Por Mauricio Diaz. El caso de los “narcopolicías” se mete en la campaña cordobesa. La intención del fiscal Enrique Senestrari de investigar otro supuesto suicidio y la situación del periodista Tomás Méndez, que sigue denunciando amenazas mientras las autoridades provinciales guardan silencio.
A pocos días de las elecciones legislativas, hubo varios debates de los nueve candidatos cabezas de listas, en diferentes puntos de la provincia. Siempre de alguna u otra manera la oposición vinculó al delasotismo con los casos de narcotráfico en los que estuvieron involucrados oficiales de la policía cordobesa. Por su parte, el oficialismo evita dar explicaciones sobre la función de sus oficiales y sobre las renuncias que tuvo que aceptar, tanto del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, como del Jefe de Policía, Ramón Frías.
Esta semana, en un acto en la localidad de Río IV, el gobernador José Manuel De la Sota se refirió al tema, con el mismo tinte con el cual se vienen expresando las autoridades de la provincia: la victimización. “Sorprende a veces que solamente en las provincias que tenemos una posición opositora, como Santa Fe y Córdoba, aparecen estos hechos” anunció. “En Buenos Aires, ¿no hay? ¿En Capital Federal no hay? ¿En el resto del país, no hay?”, planteó.
Pero resulta sorprendente la evasión a las preguntas que plantea el periodismo y a las sospechas de la sociedad: ¿Conocía el accionar de Drogas Peligrosas? ¿Sabía de la investigación llevada a cabo por el fiscal Senestrari, que ya llevaba varios meses antes de que salga al aire en el programa ADN por Canal 10? ¿Cómo podría estar ajeno a esta situación? ¿Por qué no llamó al periodista Tomás Méndez, que denuncia haber sufrido amenazas?
Un dato: la proliferación del narcotráfico se viene dando hace ya varios años pero explotó, como en varias provincias, hace tres o cuatro años. De la Sota, es gobernador y Unión por Córdoba, su partido, está en el poder desde 1999.
Otra muerte dudosa
El 17 de septiembre pasado aparecía muerta en un descampado de Villa del Libertador la oficial de policía Damaris Roldán, de 24 años. Con un disparo en la boca y el arma en su mano derecha -aunque, según declaró su hermano, era zurda-. El caso fue investigado por la fiscal María Antonia de la Rúa, quién en estos días recibió la petición del fiscal federal Enrique Senestrari para que le traspase la causa, debido a ciertos indicios que, según el fiscal, hacen dudar de que haya sido un suicidio. La aparición de Roldán en una zona que no frecuentaba, un auto que los vecinos dicen que la oficial abordó, la relación cercana con Alós y el hecho de haber sido subordinada de Rafael Sosa en sus primeros años como oficial en la ciudad de Villa Carlos Paz hacen pensar que no se trataría de un suicidio sino de un asesinato, debido a algo que sabía o que vio. Según la familia de la oficial de policía, era imposible que se suicidara ya que tenía una hija pequeña, disfrutaba de su familia y estaba enfocada en su carrera. No tenía, ni daba indicios de depresión.
La de Damaris Roldán se suma a otras muertes dudosas. Primero fue Juan Alós, en Alta Gracia, quien se vio expuesto en las primeras cámaras ocultas mostradas por el programa ADN, que conduce el periodista Tomás Méndez. Después Martínez, un mecánico que apareció calcinado en su auto, en el paraje de Tanti la semana pasada. Tiempo atrás se había allanado su taller por una causa de drogas y los investigadores piensan que fue un ajuste de cuentas. Al día de hoy, todavía no saben cómo explotó el auto.
“No la estamos pasando bien”
El miércoles por la tarde en la ex Plaza Vélez Sarsfield, un gran número de vecinos de la ciudad de Córdoba se juntaron para dar su apoyo al periodista Tomás Méndez, quien dio a conocer la trama de funcionarios policiales y narcos en la provincia de Córdoba. Ese mismo día al mediodía, en el gremio que nuclea a los trabajadores de prensa, el CISPREN, el periodista brindó una conferencia de prensa donde denunció amenazas. Además, mencionó los problemas familiares que enfrenta por dicha situación, que lo obliga a tener dos gendarmes de custodia permanente. Destacó que el CISPREN es el primer organismo oficial que le dio apoyo. Méndez denunció también que le llegaron versiones de miembros de fuerzas especiales acerca de que se estaría contratando gente para “darlo vuelta”.
Mientras la situación judicial sigue su camino, el lunes 21 se decidirá si Drazile sigue en la causa por la muerte del oficial Juan Alós. Lo evaluará el juez de Control de Alta Gracia, Carlos Granda Ávalos. Desde la fiscalía de Senestrari trascendió que reciben 3 o 4 denuncias diarias relacionadas con el caso. Siguen apareciendo cabos sueltos y las balas pican cada vez más cerca del poder político.
La campaña fue calificada por el gobernador De la Sota como sucia. En un acto de necedad pura, dijo que esta causa es netamente política, obviando pruebas, detenciones y la aparición sin vida de dos oficiales que tuvieron relación directa o indirectamente con la División Drogas Peligrosas.