“No son motines”. Un panorama nacional del estallido carcelario

Tras el estallido carcelario, el viernes pasado, un repaso por algunos de los penales del país. A la protesta de los presos y las presas por sus derechos se decidió responder con balas y castigos.

Por Vivian Palbmaum y Laura Salomé Canteros* / Foto: gobernación Mendoza

El viernes pasado, con huelgas de hambre, batucadas y medidas de protesta pacíficas, presos y presas de cárceles y otros lugares de detención del país decidieron derribar, una vez más, los muros que parecen separarles. Exigieron se respeten derechos básicos a pesar del miedo, la preocupación e incertidumbre de sus familiares. Poniendo frente a la opinión pública situaciones coyunturales y carencias históricas: sobrepoblación y tratos crueles e inhumanos en épocas de pandemia y de la paradoja del encierro como privilegio.

A un sistema penitenciario en crisis se sumó el peligro de contagio de COVID19. La movilización de lxs presxs para defender el derecho a la vida obligó a autoridades a que se implementaran medidas urgentes y movilizó a gabinetes ministeriales de Nación y provincias frente a la inacción de jueces y la represión de agentes del Servicio Penitenciario. 

La intervención de organismos de Derechos Humanos en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) fue clave para que se tenga en cuenta la situación de las personas detenidas en función de su edad, la preexistencia de enfermedades, de la madres y otras situaciones potenciales que aumentan el riesgo frente al coronavirus. De esta forma, el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires otorgará la prisión domiciliaria a unxs 2.300 presxs que integran los grupos de riesgo, que están a punto de cumplir sus condenas o están encerradxs por delitos menores.

Un panorama nacional

Río Negro. En Choele Choel, las protestas comenzaron tras la confirmación del positivo de COVID 19 de un trabajador de la salud el pasado 9 de abril, quien luego falleció. Desde entonces, se tomaron varias medidas de aislamiento pero los presos siguieron denunciando el abandono y la falta de protocolos sanitarios frente a la pandemia.

La Rioja. Hace pocas horas se iniciaron medidas de protesta en los pabellones 6, 7, 8, 10, 11 y 12. El reclamo fue pocas horas después de la muerte de otro detenido en un episodio más que confuso. Policía y fuerzas de seguridad reprimieron a familiares y la ministra Gabriela Asis confirmó 18 heridos, entre presos y personal del servicio penitenciario. 

Mendoza. En la cárcel de Borbollón, las mujeres privadas de su libertad protestaron durante cinco días. El viernes 24, al igual que en otros penales, exigieron medidas de protección; sin embargo, la respuesta fue la represión con balas de goma y además el ingreso de agentes de otra cárcel de la provincia. Como consecuencia, cinco mujeres terminaron heridas, una de gravedad; según pudo constatar el Comité de Prevención de la Tortura. “El reclamo de las mujeres tiene como fundamento el incumplimiento del Habeas Corpus resuelto en el marco de la pandemia”, ratificó el Comité en un comunicado que contradijo la versión de la gobernación de la provincia que afirmó que no hubo heridas tras la represión. Tras el “ruidazo” -protesta golpeando puertas-, pudieron acceder a teléfonos celulares.

En el Complejo Penitenciario de Boulogne Sur Mer, el Comité provincial realizó entrevistas a las personas privadas de su libertad que están en huelga de hambre, una medida de fuerza que lleva 15 días. Se constató que no hubo respuestas a los pedidos por parte de las autoridades que son tres: celeridad en el otorgamiento de prisiones domiciliarias a personas que integran grupos de riesgo enmarcados en el COVID 19; pronta resolución de trámites de libertad asistida y condicional; y aplicación de protocolos de salud en los complejos penitenciarios. La mesa intersectorial de diálogo aún no ha sido conformada.

Corrientes. El martes 21 en la Unidad 1 de Corrientes capital, el Servicio Penitenciario reprimió la protesta que realizaron los detenidos de manera brutal. La protesta, que se inició el lunes pasado con una huelga de hambre en demanda de la aplicación de libertades anticipadas y prisión domiciliaria a quienes integran grupos de riesgo. Como consecuencia de la represión uno de los detenidos resultó muerto y 14 personas heridas

Chaco. El domingo 26 por la noche iniciaron una huelga de hambre la totalidad de quienes habitan la Unidad Penal 11, unos 450 detenidos y en el Complejo Penitenciario Federal en demanda que se tomen las medidas sanitarias y de protección necesarias, con demandas similares a las demás unidades penitenciarias.

