No manchen a la Metropolitana

Metropolitana

Por Mara Oliveira. Tras el cruce entre Montenegro y Garré por una oficial detenida en un operativo antidrogas, el Ministro de seguridad porteño pidió que no manchen a la fuerza. La detención se suma a los neonazis y a los casos de gatillo fácil.

Un nuevo escándalo en la Policía Metropolitana. Una oficial de la fuerza de seguridad porteña, Roxana Pereira, fue detenida en un operativo antidrogas en el barrio Ramón Carrillo, donde además se encontró una cocina de cocaína. La detención fue anunciada en conferencia de prensa por la Ministra Nilda Garré el último martes, y al día siguiente, Montenegro le contestó diciendo que era “una exageración” anunciarlo de ese modo y le pidió que “no manchen a la Policía Metropolitana”.

Sin ninguna autocrítica, el Ministro de Macri informó que se está investigando a Roxana Pereira para determinar si está involucrada en el delito. El caso pone sobre el tapete, nuevamente, la formación y la selección de los uniformados que componen la Metropolitana así como el control y los dispositivos frente a delitos, abuso o violencia policial que pueden protagonizar integrantes de la fuerza.

Desde la creación de la policía de la Ciudad, en 2008, el debate sobre la selección de sus integrantes generó polémica. El escándalo y apartamiento de la fuerza por espionaje ilegal de dos de sus jefes, Jorge Fino Palacios y Jorge Chamorro, ambos ex policías federales, no fue un error de selección sino una decisión política, que luego permitió poner la lupa sobre los legajos de los policías que habían ingresado a la Metropolitana.

Según indica el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Metropolitana surge con el traspaso de uniformados de otras fuerzas a la de la ciudad de Buenos Aires. Esa selección estuvo plagada de irregularidades, el 83% de los cargos jerárquicos está ocupado por ex policías federales y la mayoría de ellos comenzaron sus tareas en la Federal en la década de 1970.

Marcela Perelman, coordinadora del área de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS, criticó la falta de control y de datos en muchos de los legajos de quienes ingresan a la fuerza: “si el gobierno decidió crear una nueva policía con un modelo de gestión basado en un sector de la Federal tendría que haberse dado una estrategia de control adecuada”, afirmó a Marcha. Las aplicaciones y la documentación, a la que el CELS tuvo acceso, dejaban mucho que desear: datos incompletos, intervalos de diez años de dejar otra fuerza sin información, entre otros.

Sumarse a la Metro sin ningún control

En agosto de 2010 fue el propio Eugenio Burzaco,  aún a cargo de la Policía Metropolitana, quien reconoció los problemas en la selección de los oficiales. Tras la detención de un jefe de la Metropolitana, Simón Rodrigo, acusado de tenencia de arma de guerra y explosivos en una causa por narcotráfico, Burzaco aseguró que “en algunos casos particulares” hay errores, informando que para esa fecha ya eran diez los oficiales desafectados por “situaciones penales”.

Sin embargo, uno de los casos más graves desde el inicio de la Metropolitana, fue el del policía imputado por la Masacre de Quilmes. Fernando Pedreira, ex bonaerense exonerado de la fuerza provincial e imputado por torturas y muerte de cuatro jóvenes en la comisaría 1ra de Quilmes en 2004, logró ingresar a la Metro truchando el certificado de antecedentes penales y la declaración jurada. Dijo que se había retirado voluntariamente de la Bonaerense y nadie, nunca, pidió su legajo (¿falla de control o error adrede?).

También se abrió una investigación por el comisionado Carlos Alberto Misurelli, Director de asuntos internos quien no atendió a los familiares de los chicos asesinados en Quilmes. Hoy el oficial Pedreira continúa en la Metropolitana, porque el gobierno de la Ciudad no puede despedirlo sin causa.

