Nueva movilización de empresas recuperadas en defensa del trabajo y contra el tarifazo

Por Mario Hernandez/ Foto por Marina Carniglia 

Desde las 10 de la mañana de hoy, empresas recuperadas se movilizarán frente las políticas que el gobierno nacional ejecuta contra el sector.

“Vamos a tener que redoblar el tiempo para ayudar a todos los trabajadores de las empresas que van a empezar a cerrar. La preocupación más grande está en lo que va a suceder dentro de las recuperadas. Nos pusieron una bomba de tiempo. La trilogía de la inflación y el no poder trasladarlo a los precios. La recesión del 25 % y el tarifazo”, dispara Eduardo Murúa del MNER.

El próximo miércoles 20 de julio a las 10:00 las empresas recuperadas se movilizan en defensa del trabajo y contra el tarifazo. Salen de Paseo Colón 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Convocan la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y la Federación Gráfica Bonaerense.

A modo de ejemplo de la situación, la cooperativa de trabajo El Palmar, una fábrica de ladrillos ubicada en el kilómetro 27,200 de la Ruta N° 3, en Laferrere, que fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras en plena crisis de 2001, atraviesa un momento complejo debido a los aumentos tarifarios que, aseguran sus integrantes, amenazan su estabilidad.

“Estábamos pagando 45.000 pesos bimestrales de luz, pero este bimestre las boletas alcanzaron los 400.000 pesos. Esto hace que sea complicado sostener cualquier fábrica, cualquier tipo de producción”, expresó Rodrigo, un integrante de la cooperativa.

La cooperativa se encarga de la elaboración de ladrillos, por lo que, tanto la luz como el gas son servicios esenciales de la cadena de producción. “La máquina que los hace funciona con electricidad y los hornos para los secaderos funcionan con gas. El gasto de los dos insumos es casi el mismo, así que suponemos que va a venir el mismo monto”, aseguró el trabajador con respecto a la factura de gas que aún no llegó con el ajuste.

Como estrategia para paliar el tarifazo, las y los cooperativistas confirmaron: “Estamos pensando en trabajar el doble para poder generar el monto que tenemos que producir, aunque creemos que ni siquiera va a alcanzar”. Y agregaron que “Además, la demanda disminuyó, se va a hacer complicado pagar las boletas”.

Aún así siguen los vetos a las expropiaciones. Desde la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) repudiaron el rechazo del Senado de la Provincia de Buenos Aires a la expropiación del frigorífico Sadowa, de Mar del Plata, recuperado por sus trabajadores en octubre de 2012.

Al respecto, Andrés Ruggeri, miembro del programa Facultad Abierta, que a través del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas viene realizando desde el año 2002 una serie de relevamientos de estas empresas a nivel nacional, señala que el cambio de gobierno plantea un escenario cada vez más difícil para las cooperativas y empresas recuperadas (ER).

En un informe de situación elaborado recientemente se constata un crecimiento del número de ER. Desde el último relevamiento, a fines de 2013, hasta marzo de 2016 el número de empresas en manos de las y los trabajadores ha crecido de 310 a 360. Sin embargo, Ruggeri opina que “ese panorama de crecimiento todavía responde a la dinámica del período kirchnerista anterior”.

Actualmente, una de las novedades económicas que más fuertemente ha golpeado a las ER ha sido el “sinceramiento” tarifario. Ruggeri ejemplifica con el caso de la cooperativa gráfica Chilavert, una imprenta pequeña de Pompeya, con una docena de trabajadores: “Estaban pagando hasta diciembre 3.000 pesos de luz, mientras que los trabajadores ganaban de entre 8.000 y 10.000 pesos. La cuenta de luz equivalía a un tercio del salario de un trabajador. Ahora están pagando 10.000 pesos, lo que es como si tuvieran que pagar un sueldo más”.

Esta dinámica también se verifica con empresas medianas y grandes: “Ronicevi, una metalúrgica de Tandil, pasó de 30.000 a 80.000 pesos de luz, lo que prácticamente los funde. El frigorífico Subpga pasó de 150.000 a 800.000 pesos, que ya es una bestialidad. Es muy difícil afrontar eso”.