Santa Fe. Desde el domingo 26, los presos de las cárceles de Piñero y Coronda, se encuentran en huelga de hambre. Fue tras el acuerdo al que llegó la mesa de diálogo en la cárcel de Devoto y en exigencia al poder judicial de que “no hagan abandono de persona”. Así lo manifestaron a través de las banderas que colgaron en los pabellones: “No estamos condenados a muerte” y “Huelga de hambre pacífica por nuestros derechos”. En la Unidad 11 de Piñero, quienes están al frente de los reclamos son los presos de los grupos de alto riesgo en la salud.  

Buenos Aires. El Servicio Penitenciario Bonaerense asesinó el miércoles 22 a Federico Rey en la Unidad Nº 23 de Florencio Varela. Por su parte, en la Unidad Penal Nº 1 de Corrientes el Servicio Penitenciario local mató a José Candía. El Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires relevó a la cúpula penitenciaria de la Unidad 23 de Florencio Varela. La autopsia determinó que Federico Rey fue asesinado de 8 impactos de bala, al menos uno de plomo.

Aún se desconoce las medidas que tomará el ejecutivo provincial que tiene la responsabilidad de salvaguardar la vida y la integridad de las personas privadas de su libertad frente a los abusos a los que se ven sometidos por las fuerzas que están a su cargo. Mientras lo piensan, no estamos todas, porque la represalia recayó sobre una de las más vulnerables: en la U40 de Lomas de Zamora, Magaly Saraco de Medina, quien fue sacada de su celda de manera ilegal y depositada en los buzones de castigo, dónde en la madrugada del día de hoy apareció sin vida. El Servicio Penitenciario intenta instalar la conocida hipótesis del suicidio frente a las prácticas ilegales de los buzones de castigo.  

Desde la Unidad Nº 17, Pabellón 1, de Urdampilleta, también en huelga de hambre pacífica, se escuchó la voz que traspasó los muros, y que con el código en la mano dice “solamente estamos reclamando por nuestros derechos, estamos pidiendo lo que está establecido en la Constitución Nacional y en el Código Penal. Morigeraciones y excarcelaciones preventivas por el coronavirus. Nosotros queremos hacer la protesta de manera pacífica, no queremos llegar a lo que pasó en otras unidades, no queremos la muerte de ningún otro pibe, por eso venimos de manera pacífica a hacer eco de lo que nos corresponde”. Las voz de los presos aludió al fallo de los doctores Violini y Borinsky, de la Cámara de Casación Penal de La Plata, que ordenaron que se aplique el beneficio de la excarcelación a las personas que se encuentran en grupos de riesgo, por edad y porque están cercanas a cumplir la pena para disminuir el riesgo de contagio que puede haber. “Si ingresa el virus morimos todos, es un genocidio lo que puede pasar acá”. Por el reclamo que llevan adelante en ese pabellón, los detenidos están “engomados”, en la celda como castigo. Además hicieron notar que la trasmisión de la enfermedad a la población carcelaria podría llegar solamente vía el Servicio Penitenciario, “porque nosotros desde acá no nos movemos”.  

También se sumaron al reclamo, la Unidad 33 de Florencio Varela, la Unidad 15 de Batán, la Alcaldía de Campana, la Unidad 5 de Dolores, la Unidad 27 Pabellón 3, la Unidad 57 Pabellón B5, la Unidad 37 de Barker, los buzones de la Unidad 28, la Unidad 46 Pabellón 1 y 2 de San Martín, la Unidad 48, Pabellón 9 de San Martín. También la protesta se extendió a las unidades de mujeres: Unidad Nº 54 Pabellón 1 de mujeres, Unidad 33 y 8, en donde hay pabellones de madres, donde las mujeres están detenidas cumpliendo la condena con sus hijes. También en la Unidad 4 de mujeres de Ezeiza, las presas hicieron un reclamo pacífico para que se respeten sus derechos.

