Nuevo año, nueva ofensiva contra las y los trabajadores

Por Mario Hernandez

El 2017 arrancó bajando las expectativas. Más ajuste económico, flexibilización, despidos y una justicia poco independiente, conforman este panorama sindical.

Un año de gestión que arrancó con una devaluación fuerte, levantamiento de regulaciones en el mercado cambiario y en el comercio exterior, eliminación de retenciones y facilidades al libre movimiento de salida de capitales.

La promesa del ingreso de inversiones por 20.000 millones de dólares no se cumplió, tampoco la del mercado mundial ávido de productos argentinos.

La gestión de Prat Gay terminó con un deterioro del mercado interno por la caída del poder adquisitivo de la población, un déficit del 6,8% del PBI y una caída de éste del 3% con la casi totalidad de las ramas industriales en baja, desempleo en alza, cierre de empresas, suspensiones, retroceso de la inversión y suba del endeudamiento externo.

Y la mayor inflación de los últimos 25 años.

Nuevas autoridades

El designado en Hacienda, Nicolás Dujovne, definió la reducción del déficit fiscal como su objetivo inmediato antes que la recuperación del empleo y la producción.

El ajuste va a venir por el lado de la reducción del gasto y de las transferencias a provincias como a sectores sociales que reciben subsidios. El objetivo para el 2017: bajar el déficit para seguir recibiendo crédito del exterior.

De esta manera el gobierno retoma la ofensiva en toda la línea luego de la tregua pactada con la CGT, parte de los movimientos sociales y los gobiernos provinciales a quienes les refinanció deudas a 3 años a partir del 29 de diciembre de 2017.

El gobierno otorgó $ 16.323,6 millones a 16 provincias en concepto de adelantos de fondos coparticipables en 2016. Para Jujuy, que representa el 1,9% del territorio nacional y el 1,8% de su población, fueron $ 3.175,2 millones, un 19,5% de la ayuda pagaderos a 3 años a partir de fines del actual. Un pago por los servicios prestados.

El caso Sala y los piedrazos a Macri

En un proceso judicial plagado de irregularidades, concluyó el 28 de diciembre el primer juicio contra Milagro Sala. De los dos delitos que se le imputaban (daño agravado y amenazas coactivas), la dirigente de la Tupac Amaru fue condenada solo por uno de ellos, el de “daño agravado”, a tres años de prisión en suspenso. Sin embargo resultó absuelta por el delito de “amenazas”.

En los delitos porque se la juzgaba, la Fiscalía había pedido tres años de condena, lo que finalmente sucedió, pero sólo por uno de ellos. Por lo tanto, la condenaron a una pena mayor de la que pidió la propia Fiscalía. Otra de las irregularidades es que fue condenada por un hecho en el que no estuvo presente.

Además, el Tribunal Oral de la Cámara Contravencional de Jujuy condenó el viernes en horas de la noche a Milagro Sala a la pena máxima que contempla una multa de 3.780 pesos y la inhabilitación especial para formar parte de personas jurídicas y demás asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas que requieran autorización provincial, para funcionar por tres años y tres meses desde que quede firme la sentencia, y a la organización Tupac Amaru, que dirige Sala, con una multa máxima de 3.780 pesos y la clausura de la sede de la calle Alvear de la capital jujeña por tres meses desde que quede firme la sentencia.

El juicio contravencional en la que se la condena a Sala por segunda vez en una semana, es por el haber realizado un acampe junto a la Red de Organizaciones Sociales, durante 51 días en la plaza Belgrano, durante diciembre del 2015 y enero del 2016, frente a la Casa de gobierno de la capital jujeña. El mismo fue producto de la falta de respuestas de un pliego de reclamos que involucraba a 18.000 cooperativistas y que dicha organización había presentado al gobernador Gerardo Morales.

El fallo sienta un precedente negativo para luchadores del campo popular, en un contexto de crisis económica y social, que busca aleccionar la protesta social.

Ahora, el caso Sala, se pretende aplicar a la dirigencia de las y los trabajadores estatales neuquinos que tampoco estaban presentes cuando piedras de origen hasta ahora desconocido impactaron en la camioneta que transportaba a Mauricio Macri en la localidad de Traful.

El presidente Mauricio Macri arribó a Neuquén, en medio de una ola de telegramas de despidos en organismos nacionales que funcionan en la provincia.

A raíz de ello, un grupo de trabajadores estatales nucleados en ATE Neuquén se acercó a la localidad de Villa Traful -en donde el presidente fue invitado a un acto- con el fin de manifestar el repudio a las políticas económicas de ajuste y los despidos de trabajadores efectuados por sus funcionarios.

Los trabajadores que se acercaron a efectuar sus reclamos, fueron interceptados por un fuerte operativo policial que arremetió contra ellos a través de balas de goma y gases lacrimógenos. Varios integrantes de ATE Neuquén sufrieron serias heridas de proyectiles de goma en diversas partes del cuerpo.

A través de un comunicado presidencial, se justificó el violento accionar de las fuerzas policiales tras asegurar falazmente que los manifestantes lanzaron piedras al auto que trasladaba a Mauricio Macri, “hecho que jamás ocurrió”, según los dirigentes de ATE.

