Nisman. La muerte como moneda de cambio

Nisman. La muerte como moneda de cambio

Por Orlando Agüero. A una semana de la muerte del fiscal Nisman, entre el derrotero de conjeturas y suposiciones que inundan los medios de comunicación, unas líneas que apuntan a la historia de crímenes mafiosos en nuestro país.

En el caro, selecto y vigilado barrio porteño de Puerto Madero, tenía su departamento el funcionario judicial que fue encontrado muerto el fin de semana anterior. El Fiscal Alberto Nisman tenía a su cargo la investigación del atentado terrorista, sufrido en la Argentina el 18 de Julio de 1994, donde murieron 85 personas producto de la explosión de la AMIA.

Desde que se conoció la noticia de que un tal Fiscal Nisman denunciaba a la Presidenta de la Nación y al Canciller por encubrimiento en el caso del coche bomba en la mutual judía, es que pudimos visualizar el tenor de la disputa política que toma como campo de batalla este 2015, y como posible zona de exclusión a todo el territorio argentino. El escenario que se nos presenta vuelve a anunciar un mecanismo que se reitera; que, aunque renovado, desempolva viejas recetas que nunca tuvieron felices finales.

Sin dudas que haberlo encontrado sin vida es un hecho sumamente grave, no solo por la cuestión humana, sino que tanto el tenor de la denuncia, como lo importante de la causa, son dos elementos fundamentales para que esto se convierta en algo de imprescindible investigación. Pero además, ese lunes 19 de enero estaba citado por los diputados del Congreso Nacional para pronunciarse acerca de la denuncia.

A una semana de su muerte, la carátula del caso sigue siendo “Muerte dudosa” y las pericias ordenadas por la Fiscal Viviana Fein siguen avanzando hacia la construcción de algo que tenga forma. Es decir que aún se esperan las respuestas acerca de si el proyectil corresponde al arma encontrada en la escena del crimen, pistola prestada por uno de sus colaboradores, que ya fue llamado a declarar y que tiene custodia policial así como el ex agente de inteligencia, Jaime Stiusso, uno de los supuestos consejeros del fiscal. Los resultados seguramente aportarán información importante para determinar las causas que originaron este desenlace, sin embargo los datos de la investigación parecen haber entrado en un oscuro espacio en donde reina el secreto.

De todos modos, no podemos dejar de pensar en qué hay detrás del telón que cubre el interior de estas escenas de las que somos testigos. En que si detrás de esto están las manos de organismos de inteligencia de las potencias mundiales, sea la CIA y/o la Mossad u otras. También, en que si esto es así, debemos tomar conciencia sobre hasta qué nivel estamos expuestos a intervenciones extranjeras en nuestro país. Y tampoco es que no nos hayamos dado cuenta hasta ahora. Es que cada acontecimiento de esta índole nos pone cada vez más de cara contra la cruda realidad.

Pero si además le agregamos que una operación de estas características precisa de base local, podemos entender entonces cómo es que las mafias vernáculas controlan espacios territoriales y políticos, o por lo menos tienen capacidad de operación tanto en los barrios más pobres, como en los más elitistas. Si fuese el gobierno quien hubiera dispuesto el silencio del denunciante, estaría amarrándose una soga al cuello, ya que la implicancia del caso podría tirar por tierra las expectativas de quien quede como responsable de semejante caso. En relación a la posibilidad de suicidio, ya sea inducido por algún tercero o no, deja al descubierto la laxitud en los controles, en el cuidado y en la seguridad personal y política del fiscal.

El estigma de la muerte

Si tomamos algunos datos de nuestra propia historia podemos advertir que el recurso de la muerte tiene una presencia implacable en distintos momentos de nuestra vida como pueblo. La Dictadura Militar ha sido la expresión más emblemática en la aplicación de esta forma para resolver el problema de la política e instaurar un modelo de país a la medida de las grandes corporaciones locales y extranjeras. Pero no ha sido solo patrimonio de los gobiernos de facto, sino que en democracia también tenemos precedentes. Es así que si recordamos el caso del asesinato de José Luis Cabezas 18 años atrás, el 25 de enero de 1997, durante la gobernación de Eduardo Duhalde, en General Madariaga, Provincia de Buenos Aires, nos damos cuenta de cómo en el sistema de derecho también se administra la muerte. En aquella oportunidad, la aparición del cadáver calcinado del reportero gráfico fue un claro mensaje mafioso para que el gobernador definiera su política a favor de los sectores más duros de la Policía Bonaerense, aquellos que venían manteniendo los negocios sucios en las calles de la provincia.

El método utilizado de “arrojar un cadáver” para resolver una interna sin dudas que tiene antecedentes. Tal es el caso de Rosendo García, quien era activista de la Unión Obrera Metalúrgica, mano derecha del Secretario General del Sindicato y la Central Obrera, Augusto Timoteo Vandor. Rosendo venía en crecimiento y podría haberlo desplazado de la conducción de la CGT oficial de aquel momento. Corría el año 1966 y en un tiroteo, García cayó muerto. Rodolfo Walsh describió el caso en su libro Quien mató a Rosendo. El hecho es que una muerte fue la que se puso sobre la mesa a la hora de la resolución de una interna política.

Las internas del año electoral

Es por esto que huele tan mal. La utilización de la muerte como moneda de cambio para resolver internas, sobre todo en un año sumamente electoral como el actual, es lo que le agrega un tufo supremo a toda esta madeja, para que su complejidad aporte a no ser comprendida realmente y que sólo genere confusión.

Sin embargo, la percepción popular en este caso no se equivoca. Es que la intuición del pueblo pregona otra vez cómo es que nos encontramos tan al descubierto, a la merced de todas estas mafias locales e internacionales y de cómo el método de “te tiro un muerto” se sigue utilizando sin pudor, como forma de “resolver” la disputa política. En esta oportunidad, la interna de los servicios de inteligencia locales, sumados a las operaciones políticas desplegadas en este año de elecciones, se llevan puesto al fiscal Nisman, entre medio de la causa AMIA, que cumplió veinte años sin responsables y con dudosas investigaciones que no conforman a nadie, mientras que diariamente, en lo que va de 2015 y solamente en la ciudad de Rosario, ya suman 22 los jóvenes asesinados por los entramados mafiosos locales.

Finalmente, todas las situaciones similares que se sucedieron a lo largo de nuestra historia demuestran en más de una oportunidad que este recurso no resuelve ningún punto de las disputas ni las contradicciones políticas, al contrario, las profundiza al nivel de poder quebrantar las iniciativas de la hegemonía instalada en los medios, en la justicia y en la clase política.