Movilizaciones en Chaco, Rio Negro y Capital contra la criminalización de la protesta

Por Lucrecia Fernandez

En el día de ayer se esperaba la indagatoria de 4 militantes del Frente Popular Darío Santillán, sobre los cuales recae una imputación de “coacción agravada”, producto -según el municipio de Cipolletti- de manifestaciones realizadas a principio de año pidiendo comida para abastecer los comedores comunitarios. Se realizaron movilizaciones en varias provincias bajo la consigna “Protestar no es delito” para rechazar la acusación.

Al llegar al juzgado, en la localidad de Cipolletti, los militantes fueron informados de que la jueza se tomó días de licencia, por lo que no pudieron declarar. Sin embargo, lograron mantener una entrevista con el fiscal que instruye en la causa, Martín Pezzetta, para reclamarle que no se criminalice a quienes salen a la calle para reclamar sus derechos. A esta causa se suma otra por amenazas a otros tres militantes. Allí el diputado Raúl Godoy, la abogada Victoria Naffa y Sabino López -uno de los imputados y referente del Frente Santillán- dialogaron con el fiscal para rechazar las acusaciones a los militantes y se reprogramó la audiencia para el próximo 8 de septiembre.

Los cargos que recaen sobre los 7 luchadores sociales son considerados delitos penales por la legislación argentina y pueden tener sentencias de cárcel efectiva. Sin embargo, a dos meses de registrarse la primera citación poco se sabe del origen de las causas y diversas organizaciones acusan al municipio de Cipoletti de estar ejerciendo persecución política a las 7 personas acusadas. Además, los militantes denunciaron que desde Acción Social se dieron datos para imputar a los imputados, violando datos públicos para armar la causa judicial  que pesa sobre los integrantes del FPDS.

En Chaco, Rio Negro y en Capital Federal diversas organizaciones populares se movilizaron para repudiar el proceso impulsado por el Intendente PRO de Cipolletti, Anibal Tortoriello, contra estos militantes sociales. También realizaron una conferencia de prensa en la entrada de los Tribunales locales donde enfatizaron la importancia de repudiar y denunciar estas persecuciones y armados de causas, frente a algo tan legítimo como el derecho a la protesta para pedir alimentos. En la Capital Federal  se movilizaron a la Casa de la provincia de Rio Negro y cortaron la esquina de Tucumán y Riobamba para visibilizar la denuncia de judicialización de la protesta.

Bajo el título de “Luchar por comida NO es delito”, organizaciones sociales, políticas, de trabajadorxs, y estudiantiles emitieron un comunicado donde declaraban que “Las denuncias e imputaciones que siguen llegando con el pasar de los días marcan un precedente muy grave en términos de disciplinamiento a lxs luchadorxs. Y se dan en el marco del brutal ajuste que lleva adelante el municipio PRO de la ciudad, a través de sus políticas focalizadas. De esta manera, están depositando en cada uno/a de los trabajadorxs la responsabilidad de que ‘si no hay para comer es culpa de lxs propios trabajadorxs’, sin hacerse cargo de generar políticas que fomenten la creación de puestos de trabajo y proveer de alimentos a quienes nos organizamos y trabajamos para sostener los comedores comunitarios a los que cada vez son más las familias que se acercan arrojados por la falta de trabajo, la inflación y los tarifazos”.

Sabino López, referente del Frente Darío Santillán y uno de los que recibió la notificación con la acusación de “coacción agravada” denunció la persecución: “Como organización realizamos movilizaciones y cortes para denunciar que había un desabastecimiento de las copas de leche y que se estaba incumplimiento con la entrega de alimentos en los comedores. Hubo cortes en el Ministerio de Acción Social, en la municipalidad para rechazar el incumplimiento de la promesa de resolver la situación, ya que a fines de marzo aún no había ninguna repuesta”.

Luego de esos reclamos y de que comenzara a regularizarse la situación llegaron las acusaciones judiciales. “No se puede entender sobre qué actos se realiza tremenda acusación de amenazas y coacción, ya que lo único que buscábamos eran instancias de dialogo, y exigir promesas incumplidas por los funcionarios públicos, a través de cortes y manifestaciones, como manera de reclamar legítimamente por nuestros derechos”, reflexiona Sabino en relación al proceso que están viviendo.

Inicialmente no había claridad sobre qué hechos estaban siendo juzgados por que las acusaciones fueron emitidas en el comienzo de la feria judicial de Río Negro -entre el 11 y el 22 de julio-, “recién cuatro días antes de la primer indagatoria nuestra abogada tendrá acceso, esperamos, a los expedientes”, aclara Sabino López al respecto, y agrega que “no es tiempo suficiente para saber a qué nos atenemos a la indagatoria, y la manera tan rápida en la que llegaron las acusaciones con la feria encima dejan en claro que es una medida de aleccionamiento y no otra cosa”. La abogada a cargo de las causas, la Doctora Victoria Naffa, estuvo al frente de la causa que condenó a cadena perpetua en marzo pasado, al policía Villegas en marzo de este año, por el caso de gatillo fácil, que terminó con la vida del joven Pablo Vera.