institucional a dos pedidos de audiencia escritos presentados el 24 y el 30 de noviembre del año pasado. La intención del diálogo gira en torno de los planes sociales y la continuidad de las cooperativas de vivienda que funcionan a través de esas organizaciones.

El lunes fue convocado un multitudinario acto en Plaza de Mayo y en varias ciudades del interior para exigir la liberación de la dirigente detenida.

Un ejercicio de buena memoria

“Milagro Sala está en la plaza porque quiere cogobernar Jujuy. Nosotros obtuvimos cerca del 60% de los votos y mientras yo sea gobernador va a haber un solo gobierno”, señaló Gerardo Morales, al mismo tiempo que destacó la decisión de una jueza de menores provincial que intimó a retirar a los niños del acampe.

El radicalismo ya tiene antecedentes de brutales represiones. No hace falta retroceder casi 100 años y recordar La Semana Trágica o los sucesos de La Patagonia. El 17 de diciembre de 1999, a una semana de haber asumido el gobierno de la Alianza, fuerzas de seguridad reprimieron ferozmente al pueblo que se movilizó en las cercanías del Puente General Belgrano que une la ciudad de Corrientes con la provincia del Chaco.
En aquella jornada hubo dos muertos, Mauro César Ojeda y Francisco Escobar, y veintiocho heridos de bala entre la población civil.

Los funcionarios que actuaron durante la intervención federal en Corrientes y que ordenaron la represión en diciembre de 1999, fueron: el ministro del Interior, Federico Storani; el interventor federal en Corrientes, Ramón Mestre; el secretario de Seguridad, Enrique Mathov y el intendente interventor de la ciudad capital, Oscar Aguad (actual Ministro de Comunicaciones). Todos pertenecientes al radicalismo.

El triste experimento de La Alianza iba a concluir durante las Jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 con 38 manifestantes muertos y centenares de heridos.

La nueva Alianza Cambiemos ya cuenta en su haber con las represiones a los trabajadores de Cresta Roja y a los municipales de La Plata. Al respecto, la semana pasada el ex Juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, había advertido: “En cuanto a la represión, es una torpeza política peligrosísima. Van a matar a alguien, no sean brutos. Están generando una masa de gente con bronca. ¿O acaso es una provocación? ¿Quieren que alguien se descontrole para justificar un homicidio?”.

Es evidente que el gobernador radical de Jujuy levanta la apuesta porque no puede soportar que los movimientos sociales jujeños hagan casas, fábricas, escuelas, den becas para educación terciaria, construyan plazas, clubes, piletas de natación, etc.

El mismo trato recibió Emerenciano Sena durante los gobiernos del radical Angel Rozas en Chaco y José “Pepino” Fernández de la UTD de General Mosconi (Salta) con más de 100 causas abiertas por distintos gobiernos provinciales.

Los despidos llegaron a los privados

La empresa Cerámica San Lorenzo despidió en su planta de Azul a 120 de sus 370 trabajadores, esto se suma a la política que venía llevando adelante de ofrecer retiros voluntarios, con la cual se fueron 30 operarios.

El sindicalismo petrolero advirtió el viernes que habrá problemas de abastecimiento de gas, si no hay una respuesta por parte del Gobierno respecto de la crisis por la cual atraviesa, mientras ratificó que el 20 de enero próximo es la fecha límite para garantizar la “paz social”.
“A partir del lunes tienen 72 horas de plazo para resolver el problema, caso contrario el jueves la asamblea multitudinaria de petroleros convencionales definirá un plan de lucha que va a ser acompañado por los jerárquicos”, planteó Carlos Gómez el sábado al término del plenario del gremio.

Entre YPF y PAE suman cerca de 3.000 los trabajadores que se mantienen en período de vacaciones debido a un acuerdo firmado entre las compañías y los gremios a fines del 2015. Por su parte, PAE, la principal productora de Chubut, tiene en stand by 15 equipos de perforación y 26 de workover, que representan unos 1.400 trabajadores.

Por otro lado, el viernes la empresa Sol Líneas Áreas anunciaba el fin de la prestación de servicios y dejaba 300 trabajadores en la calle.

