El gobierno español insiste en negar que el préstamo de 100 mil millones de euros que recibirán los bancos ibéricos tenga consecuencias para los ciudadanos. La realidad parece distinta.
Mientras el primer ministro español, Mariano Rajoy, festeja lo que logró imponer mediáticamente como un triunfo de su gestión ante las presiones europeas, los españoles sacan cuentas del costo del rescate anunciado el pasado 9 de junio, que ayer comenzó a consolidar su forma. En la teleconferencia de ministros de economía de la zona euro del sábado, se acordó la conceder a la banca privada española un “préstamo” de alrededor de 100 mil millones de euros para reavivar el sector financiero ibérico en crisis y fomentar nuevas líneas de crédito internas. Según el gobierno de centro-derecha, se trató de una victoria diplomática. “A mí nadie me ha presionado, y no sé si debería decir esto, pero el que ha presionado he sido yo porque quería una línea de crédito”, afirmó Rajoy tras definirse “muy satisfecho” por el resultado logrado.
El ejecutivo insistió mucho en negar que se trate de un rescate. El mismo Rajoy aclaró que se trata de “una línea de crédito para nuestro sistema financiero” y que “el rescate tiene consecuencias para la sociedad española”. Sin embargo, analizando el memorándum final presentado tras la reunión, existen una serie de puntos que hacen pensar que el “préstamo” va a tener serias consecuencias para la sociedad española. En primer lugar, el dinero llegará a los bancos privados a través del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB) bajo la forma de “inyección de capitales”, no como préstamo, lo cual desliga a las entidades financieras del pago de intereses. En este punto, el acuerdo es muy preciso: “el gobierno español será totalmente responsable de la ayuda financiera y quien firmará el memorándum de entendimiento”. Si se estima que los intereses de préstamo alcanzarán el 3 o el 4%, el Estado español deberá garantizar que los bancos devuelvan en tres años los 100 mil millones de euros y además pagar entre 9 mil y 12 mil millones de euros de fondos públicos. Pero no termina aquí. El comunicado de la Unión Europea que acompaña el memorándum, aclara que la UE “seguirá muy de cerca y regularmente el cumplimiento por parte de España de los objetivos de déficit comprometidos ante Bruselas”. Esta es la obligación pactada por los 27 miembros de la UE de reducir su déficit fiscal al 3% de su PBI para finales de 2013, un objetivo que varios países ya han anunciado como imposible de alcanzar. Es decir que, además de tener que hacerse cargo de los intereses de la “ayuda”, y por ende engrosar su deuda pública, España deberá cumplir al pie de la letra los requerimientos del pacto fiscal de la Comisión Europea. Si no, el préstamo se cae.
Sin que aún se haya aclarado el rol del FMI en el asunto, queda claro que el gobierno deberá someterse a los condicionamientos europeos si quiere sostener este “triunfo”, lo cual se traduce en los condicionamientos políticos a España que menciona la prensa europea. “No son los bancos, es España quien recibe el dinero”, aclaró el ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, al finalizar la teleconferencia. Su connacional Klaus Regling, consejero delegado del actual fondo de rescate europeo, remató explicando que “todos los instrumentos de ayuda van acompañados de las condiciones pertinentes. A ningún país beneficiario le sale gratis”.
En toda Europa, los sectores liberales y conservadores festejaron el funcionamiento de un mecanismo que no existía hasta hace muy poco. Es decir, que la Unión Europea logró, hasta ahora, tapar a tiempo los agujeros causados por la crisis, creando fondos de rescate e imponiendo condiciones por lo general aceptadas por los gobiernos de los países más afectados. La idea de una “Europa a dos velocidades”, sugerida por la canciller alemana Angela Merkel parece tener buena recepción en la esfera política de la UE y las novedades madrileñas sonríen a esta tendencia. Sin embargo, quedan aún problemas muy espinosos a enfrentar. El caso griego es uno de los más importantes. Con las elecciones previstas para el próximo fin de semana y una fuerte posibilidad de victoria de la izquierda radical (Siryza), Grecia es la bomba de tiempo que podría desbaratar los planes de Merkel. El rescate al sector financiero español reavivó la discusión interna en torno a la renegociación del ajuste impuesto por la Troika a los helenos. Junto con Portugal e Irlanda, Grecia recibió diferentes “paquetes de ayuda”, tanto al sector financiero como al sector público, a cambio de reformas estructurales en su economía que se concretaron en despidos masivos y achicamiento del Estado frente al mercado. Ante este nuevo pacto con España, los demás países en crisis ven cerrar las puertas a la renegociación con la excusa de que el español ‘no es un rescate’, ya que los beneficios sólo atañen a los bancos privados. Esto aumenta aún más los resquemores internos que causa la conducción alemana en este proceso, y en el caso de Grecia esto se podría transformar en el primer batacazo relevante para la UE.