Otro de los casos paradigmáticos fue en agosto de 2011, cuando la Policía Federal detuvo a un joven que lideraba un grupo nazi que adoctrinaba a menores de edad en prácticas antisemitas. Gabriel Bohdan Sobenkoe era oficial de la Metropolitana  y se había sumado a la fuerza en 2009. La Federal criticó el mecanismo de selección de uniformados a la fuerza y  dijo que era sorprendente que Sobenkoe hubiese superado los controles de selección, teniendo en cuenta que la tendencia antisemita “es algo que se exterioriza con facilidad”.

Pistolas que se disparan solas

Los casos de gatillo fácil y abuso policial que se dieron en la nueva fuerza marcan un patrón y accionar que se repite en otras fuerzas policiales. La mayoría de los casos, al igual que en la federal o bonaerense, suceden cuando los uniformados están fuera de servicio.

Uno de los primeros casos de violencia se dio el 15 de agosto de agosto de 2011 cuando un grupo de jóvenes subió a un colectivo de la línea 79, de madrugada en Avellaneda. Según los testigos, el objetivo era robarles a los pasajeros. En segundos, un policía de la Metropolitana, David Alejandro Barrios comenzó a disparar y mató a Rodrigo Alfredo Romero, de 16 años, y a Ariel Marchioni, de 23. Eugenio Burzaco, elogió la “valentía y profesionalismo para proteger la vida del conductor y los pasajeros del transporte”.

En el mismo mes, un joven oficial de la Metro, Juan José Lisondo baleó en la cabeza a su vecino Francisco Nilda, de 46 años durante una discusión en el barrio San José. Quienes observaron los hechos aseguraron que Nilda tuvo una discusión con el hermano de Lisondo y éste intervino pegándole un tiro.

Sin embargo, el caso más grave fue en el barrio de Chacarita, cuando el oficial  Enzo Fabián Alvarez, de 25 años, le disparó y mató a Bruno Germán Pappa, de su misma edad. Pappa y otro joven habrían intentado asaltar a Alvarez quien estaba fuera de servicio. Discusión, primer disparo de advertencia que sale del arma reglamentaria de la Metro, uno de los jóvenes corre y viene el segundo disparo que lo mata. Dos personas que estaban en la zona fueron testigos del hecho y vieron cómo le disparaba a corta distancia y en la cara. Esto permite presumir que Pappa no representaba un peligro para el oficial en el momento de recibir el disparo que lo deja sin vida. Más tarde, el superintendente de Seguridad Comunitaria de la Metropolitana, Ricardo Pedace, dijo que fue en defensa propia para justificar al policía.

“Lo de Pappa fue una ejecución, lo inmovilizaron y dispararon a matar. Pero lo más grave es la justificación que hacen los directivos de la Policía Metropolitana. El mensaje que se da hacia el interior de la fuerza es muy fuerte. Uno no puede justificar a un policía hasta que no se investiga lo sucedido”, aseguró Perelman.

La impunidad y la violencia como patrón de conducta

La mayoría de las fuerzas policiales no tienen un mecanismo de control externo, que permita investigar y analizar las medidas de una fuerza sin interferencias. En el caso de la Metropolitana se creó una auditoría externa lo que, según Perelman es un “diseño institucional correcto” para la creación de una Policía. Sin embargo, Perelman analizó que, a pesar de la existencia de un organismo de control, en el caso del Indoamericano no funcionó. El fiscal Sandro Abraldes investigó a 33 policías de la Metropolitana que usaron sus armas en el contexto de una toma que intentó ser desalojada violentamente y, durante todo el 2011, la Auditoría consideró que no existía motivo para abrirles sumario a esos efectivos. ¿No había ninguna falta posible en un operativo violento donde estuvieron involucrados estos efectivos que causaron muertes?, se preguntó Perelman. En efecto, nunca se le abrió sumario a los efectivos, que continuaron patrullando las calles y un año después fueron absueltos.

Recordemos que en la causa por el Indoamericano hay pruebas balísticas que demuestran que se utilizaron balas de plomo durante el desalojo violento del Indoamericano, donde murieron Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña. Sin embargo, el fiscal Eliseo Otero sobreseyó a todos los policías sin llamar a declaración indagatoria, mientras avanza la causa contra referentes sociales acusados de ser “instigadores” de la toma en reclamo de viviendas.