A nueve años del asesinato de Fuentealba no hay condenas a los responsables políticos

Por Melina Fit y Fernando Cabrera*

El 4 de abril de 2007, el maestro Carlos Fuentealba cayó asesinado por un policía. Darío Poblete fue condenado como autor material, pero los señalamientos políticos quedaron siempre en la espera. A 9 años, desde Neuquén la y el cronista, actualizan la causa y rescatan la memoria y la lucha de estos años.

La cámara muestra policías, tanques hidrantes, hombres de civil con armas largas. Alrededor docentes, sin guardapolvo, con ropa de abrigo, que retroceden sobre la ruta. Gente que va a pie o en autos a paso lento, volviendo ante la embestida policial que tira balas de goma y granadas de gases lacrimógenos. Algunos gritos, detonaciones. Quien filma va sobre un vehículo. De pronto, unos metros más adelante se ve una gran nube de humo. Un 147 frenado, hombres y mujeres desesperadas. Se acerca, sale humo por las ventanillas del auto. Sacan a un hombre de la parte trasera. Lo acuestan sobre el asfalto de la ruta 22. Era Carlos.

El video trae el dolor al presente. Es uno de los tantos recuerdos que circulan por estas fechas. El 4 de abril de 2007, el ex policía Darío Poblete disparó una granada de gas lacrimógeno contra el Fiat 147, en el que iba Carlos Fuentealba. El docente murió horas después en el hospital Castro Rendón, de la capital Neuquina.

El sindicato docente Aten había llegado a la localidad de Arroyito para impedir el tránsito sobre la 22 tras semanas de medidas de fuerza, sin una respuesta acorde a su reclamo salarial por parte del gobierno provincial. Era una mañana de miércoles previo a semana santa y el bloqueo impediría el tránsito hacía la turística cordillera. Una brutal represión policial no lo permitió.

El 9 de abril se vivió la manifestación más contundente que tuvo Neuquén. Alrededor de 30.000 personas marcharon pidiendo justicia para Carlos. Las docentes montaron un acampe en Casa de Gobierno, la pintaron de negro y bloquearon el ingreso de los funcionarios. Durante dos semanas las escuelas de la provincia se mantuvieron cerradas. La Colectiva Feminista La Revuelta organizó decenas de escraches a Jorge Sobisch y sus funcionarios. El paro duró un mes más.

Un año después, el policía que disparó, Poblete, fue condenado a prisión perpetua. En el juicio quedó demostrado que hubo un gigantesco plan represivo y que, tras el disparo de la granada, el agente –sobre el que pesaban graves antecedentes por vejaciones– huyó con la complicidad de sus compañeros y se encondió por varias horas al amparo de la institución.

El sindicato docente siempre sindicó al por entonces gobernador, Jorge Sobisch, como el principal responsable por los hechos de Arroyito. Durante el juicio, el ya ex mandatario declaró como testigo. “No recuerdo haber asumido la responsabilidad política”, sostuvo ante el tribunal. Las crónicas periodísticas de abril de 2007, sin embargo, habían plasmado claramente sus palabras: “La responsabilidad política es mía, la asumo y tomaré las medidas necesarias para que esta responsabilidad política se convierta en una respuesta seria y responsable a la sociedad neuquina”.

Terminado el juicio contra Poblete se inició el proceso que determinaría las responsabilidades políticas. A Sobisch jamás lo imputaron. Esta segunda causa implicó al subsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli, y al jefe de la Policía, Carlos Zalazar. También al subjefe de la Policía, Moisés Soto; al director de Seguridad, Adolfo Soto; al jefe del operativo, Mario Rinzafri; al de los grupos especiales, Jorge Garrido; y a otros nueve efectivos policiales.

Todos fueron sobreseídos el 23 de febrero pasado. Paradójicamente, el fiscal Andrés Azar fundamentó el pedido de cese de la imputación, entre otras cosas, en que “las directivas eran dadas por el gobernador Jorge Sobisch”. A quien, pese a la insistencia de la querella, el ministerio público fiscal nunca investigó.

En una carta abierta difundida el 24 de marzo, Sandra Rodríguez, la compañera de Fuentealba, reclamó que la causa no prescribiera. “El asesinato de Carlos fue un crimen de Estado”, sostiene en la misiva.

Este 4 de abril, al cumplirse 9 años del asesinato de Fuenteaba, la Ctera lanzó un paro nacional, en el que reclama la justicia completa por Carlos y también “la solución de los conflictos provinciales”. Aten, por su parte, convocó a un acto en Arroyito a las 9 de la mañana y al mediodía realizará una marcha por el centro de la ciudad de Neuquén bajo la consigna “un crimen de Estado no prescribe”.

*Portal de noticias 8300

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