Por Daniel Dveksler. El gobierno nacional ha decidido tratar de contener la inflación a través de controles de precios o topes a los aumentos. A partir de la concepción de que la puja distributiva es lo que estaría detrás del sostenido incremento de los precios, se aplicaron distintas medidas en lo que va del 2013.
En este sentido puede entenderse el establecimiento de un tope al precio de las naftas, el congelamiento de precios en supermercados o los topes a los aumentos salariales.
El control sobre los precios de las naftas que regirá durante los próximos 6 meses apunta a poner un coto al aumento de precios a los consumidores y en el mediano plazo a igualar los precios que cobran todas las distribuidoras de nafta. En cuanto a las empresas, podrán reducir el costo de la logística, que tiene un rol preponderante en la estructura de costos de las empresas comercializadoras.
En la misma tónica puede entenderse el congelamiento de precios acordado en febrero por dos meses con los representantes de las grandes cadenas de supermercados y luego extendido hasta fines de mayo. Se busca poner un límite al aumento de precios a los consumidores. Pero, para que las empresas no pierdan margen de ganancia, el gobierno exigió que se suspendieran las propagandas en los diarios promocionando los descuentos de las cadenas. El argumento fue que el aumento de ingresos que no obtendrían por incrementos de precios lo podían obtener por descenso de gastos.
Las cadenas de supermercados no vieron con malos ojos esta propuesta y fueron por más. Propusieron la puesta en marcha de una tarjeta, la Supercard. Ante la amenaza de los supermercados de lanzar una Supercard con tasas de alrededor del 1%, los bancos se vieron obligados a ofrecer bajar sus tasas de interés, que actualmente van del 1,5% al 3%. El debate sigue abierto, pero en definitiva lo que está planteado es el objetivo de reducir los costos de los supermercados (en este caso, financieros), para que el congelamiento de precios no se pase directamente a los salarios. Esto movió la plaza y generó un debate sobre los costos financieros que cobran los bancos, actualmente también en discusión.
Los acuerdo salariales del 2013 tuvieron un tope claro desde el gobierno nacional. Se sugirió que la cifra adecuada era el 20%, cifra que no corresponde ni con la inflación oficial, ya que está por debajo, ni con las no oficiales. Algunos ejemplos son los aceiteros que cerraron entre 22% y 25% según la categoría más una suma fija de 5.520 pesos por única vez. Los docentes cerraron con 22% en 3 cuotas y durante 12 meses, mientras que Luz y Fuerza cerró 31,6% en tres cuotas pero a 18 meses, o sea un año y medio.
Más allá de las particularidades de cada caso, el tope fue impuesto en torno al 20%, aunque ya reconocen un 22%. Esta política frente a los aumentos salariales también se enmarca en la idea de una inflación por puja distributiva, ya que considera al salario como un gasto de las empresas. Para contenerla, se le puso un freno desde el gobierno, perjudicando a los trabajadores.
Pero la novedad detrás de estas medidas es que el gobierno asumió la inflación como un problema y, en consecuencia, la necesidad de darse una política para contenerla. Los controles de precios llevaron a discutir algunos gastos de las empresas. ¿A quiénes terminan afectando estas medidas?
En el caso de la Supercard, el sector financiero tendrá que relegar una porción de la ganancia que percibía por las tasas que cobraba a las compras con tarjetas. Pero esto también podría recaer sobre los salarios cuando se discutan las paritarias bancarias en las próximas semanas. En el caso de la nafta, las empresas extranjeras como Shell expresaron su malestar a raíz de la medida, ya que los controles de precios afectan directamente sus ganancias. Las estaciones de servicio también advirtieron que no van a poder garantizar los aumentos de salarios que exigen los empleados del sector. Si el salario se entiende como un costo más de las empresas es probable que esa termine siendo la variable de ajuste.
De la mano de los controles de precios, el gobierno tuvo que meterse en discutir algunos costos, para evitar quejas de las empresas. En el caso de los supermercados, la regulación apunta a que no pierden rentabilidad por tener que congelar precios. Diferente es la situación del sector financiero, que va a tener que resignar ingresos si no puede ajustar sobre los salarios. De todas formas, en 2012, este sector tuvo ingresos récords aumentando sus beneficios un 50%. En el tercer trimestre del 2012, el Santander Río tuvo una ganancia neta de 510.7 millones de pesos, un aumento del 71% en comparación a 2011. El Macro cerró en 411 millones, con un alza del 31% mientras que el Galicia embolso 340.4 millones de pesos, un incremento de 28,3%. ¿No es momento de comenzar a controlar las ganancias de estos sectores?
Es temprano para plantear quien es el perdedor y el ganador en este proceso. Si los sectores logran ajustar sobre los salarios, pueden mantener los márgenes de ganancia intactos. Si el gobierno obliga a cerrar con aumentos inferiores a la inflación como ocurrió en el sector de los docentes universitarios por ejemplo, el congelamiento de precios recaerá sobre los trabajadores. Pero si los trabajadores logran aumentos por encima de la inflación, podría ser el sector financiero o de estaciones de servicios los que vean reducir sus tasas de ganancias, por cierto, extraordinarias. Aparte del control de precios, es momento de aplicar controles a las ganancias.