El secretario general de la ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, desmintió que integrantes de la organización hayan atacado el vehículo en el que se trasladó en Traful el Presidente de la Nación al asistir a la inauguración de un Centro de Información Turística y Ambiental, aunque reconoció que le hicieron “un escrache” por los despidos producidos en organismos nacionales (ANSES, Migraciones y en el Ministerio de Trabajo).

Finalmente, José Gerez, fiscal general de Neuquén, expresó que luego de viajar a Villa Traful en helicóptero, Macri tuvo “un intercambio verbal con los manifestantes”.
Sobre los daños en el vehículo, el fiscal aclaró: “No sabemos si es una piedra, porque no rompe el vidrio. El cristal se cayó después”. Por último, afirmó: “Nos gustaría tomarle testimonial al Presidente”.

Vuelta a la flexibilidad laboral de los 90

La mitad de las negociaciones salariales del 2017 deberán incorporar cláusulas de productividad, de acuerdo a la planificación del Gobierno para esa ronda de paritarias. El criterio, surge de la hoja de ruta que empezó a develar del Ministerio de Trabajo y que incluye iniciativas relacionadas con cambios en el sistema indemnizatorio y un relanzamiento del régimen de pasantías.
El ítem de productividad es uno de los principales del plan de la cartera que conduce Jorge Triaca. Según el documento en la ronda de negociaciones entre empresarios y gremios de este año “el 30% de los acuerdos alcanzados” incorporó criterios de “productividad y competitividad” y menciona sectores como “petroleros y navieros”. “El objetivo es alcanzar que al menos ese porcentaje crezca al 50% de las negociaciones que se realicen en 2017”, añade la guía del Ministerio.
Uno de los objetivos enumerados en el documento “Planificación 2017” es la reducción de la “litigiosidad laboral” con una baja de las indemnizaciones que percibe el trabajador en caso de comprobarse un vínculo informal. A través de un Proyecto de ley, prevé que el trabajador dejará de cobrar las sanciones económicas (extras indemnizatorios) aplicadas al empleador por falta de registración del empleado, por inscripción tardía, por declaración de menor salario que el efectivamente pagado o por despido incausado. Esos montos, de aprobarse la iniciativa, pasarán a la ANSES.

El documento fue presentado esta semana a sus colaboradores por el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, y recoge planes esbozados por Triaca y Mauricio Macri en sus reuniones periódicas. Uno de sus capítulos más extensos apunta a una reformulación de los programas de pasantías laborales y la elevación del sistema resultante al rango de ley. “El objetivo final es que toda la formación pre-laboral pueda tener un período de aprendizaje de entre 3 y 12 meses, por fuera del marco laboral. De otro modo las empresas no van a querer participar. Esa es nuestra agenda”, afirmó Ponte, un ex directivo del grupo Techint.

En la vereda contraria, el laboralista Lucio Garzón Maceda alertó que “las condiciones para aumentar la productividad son, necesariamente, que los trabajadores tengan salarios muy altos o bien, que sean salvajemente explotados”. “En el medio no hay nada. Quisiera creer que el Gobierno no pretende tener esclavos”, afirmó. Garzón Maceda recordó que “en 1994 (el entonces ministro de Economía, Domingo) Cavallo impuso que todos los convenios tuvieran cláusulas de productividad”.

Volvieron los despidos masivos de estatales

Como en 2015, y a pesar de las sucesivas promesas de Cambiemos en sentido contrario, en las últimas horas del 2016 se desató una nueva ola de despidos masivos de empleados públicos, que ya golpeó a dos ministerios y tiene en vilo al resto.

El jueves pasado, en la Ciudad de Buenos Aires, se realizó una Asamblea de trabajadores del Ministerio de Educación de la Nación y se decidió la toma por tiempo indeterminado de la sede ubicada en Santa Fe 1548. La medida responde a 3.000 despidos: 2.600 vinculados al programa de postítulos “Nuestra Escuela” y 400 a empleados de distintas áreas.

Al día siguiente los trabajadores decidieron suspender la medida ante la promesa oficial de conformar a partir del lunes una mesa de negociación.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de la frustrada candidata a titular de la ONU, Susana Malcorra, se produjeron 27 cesantías.

En el Ministerio de Agroindustria el titular de la cartera, Ricardo Buryaile, decidió eliminar varias Subsecretarías que dependen de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, que conduce Santiago Hardie. En ellas trabajan 200 personas.

Este lunes los trabajadores del Ministerio de Hacienda concentrarán en la puerta de Yrigoyen 250, contra los despidos de Romina por ser madre y de Mayra por ser delegada sindical.

Recuperadas

Luego de más de 20 años de lucha y resistencia, se aprobó durante la última sesión ordinaria del año, la ley Nº 7.948 que otorga a los trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa de Producción y Consumo Inimbó (Chaco) el edificio en el que funciona la empresa social.

El jueves pasado, miles de personas acompañaron a las y los trabajadores del Hotel Bauen en rechazo al veto presidencial a la Ley de expropiación votada por el Senado y se comprometieron con un nuevo plan de lucha que el 1º de marzo llegará al Congreso para volver a exigir la expropiación.

El reciente veto presidencial a la expropiación del hotel Bauen, autogestionado por sus trabajadores desde hace 13 años, se suma a por lo menos otras 23 negativas más, concretadas en los últimos cinco años, por el propio Mauricio Macri durante su gestión como Jefe de Gobierno porteño.