En ese sentido Ruggeri señaló que las diversas organizaciones de empresas recuperadas y cooperativas “están planteando proyectos de ley, amparos y movilizaciones con respecto al tema de la tarifas, que es lo primero que se siente, el primer impacto fuerte, porque va directamente a las condiciones de producción”.

En cuanto a las diferencias de políticas públicas para las ER entre la gestión anterior y la actual, Ruggeri opina: “Nosotros siempre tuvimos una visión crítica sobre la política estatal hacia las empresas recuperadas durante el kirchnerismo, que si bien existía y tenía toda una serie de programas y de subsidios -a veces importantes-, no tenía una unidad, no pensaba al sector autogestionado como un sector económico. Pero había un interlocutor estatal para cuando se presentaban dificultades. Ahora ese interlocutor desapareció”.

Y continúa explicando que la desaparición de programas estatales para ayudar a las ER es la primera demostración de esa falta de voluntad política: “El programa Trabajo Autogestionado, del Ministerio de Trabajo, tenía varias líneas. Una de ellas, llamada Línea Uno, financiaba una parte de los salarios de las empresas recuperadas que se declaraban en crisis o que estaban en problemas. Ahora eso no está vigente. No desapareció, pero en la práctica no existe. El programa no se cerró, no hubo despidos, pero no tiene funciones, no tiene nada que hacer”.

Ruggeri enumera otros aspectos de la nueva etapa política que hacen especialmente difícil el escenario para las ER: “Hay tres cosas que están pasando, que tenemos identificadas. Una tiene que ver con una nueva agresividad judicial. Por ejemplo, en La Litoraleña -una empresa ocupada pero en producción- apareció el estafador, el vaciador, con el síndico y la Policía para mostrarle la fábrica a un supuesto inversor. Es decir, se hizo un allanamiento para mostrarle la fábrica ocupada a un inversor que la iba a comprar. Eso no había pasado nunca. Y es una muestra del poder”.

Esa agresividad judicial, que implica numerosas amenazas de desalojo en curso, se conjuga con señales negativas “claras” por parte del Gobierno: “Los planteos de expropiación se tramitan generalmente a través de los gobiernos provinciales, de sus Legislaturas. En la Ciudad de Buenos Aires Macri vetó sistemáticamente las leyes de expropiación a favor de las empresas recuperadas y Larreta ya hizo lo mismo con la primera que le llegó, la de La Robla. Por su parte, Vidal ya vetó tres, entre ellas Petinari Acoplados”. Los diputados provinciales del PRO votan las expropiaciones para que después Vidal las vete. Eso es algo que también hacía Macri. “Las leyes de expropiación entraban en esos canjes que la oposición porteña hacía con el oficialismo, votándole algo a favor para que los legisladores del PRO levantaran la mano por alguna ley de expropiación, pero Macri luego terminaba vetando. Que es lo mismo que hace Vidal ahora”.

Finalmente, existe un tercer elemento que caracteriza al preocupante escenario actual de las ER: “Están apareciendo inversores, que no se sabe de dónde salen, con intenciones de comprar ER en dificultades. Ya hubo un par de casos. Y eso genera conflictos internos en las empresas, ya que aparecen sectores de trabajadores interesados en la venta, que piensan que les va a tocar una cantidad de dinero. Hay rumores de dinero que está dando vueltas en busca de eso. No para traer inversores que hagan funcionar la empresa sino para liquidarla en función de algún negocio inmobiliario”.

Trabajadores de la Economía Popular

El Polo Obrero de Capital, AGTCAP/FOL, Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, Federación de Organizaciones de Base (FOB), Movimiento Resistencia Popular (MRP), Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR) y Agrupación Lxs Invisibles volvieron a movilizarse para reclamarle al GCBA que cumpla con el compromiso de los 250 puestos de trabajo que han asumido en el marco del acampe en Jefatura de Gobierno el pasado 12 de mayo, luego de algunas reuniones con el Vicejefe de Gabinete, Juan Pablo Graña y el Jefe de Gabinete Social, Juan Ignacio Maquieyra, que no han respetado ninguno de los acuerdos alcanzados, se manifestaron en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Educación con el fin de que haya una respuesta a los reclamos.