Tal como reveló el comunicado, el viernes pasado, “el motivo de los reclamos fue que en estos días se confirmó que un detenido de la Unidad Penitenciaria N° 42 de Florencio Varela tiene COVID-19 y hasta hace pocas semanas había estado alojado en la Unidad N° 23, de la misma localidad”.  Además mencionan que se sospecha de un caso de COVID-19 en el penal de Melchor Romero y se  teme que haya más casos que no se estén dando a conocer. Hace pocas horas se reveló que uno de los detenidos que falleció en la protesta de Devoto también estaba infectado por el virus, lo que significa una situación de extrema gravedad. Tampoco los protocolos de resguardo se vienen respetando. 

La protesta en Devoto, la presencia de familiares y organismos y la presión de  organizaciones lograron que se firmara un acuerdo para una mesa de diálogo que se inició el sábado pasado. Estuvieron presentes jueces de la Cámara de Casación, el Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representantes del CNPT y Procuración Penitenciaria, Defensoría General de la Nación, PROCUVIN, CLPT CABA y representantes de los pabellones de los módulos I, II, III, V y VI del complejo. Se entabló un diálogo donde se escuchó la voz de los internos alojados en los pabellones que propusieron como primera medida concreta “que se considere que lo que aquí se trata abarca el universo de alojados en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, por lo que no solo era un tema de la Cárcel de Devoto (Complejo penitenciario federal de la CABA) y los temas tratados se comunicarán al resto de la población penal del país del sistema federal”. Al finalizar la mesa, los delegados de los pabellones sometieron a consideración de sus compañeros, con una lectura a viva voz, de lo resuelto en este primer encuentro.

Algunas de las demandas de las protestas que continúan son: domiciliarias para grupos de riesgo; libertades condicionales para quienes están con plazo cumplido y/o que están a poco de cumplirlo y no fueron condenadxs por delitos violentos, cortar con lo que llaman “abuso de preventivas”. También: garantizar condiciones dignas para quienes habitan las cárceles (materiales de profilaxis, turnos no recargados y atención sanitaria). El reclamo es claro: no lleguemos tarde a las cárceles. La situación se suma a la crisis del sistema penitenciario en su conjunto, con sobrepoblación, falta de acceso a la salud, la higiene, el trabajo y la educación, con alimentación insuficiente, falta de colchones que obligan y muchas otras violaciones de derechos elementales para la vida digna, porque el único derecho del que lxs presxs están privados es el derecho a la libertad.

A esto se respondió con balas de goma, gases lacrimógenos y la amenaza de detención ya que, en las inmediaciones de Devoto, por ejemplo, familiares se hicieron presentes para pedir que cese la represión dentro del penal y garantizar la integridad de quienes realizaban la medida de protesta. Con un comunicado, las organizaciones exigieron que cese la represión y que se garantice la integridad física de lxs detenidxs en distintas unidades.

Doble vulneración

En los últimos años, en Argentina se ha podido observar un crecimiento exponencial del encarcelamiento de mujeres trans y travesti. Los últimos datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), dan cuenta de una creciente criminalización hacia este colectivo por la ley de 23.737, ya que siete de cada diez se encuentran privadas de su libertad por infringir la ley de estupefacientes. Para finales del 2018, el 76 % se encontraba detenida sin condena firme. Entonces, la ley de drogas actúa de forma discriminatoria y desproporcionada contra las mujeres trans y travestis, dejándolas expuestas a múltiples situaciones de violencia institucional en las cárceles.

Para las travestis y las mujeres trans privadas de libertad, la Ley de Identidad de Género no se tradujo en mejoras en las condiciones y calidad de vida en las cárceles. Deudas que son vulneraciones de derechos, actos de discriminación y violencias hacia este colectivo por motivos de identidad de género; tales como la ruptura de vínculos familiares, con amigues y con la comunidad, y servicios de educación y salud inadecuados. Dentro de las cárceles y como castigo, las mujeres trans son transferidas frecuentemente de una prisión a otra por exigir sus derechos y pueden ser ubicadas en áreas donde existen peores condiciones. De este modo, el acceso al derechos a la educación, capacitación y otros servicios es limitado.

Por eso, la emergencia es también considerar la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las personas que están doblemente vulnerables: para travestis, trans y no binaries no hay tiempo. Son un grupo de riesgo que padece las múltiples consecuencias en sus cuerpos golpeados por una histórica marginación. Es una necesidad que se halla invisibilizada y que necesita una pronta resolución por parte de jueces y ejecutivos.

La pandemia es el encierro sin derechos

*agradecimientos: Periodismo Explícito (Mendoza) y Cartago TV (Río Negro)