Por la tarde, los trabajadores tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo donde la patronal ofreció indemnizaciones al 50%, lo que fue rechazado por los trabajadores. Con esa decisión la negociación pasó a cuarto intermedio hasta el lunes.

La conciliación obligatoria acatada por los sindicatos aeronáuticos, salvó “sobre la línea” del fin de semana y el cambio de quincena, el primer paro de un gremio de transportes de la era Macri, en las prestaciones de la empresa LAN, tanto desde el Aeroparque Metropolitano como de Ezeiza.

La cuestión central para la Federación Argentina del Personal Aeronáutico (FAPA) fue que seguir negociando un acuerdo salarial “a año vencido”, con porcentajes “que quedaron sepultados por la devaluación que todos los trabajadores padecen”, no tenía razón de ser.

Siguiendo con los despidos en el sector privado, la minera china MCC, que opera en el yacimiento de hierro de Sierra Grande, Río Negro, inició un drástico plan de reducción de personal que afectará a 275 operarios, más de la mitad de su personal, con el argumento de la baja del precio internacional.

Los 5.000 trabajadores de Cresta Roja solicitaron con carácter urgente una audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal. En los últimos 45 días, han cobrado apenas 6.000 pesos y se les adeudan varias quincenas, aguinaldo y vacaciones.

A través de la gerente de Recursos Humanos del Grupo Veintitrés, María Perrone, se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires una reunión donde los trabajadores de los diarios zonales de El Argentino fueron informados que ya no iban a ser distribuidos y la empresa no tenía una propuesta de pago para los salarios adeudados (noviembre, diciembre y el aguinaldo) como tampoco de retiros voluntarios. Estos hechos se traducen en 23 trabajadores en la calle.

El martes 12 de enero los trabajadores de Tiempo Argentino resolvieron por unanimidad implementar un paro de 24 horas que concretaron el miércoles, para rechazar las constantes postergaciones de los pagos del salario de diciembre y el aguinaldo del segundo semestre de 2015. El jueves 14, el diario no estuvo en la calle por una deliberada decisión de la patronal, en una incontrastable muestra de su estrategia de vaciamiento y castigo a los trabajadores.

Los trabajadores de Tiempo Argentino y del Grupo 23 habían protagonizado el día anterior una jornada de lucha histórica. Luego de un acto masivo realizado en la sede de las revistas Siete Días y Cielos Argentinos, por la tarde marcharon hasta la puerta de Tiempo Argentino y Radio América, donde la Asamblea de Trabajadores de Radio América decidió continuar con la retención de tareas en los puestos de trabajo por tiempo indeterminado. Allí la situación se agrava después de las dos audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo donde la empresa de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel se negó a efectivizar los sueldos y los aguinaldos adeudados y ni siquiera se presentó con un cronograma de pago.

Tras un mes de gobierno de Mauricio Macri, la cantidad de despedidos aumentó en forma significativa. Es que, a los más de 18.000 casos de empleados públicos despedidos en el sector público, se le sumaron otros 10.000 del sector privado, según publicó en su informe de seguimiento el Observatorio de Derecho Social de la CTA.

Algunas conquistas de la lucha

Luego de las masivas movilizaciones de lunes y martes pasados, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó a la ATE luego del rechazo al Decreto 26/15 que suspendía la Ley Nº 14656 de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva en los municipios.

El encuentro se realizó en la sede principal del Ministerio con la presencia del titular de esa cartera, Marcelo Villegas y el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, quienes propusieron conformar el Consejo del Empleo Municipal en el transcurso de los próximos 45 días y prorrogar la entrada en vigencia de la Sección Tercera (parte supletoria) por 180 días, que significa la vigencia del Marco para el Empleo Municipal y la Negociación.

Asimismo, el Consejo Directivo Provincial de Ate tuvo una reunión con el Intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, quien informó que ya se había firmado la reincorporación de 2.500 trabajadores y que era inminente la reincorporación de 500 más.

Tras varios días de asambleas, en conjunto con los delegados del sector y la Junta Interna, se logró revertir los despidos de un centenar de trabajadores de Presidencia y Jefatura de Gabinete.