Nuevas palabras para el control social: Código de Convivencia Ciudadana

Por Ana Reales / Fotos: Colectivo Manifiesto

El 1 de abril empezó a regir en Córdoba el nuevo código contravencional de la provincia, llamado Código de Convivencia Ciudadana. Detalles y alcances luego de su implementación.

Esta nueva normativa reemplaza al tan cuestionado Código de Faltas creado en 1994. “Lavada de cara”, aseguran las organizaciones, pues este código aunque tiene otro nombre y otras categorías, formas y palabras, acentúa las políticas represivas del Estado, garantizando la arbitrariedad del accionar policial y sosteniendo la gobernabilidad por medio del control policial territorial.

Convivencia no hay

Desde hace años en Córdoba se vive en un Estado Policial. Ese Estado implica el control y la administración del territorio y la población mediante leyes, tecnologías, instituciones, cuerpo policial y demás mecanismos, diagramados en función de la estructura gubernamental. La gobernabilidad se sostiene con el uso de la violencia, a través del control, la contención y el disciplinamiento, fines para los cuales se crean dispositivos. En este caso, una normativa contravencional.

Hace años, también, que se resiste a toda esa violencia impuesta por el gobierno. Son muchas las organizaciones que denuncian y exigen justicia constantemente, además de pensar herramientas que sirvan para luchar contra el Estado policial cordobés. Es así, que desde el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, la Asociación Civil La Minga y un grupo de abogadas y abogados se elaboró un documento con herramientas jurídicas para hacerle frente a la aplicación de esta normativa inconstitucional y a la arbitrariedad de aplicación por parte de la policía y funcionarios judiciales. El “Kit de Resistencia al Código de Convivencia” fue entregado a las organizaciones el viernes 1° de abril en una masiva convocatoria ante la entrada en vigencia del nuevo código. Este kit contiene diversas herramientas para utilizar en lo jurídico, explica las principales figuras del código, imparte conocimientos sobre principios legales, sistematiza números de comisarías y división por distritos y apunta a compartir estrategias para continuar los procesos de lucha.

Inconstitucionalidad como política de Estado

En un Estado democrático y constitucional existen derechos y garantías, fundados en las facultades que son reconocidas a las personas y cuyo fin es asegurar su libertad y dignidad. Es decir, sus derechos humanos. Los Estados y las personas están obligados a respetarlos. Y eso hace mucho tiempo que no sucede por estas geografías. Las leyes represivas, además de no respetar los derechos y las garantías de las personas, también se contradicen con las normativas de nuestro ordenamiento jurídico, porque no respetan la jerarquía legal del país y generan inconstitucionalidad en las conductas y procedimientos que tipifica.

Este nuevo código que dice ser de Convivencia establece figuras cuestionables, con descripciones vagas y ambiguas, tales como los “tocamientos indecorosos”, la “ebriedad escandalosa” o la “conducta sospechosa”. Todas estas conductas quedan a discreción del oficial policial y la última es, en particular, la nueva denominación del “merodeo”; la otra forma que el gobierno encontró para continuar persiguiendo, estigmatizando y criminalizando a ciertos sectores de la sociedad. Estas figuras van en contra del principio de legalidad, que establece que mientras la ley no prohíba un hecho, no hay un delito. La vaguedad y ambigüedad no delimitan un hecho concreto. Además, establece que las condenas deben tener una determinación para las penas mayores; razón por la cual desde la Clínica Jurídica del Programa de Ética y Teoría Política de la Universidad Nacional de Córdoba se presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, en relación al Código de Convivencia por carecer de garantías jurídicas para las personas. Estas irregularidades por parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son una voluntad política de gobernar mediante la violencia, sin respetar los derechos humanos y con el arbitrario uso de su fuerza represiva: la policía de Córdoba.

Si hay algo que los gobiernos antipopulares hacen para gobernar es confundir a la gente. Cambiar unas palabras por otras implica la búsqueda del consenso social necesario para seguir gobernando. Si hay violación a los derechos humanos, si hay criminalización y estigmatización, si hay pérdida de la libertad por el sometimiento al encierro, si hay arbitrariedad en los procedimientos legales, si hay desaparición de personas, si hay asesinatos en cárceles o por gatillo fácil, si hay complicidad de los medios de comunicación hegemónicos en ocultar lo que sucede, si hay despojo, hambre, falta de trabajo y falta de vivienda, si hay mas control en nombre de la “seguridad”, es imposible que haya convivencia. Córdoba tiene una policía que es corrupta en su tradición. Córdoba tiene a un gobierno viejo, con nuevas políticas públicas en seguridad y defensa, traídas del extranjero. Córdoba tiene lucha y resistencia histórica y presente.