Por Martín Ogando. El gobierno avanza con una serie de medidas económicas con la clara intención de aprovechar el espaldarazo electoral del 23 de octubre. La revisión integral de la política de subsidios pone en debate uno de los pilares del modelo.
En el día de ayer, Amado Boudou (ministro de Economía y vice-presidente electo) y Julio De Vido (ministro de Planificación) anunciaron la conformación de una comisión especial que revisará integralmente la política de subsidios a los servicios públicos. En lo inmediato serán eliminado los vinculados a una serie de actividades consideradas de “alta rentabilidad”: entidades financieras, juegos de azar, aeropuertos internacionales, puertos fluviales de pasajeros, telefonía móvil de jurisdicción nacional, minas y extracción de hidrocarburos.
Los subsidios han sido uno de los pilares fundamentales de una política que buscó conciliar el mantenimiento de una fuerte rentabilidad empresaria con altos niveles de consumo en los sectores populares y las clases medias. El impacto de un aumento de tarifas en los bolsillos del pueblo hubiera malogrado esa posibilidad al tiempo que disparado aún más los índices inflacionarios. En este sentido, de las últimas mediadas anunciadas por el Gobierno, esta es la de implicancias más profundas. Los subsidios han sido cuestionados duramente por ambos flancos . Los economistas ortodoxos han puesto el grito en el cielo por el cuantioso gasto público que representan y la distorsión que suponen para el funcionamiento del llamado libre mercado. Desde la izquierda y el progresismo se ha criticado la transferencia de recursos a las grandes empresas y se ha bregado por su direccionamiento hacia los usuarios o directamente por el control estatal de estas actividades. No es sencillo apreciar todavía cuál será el sentido definitivo de las medidas del Gobierno pero sí está claro cual es su objetivo: recuperar el superávit fiscal, una de las joyas más preciadas del kirchnerismo. En el mismo sentido apunta el traspaso del subterráneo a la Ciudad de Buenos Aires que implicaría un ahorro de 700 millones de pesos para el Estado nacional.
Si ponemos el foco en las medidas anunciadas ayer pudiera pensarse en un acto de justicia. La eliminación de los subsidios a actividades tales como las finanzas, la minería, las petroleras o los aeropuertos internacionales aparece como una mínima reparación que, sin embargo, devela lo que hasta aquí fue una inequidad vergonzosa. Empresas de altísima rentabilidad beneficiándose de un erario público que luego se presenta flaco a la hora de atender a los salarios estatales o al pedido del 82% móvil para los jubilados.
Sin embargo, la bienvenida que diversos sectores del establishment político y económico prodigaron a los anuncios tiene un sentido claro: sueñan con avances sustantivos en la eliminación de los subsidios al consumo final de agua, gas y electricidad. Por supuesto que allí se mezclan análisis con operaciones descaradas y deseos con realidades, pero hay datos inquietantes. Por un lado, los papeles bursátiles de compañías energéticas como Edenor, Pampa Energía, Transportadora Gas del Norte, Transener o Central Costanera mostraron fuertes alzas tanto en la bolsa porteña como en Wall Street. Y ya se sabe, lo que alegra a los mercados suele significar malas noticias para el argentino de a pie. Por otro lado, los 600 millones de pesos que se ahorrarán con las medidas ya anunciadas parecen una cifra irrisoria comparada con los 71.925 millones de pesos que se gastarán en conceptos de subsidios durante 2011. Si el objetivo central del Gobierno en contener el déficit fiscal, y no hay dudas de que lo es, lo anunciado parece insuficiente.
La eliminación completa de los subsidios tendría efectos catastróficos sobre la economía doméstica. Un usuario residencial que hoy abona 44 pesos por su consumo de energía eléctrica pasaría a pagar 128 pesos, es decir, casi el triple. Justamente por eso una medida de ese tipo parece una opción poco probable. Boudou adelantó algo de lo que se viene: él, que vive en Puerto Madero, no debería ser beneficiado por un subsidio. ¿Cómo se aplicará el criterio de subsidios sólo para quiénes lo necesiten, algo que, a priori, parece de una lógica irrefutable? ¿Quiénes estarán dentro y quiénes fuera? Estos interrogantes generarán seguramente una fuerte inquietud en las próximas semanas.
¿Esto recién empieza?
Estaba cantado. La nueva gestión de Cristina Kirchner tenía que tomar medidas de política económica para afrontar la tensión creciente en una serie de indicadores clave. La lista de pendientes incluye problemas con la balanza de pagos, un deterioro paulatino de las cuentas públicas y una presión sostenida sobre el dólar. Y si alguien pensó que Cristina Kirchner haría “la plancha” para arribar a un plácido y triunfalista 10 de diciembre, no aprendió nada de estos últimos 8 años. La doctrina de la iniciativa permanente, de pegar primero para pegar dos veces, le ha jugado a este Gobierno alguna mala pasada, es cierto, pero también lo ha llevado a ese 54% de apoyo electoral y a la pulverización de sus opositores. Y el momento escogido para los anuncios es particularmente propicio por dos motivos: por la evidente cercanía de la mentada paliza electoral y porque el final de un ciclo permite pensar en algunos fusibles a ser reemplazados si algo falla.
Por supuesto que aún es difícil pronosticar lo que vendrá. Clarín y La Nación, estimulados por las medidas gubernamentales, comenzaron ya a editorializar sobre la necesidad de un ajuste fiscal generalizado. Por ahora no parece lo más probable. La necesidad tiene cara de hereje pero este Gobierno ha mostrado poca inclinación al suicidio. Por otra parte, si bien se impone atender a ciertos desequilibrios preocupantes, la situación no es crítica ni mucho menos. Las reservas del Banco Central siguen siendo cuantiosas (aunque en paulatino retroceso), la relación entre deuda externa y PBI es la más baja de los últimos 15 años (32,2%) y la soja mantiene un buen precio internacional a pesar de sus recientes caídas.
Los factores que habrá que barajar son múltiples. Las medidas de control sobre el mercado cambiario lograron aparentemente morigerar el drenaje de reservas del BCRA pero están lejos de resolver la cuestión de fondo. Para colmo, en la misma semana, y en el marco de la interna por su sucesión, Moyano volvió a la carga con el reparto de los beneficios empresarios y, en boca de su hijo Pablo, con la elevación del mínimo imponible para el impuesto a las ganancias.
En este marco, lo más probable es que el Gobierno intente recrear, bajo nuevas condiciones, el movimiento pendular que caracterizó sus dos mandatos. Ni ajustes salvajes ni arrebatos nacional-populares son previsibles en el corto plazo. Es cierto, sin embargo, que algunos indicadores económicos pueden angostar el desfiladero y acelerar decisiones más antipáticas. Sea para un lado, sea para el otro.