#NoNosOlvidamosDeLucía: memoria feminista contra el odio antiderechos

Se realizó un masivo tuitazo: #NoNosOlvidamosDeLucía, para ejercer la memoria feminista contra las personas y las instituciones que no garantizan derechos. Se repudió todo lo que representa el médico Jorge Alberto Maciel, al anunciarse una serie de charlas en universidades y hospitales estatales. Lucía, una niña de 11 años, estuvo cautiva de la decisión de las y los trabajadores de la salud pública de Tucumán de no garantizar el derecho de acceder a la salud e intimidad ante la solicitud de un aborto legal a principios de este año.

Por Redacción La Tinta / Foto: Colectivo Manifiesto

 

Jorge Maciel, integrante de “Médicos a favor de la Vida”, publicó, en su cuenta de Twitter, supuestos documentos del Hospital del Este en el que se constaría el protocolo quirúrgico, el protocolo anestésico y las indicaciones a la niña. Por ello, tiene una denuncia penal realizada por la familia de ella. La posición ideológica de Maciel es oponerse a los derechos consagrados en la Constitución Argentina. No sólo lo demostró en manifestaciones callejeras, sino que también mediante el apoyo público al médico neuquino Leandro Rodríguez Lastra durante el juicio que, finalmente, lo encontró culpable por negar un aborto no punible a una joven víctima de una violación.

Un país lleno de niñas forzadas a gestar, parir y maternar

Luego de sentir tan cerca la posibilidad de conseguir la Ley para la Interrupción del Embarazo, arrancamos el año 2019 enterándonos de la historia de una niña de 11 años que quedó embarazada, producto de la violación ejercida por el novio de su abuela, este desagradable señor que tenía, en ese momento, 65 años. Lucía pidió, en reiteradas ocasiones, que se termine esa gestación, incluso, llegó a decirlo con mucha claridad: “Sáquenme esto que me puso adentro el viejo”. Pero fue obligada a continuar hasta que terminó en una cesárea y con la muerte del bebé a los 10 días del procedimiento.

Dos meses después de la solicitud de interrupción legal del embarazo, su madre Sol contó en primera persona las torturas a las que fue sometida Lucía durante casi más de 15 días por parte del sistema provincial de salud con el apoyo de la Iglesia. Le negaron el acceso al aborto legal, le metieron miedo e, incluso, la amenazaron de que la niña podría morir en el intento de aborto y que Sol sería la culpable.

Parece un cuento de terror, pero no es ficción, es la realidad misma del Hospital del Este de Tucumán. Un sacerdote le dijo que dios no quería muerte y fuera del hospital los grupos religiosos fanáticos y antiderechos se convocaban para amedrentar y violentar a la familia. El Arzobispo de Tucumán, a través de un audio, difundió el verdadero nombre de Lucía y los abogados antiderechos también brindaron declaraciones a la prensa con su identidad real.

 

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Denuncias que vienen y que van

Jorge Maciel es el profesional de la salud que difundió la historia médica de Lucía por las redes sociales y, luego, con un grupo de abogadxs antiderechos de Tucumán, realizaron una denuncia penal contra José Gigena y Cecilia Ousset, los profesionales que llevaron adelante la cesárea que terminó con la gestación forzada de Lucía. La ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla; el secretario de SIPROSA, Gustavo Vigliocco; la directora del hospital donde estuvo internada la niña, Beatriz Ávila, y la jefa del Servicio de Ginecología, Tatiana Obeid, también fueron denunciadxs por incumplimiento de los deberes de funcionarixs públicos.

Maciel es la figura que representa a todas las instituciones estatales que obstaculizaron el acceso a la interrupción legal del embarazo. El rechazo a él vuelve con fuerza en tanto se anunció que tiene previsto dar charlas en hospitales públicos, el Colegio de abogados y Facultad de Medicina de Tucumán, como si su accionar tuviese que ser reconocido y fuese merecedor del elogio público.

Tucumán es la única provincia del país que no está adherida a la ley nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673). Tampoco está adherida al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (parte de la misma ley) y tiene una de las tasas más altas del país de embarazo adolescente: el 17,8% de los embarazos son de menores de 19 años.

Durante 2017, hubo, en la provincia, 4.231 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. Además, hubo 137 partos de niñas menores de 15 años, la mayoría son embarazos infantiles forzados como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violencia. Debido a estos índices, Tucumán fue declarada provincia prioritaria por la intervención del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA).

 

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Un Estado provincial que viola Derechos Humanos

CLADEM (Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y ANDHES (Abodados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), manifestaron su profunda preocupación por el desempeño del sistema público en toda esta situación. Esta violación a la intimidad de Lucía muestra la clara intención de los sectores antiderechos de castigar socialmente a la niña y perseguir a quienes garantizan derechos.

El caso de Lucía pone al descubierto la cantidad de violencias y violaciones a los derechos humanos de niñas y mujeres que buscan acceder al Aborto no punible en Argentina, no sólo por parte del Estado, sino también por sectores que proclaman defender las dos vidas, pero que, en realidad, buscan violentar y disciplinar a las mujeres.

No es la primera situación de vulneración del derecho a la privacidad de la niña. No les interesa su vida, solo castigarla por su decisión de interrumpir su embarazo. Lucía fue violada, sufrió la tortura del Estado que la quiso obligar a ser madre y, ahora, la continúan persiguiendo quienes dicen preocuparse por ella.

La Organización de las Naciones Unidas y otros organismos Internacionales también manifestaron su preocupación y condenaron al Estado argentino por el caso Lucía. Desde Naciones Unidas, consideraron que las restricciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos mientras que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará condenó la violencia institucional a la que fue sometida la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela en Tucumán.

A partir de información brindada por el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) se instó al Estado argentino a garantizar, de manera oportuna, el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) de acuerdo con la normativa vigente.

 

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