Moneda común en el Almafuerte

Moneda común en el Almafuerte

Siete efectivos del Instituto de Menores Almafuerte de La Plata fueron identificados y puestos en disponibilidad tras golpear brutalmente a 4 jóvenes internos. La compleja situación en las instituciones y la relación con la violencia institucional en el marco del reclamo por seguridad.

La discusión por la extensión del sufragio a partir de los 16 años vuelve a colocar en el centro de la escena la discusión sobre la juventud. Sin embargo, esa discusión no está comprendiendo sucesos como los que acaecen en el Instituto de Menores Almafuerte.

Uno de los pocos de su tipo, este instituto recibe a los menores de máxima peligrosidad con diversas causas penales. Está ubicado en la localidad de Melchor Romero, en la capital provincial bonaerense de La Plata.

El pasado domingo, 4 jóvenes internos del instituto fueron brutalmente golpeados por guardias de ese establecimiento. Los efectivos utilizaron palos, escudos y matafuegos, según se dio a conocer a partir de la denuncia conjunta del penalista defensor Julián Axat y la Comisión Provincial de la Memoria.

De acuerdo a lo consignado en un diálogo entre el abogado y el portal Cosecha Roja, Axat al llegar al Instituto habría encontrado “un panorama terrible, con cuatro chicos alojados en “buzones”, lo que en la jerga carcelaria significa aislados en celdas de máxima seguridad”.

La golpiza habría comenzado cuando los 4 jóvenes pidieron hablar por teléfono mientras estaban en su momento de recreación. Los asistentes de minoridad negaron el pedido, dando lugar a una discusión y amenazándolos con encerrarlos en jaulas de persistir en la solicitud. Esto originó la resistencia de los jóvenes y el posterior ataque de 14 efectivos.

Según constató Axat los jóvenes “tenían marcas, excoriaciones y signos claros de haber sido golpeados brutalmente”. Los reconocimientos médicos posteriores revelaron que los asistentes de minoridad encubrieron la situación, de manera de desvincularse de la agresión.

Por ello Axat solicitó el traslado de los menores hacia otro centro dependiente de la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia y el pase a disponibilidad a los asistentes implicados en la represión. Esto último fue confirmado mientras dura la investigación de acuerdo a lo dispuesto por la Juez Inés Siro.

Fue contundente en su referencia a la institución el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia Guido Carlotto: “la represión es una práctica habitual en el Instituto Almafuerte”.

Es que el Almafuerte guarda un historial oscuro de violencia institucional. Denuncias de torturas, vulneración de los derechos básicos, intervenciones y pedidos de cierre, han sido moneda corriente de un establecimiento que aún guarda los peores resabios del sistema de Patronato.

En febrero de este año, a partir de un hábeas corpus presentado por el defensor oficial del Fuero Penal de Menores, Ricardo Berenguer, la jueza de menores Blanca Lasca ordenó la prohibición de ingreso de nuevos jóvenes al instituto cerrado. Además, la magistrada impuso una multa al responsable del área, Pablo Navarro, hasta tanto no se revierta la situación del lugar. También se les aplicaban sanciones y no podían ejercer su derecho a defensa ni comunicarse en tiempo y forma con su defensor a cargo para hacer su descargo.

El caso anterior más reciente data del 23 de julio. En aquella ocasión la Secretaría de DDHH recibió una comunicación telefónica en la que una mujer denunció que su hermano, alojado en el instituto, había sido golpeado dos días antes por asistentes del sector izquierdo del centro luego de una requisa.

“Es inadmisible la continuidad de prácticas cuya utilización sistemática deriva en esta violencia institucional intolerable. Como también resulta inaceptable la connivencia entre actores estatales para el encubrimiento de las torturas”, concluyó Carlotto según consignó la Agencia Periodística de Buenos Aires.