Nuevas cárceles, viejos problemas

La crisis de sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles no se soluciona simplemente con construir nuevas prisiones y poner más camas. Hace falta cambiar la perspectiva desde donde se aborda el problema.

Por Nacho Saffarano / Foto Martín Zabala

Las cárceles son un territorio de militancia como cualquier otro. Se puede militar en el lugar de trabajo, en un barrio, en la facultad, en el plano de la disputa ideológica. También se puede militar en la cárcel. Cada territorio tiene sus especificidades, sus propias lógicas, sus lenguajes. El ABC de todo esto es no extrapolar ni las formas ni las consignas de un lugar hacia otro, sino construir las formas de militancia propias de cada espacio. Por ejemplo, cuando la comunidad educativa se moviliza ante la falta de vacantes para que los chicos estudien, la consigna clásica es la construcción de nuevas escuelas y está perfecto.

Ahora bien, ésta consigna no funciona con las cárceles. Los que desde hace años venimos denunciando al hacinamiento como uno de los problemas estructurales de las prisiones, y que además estudiamos la actuación de la justicia penal, no podemos hacer más que preocuparnos por los llamados a construir nuevas cárceles. En un acto de ayer al mediodía, Alberto Fernández declaró que “tener en las cárceles personas en situación de riesgo y que el Estado no reaccione es inhumano”. Perfecto. Acto seguido, anunció la creación de 650 nuevas plazas que, sumadas a las que comunicó hace unas semanas Kicillof, sumarían dos mil “camas” para los detenidos de la Provincia. Sin meternos en el pequeño detalle de que la sobrepoblación en Buenos Aires es del 100%, por lo que seguirían faltando por lo menos 22.000 plazas más, lo que debemos discutir de manera franca y abierta es si el problema carcelario se soluciona con nuevos edificios.

En las reivindicaciones inmediatas, siempre vamos a apoyar (y de hecho, reclamamos por esto sistemáticamente) que existan condiciones dignas de detención. Pero la construcción de nuevas unidades carcelarias nos pone de frente ante el problema estratégico. A quienes con buena intención se comen la curva de creer que más prisiones implicarían mejores escenarios para el cumplimiento de la pena, debemos responderle que lo único que genera es una mayor oferta para la prisionización de pobres, los históricos clientes del sistema penal.

Mientras tanto subsista y se reproduzca la mirada clasista en las oficinas de la justicia penal –a pesar de la heroica resistencia de algunos pocos funcionarios-, emparentar la construcción de cárceles a una conquista es un error estratégico, con consecuencias inmediatas. La mejor forma de reducir el hacinamiento atroz en el cual estamos sumergidos lo tenemos al alcance del Código Procesal: revisión de todos los detenidos con prisión preventiva, cumplimientos de los derechos contemplados en la progresividad de la pena (salidas transitorias, libertades condicionales, etc.), utilización de medidas alternativas al encierro.

Y si bien esta posibilidad fáctica es preponderantemente del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo tiene mucho para hacer. La gran mayoría de las veces, los derechos ligados al cumplimiento de la pena – que nombramos en el párrafo anterior – son denegados por los jueces porque los detenidos se presentan a las audiencias con informes criminológicos negativos. Estos son elaborados por el Servicio Penitenciario y constituyen una herramienta muy potente en manos de los agentes penitenciarios al momento de “negociar” con las personas encarceladas. Las amenazas de que ante el incumplimiento de alguna orden, eso se traduzca en una mala calificación en los informes, los ubica en una posición de poder agravada, mucho mayor de la que tienen en términos legales. Un cambio de mirada en este sentido es responsabilidad de las distintas esferas del Poder Ejecutivo, con competencia en la materia. Desde allí podrían salir órdenes claras, que impliquen tener diferentes tipos de contemplación al momento de armar los informes. Y esto es solo un pequeño ejemplo de lo que podría aportar el Gobierno provincial para mejorar la crisis de hacinamiento.

Tenemos una oportunidad para debatir y pensar formas de intervención de largo aliento, intentando desmontar que los atajos punitivistas pueden ser una solución. Esta situación horrible en la que estamos puso arriba de la mesa – como pocas veces en los últimos años – la situación de las cárceles argentinas. La derecha va ganando por lejos. Nosotros venimos corriendo de atrás, divididos, sin un movimiento orgánico que nos agrupe. Debatir y dejar de aplaudir acríticamente puede ser un primer paso para que otras voces se cuelen en los medios, para reflejar que es posible abordar esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos.

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