Nunca más milicos en las calles

Por María del Carmen Verdú*

Frente a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de incorporar las FFAA a tareas de “seguridad interior”, medida extrema para sostener el ajuste exigido por el FMI que genera el repudio de amplísimos sectores populares, cientos de personas y de organizaciones se movilizaron con una consigna clara: Ni un milico en la calle.

“Es importante que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la seguridad interior”, disparó el presidente en la conferencia de prensa organizada en Campo de Mayo, lugar donde funcionaron cuatro centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. El anuncio, que había sido anticipado por el ministro de Defensa la misma semana que se confirmaron los acuerdos con el FMI, coincidencia que nada tiene de casual, viene a completar el escenario que hace meses venimos definiendo como “estado de excepción” en materia represiva en el país.

La sola enunciación de que los militares dejarán sus cuarteles para tener presencia en el territorio nacional, fue suficiente para desatar el repudio generalizado. El diario Ámbito Financiero tuvo que congelar el acceso a los resultados de la encuesta cuando más del 80% de sus lectores contestaron un rotundo “NO” a la pregunta “¿Estás de acuerdo con que las FFAA actúen en cuestiones de seguridad interior?”. Es que, en la conciencia popular colectiva, “seguridad interior” y “fuerzas armadas” en una misma frase significan una sola cosa: más represión, y el pueblo no está dispuesto a tolerarlo sin protestar.

A partir de esta situación, ayer una multitud acompañó la ronda de las Madres en Plaza de Mayo primero, luego la lectura de la declaración del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) para luego confluir en las puertas del Ministerio de Defensa, enmarcado por una amplia diversidad de organizaciones sociales y políticas. Una clara iniciativa de los sectores populares que ya vienen sufriendo las políticas de hambre y ajuste por parte de Cambiemos.

Un objetivo definido

No hay espacio para dudas en cuanto a las tareas que el gobierno de Cambiemos quiere asignar al ejército, la fuerza aérea y la marina. Macri habló de “apoyo logístico en la zona de frontera”, lo que, como explicó el ministro de Defensa Oscar Aguad hace más de un mes, tiene como fin “liberar gendarmes” para desplazarlos a “zonas calientes” (es decir, en conflicto) del resto del país. Pero el presidente dio más precisiones cuando mencionó la intervención “en eventos de carácter estratégico”, como las inminentes reuniones del G20 con la presencia del mismísimo Trump en nuestro país; la “protección de objetivos estratégicos”, es decir, la defensa de las inversiones capitalistas vinculadas al saqueo de nuestros bienes comunes, como Vaca Muerta o los acuíferos, y “el desafío del ciberespacio”, en clara referencia a la reiterada preocupación del gobierno por el espionaje informático.

Para que los militares puedan llevar adelante sus nuevas tareas, el presidente aseguró que habrá “recursos extra presupuestarios” esos que no aparecen para salud, vivienda o educación- para más sueldos y reequipamiento logístico.

La letra del decreto habla eufemísticamente de “proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país”, argumento que esgrimieron los mismos funcionarios nacionales cuando, por turno, defendieron a gendarmería y prefectura después de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel. Los considerandos del decreto presidencial definen lo que Macri llamó los “nuevos desafíos” de este siglo como “agresiones no sólo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar”. Es la misma tesis del enemigo interno a la que aludía la ministra Patricia Bullrich cuando advertía sobre el terrorismo “anarco-mapuche-trosco-iraní” con la que justificaba los ataques de gendarmería y prefectura.

Ante la gravedad del anuncio y su inminente implementación, resulta casi colateral la discusión sobre las formas técnicas utilizadas para su sanción. El recurso elegido para eludir un debate parlamentario que podría ser molesto y estiraría los tiempos, fue anunciar la reforma de un decreto por vía de otro decreto, sin tocar las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional. Sin perjuicio de la impugnación formal que el asunto merece (por caso, la oposición parlamentaria al gobierno, ya hizo el pedido para una sesión especial que tire atrás el Decreto), la decisión de habilitar la intervención de las fuerzas armadas en la represión interior es tan mala por decreto, por ley o de facto.

En un escenario de tarifazos, despidos, inflación y recesión, el gobierno de Cambiemos reconoce que necesita más capacidad represiva para el nuevo ajuste que exige alcanzar las metas que le impone el FMI. Con sus fuerzas de seguridad desplegadas al extremo, echa mano ahora de los militares, prometiendo fuerzas de despliegue rápido y contingentes de 10.000 uniformados entrenados y equipados con tecnología represiva de punta aportada por EEUU y el Estado de Israel. Ya se abrió la licitación del ministerio de Seguridad para la adquisición de pertrechos “antidisturbio”, con una base, que se prevé se duplicará cuando se conozcan los proveedores definitivos, de $105 millones y más de u$s500 mil, destinados a reprimir las movilizaciones contra la presencia del G20.

El año pasado, cuando a través de la Corte Suprema el gobierno de Mauricio Macri intentó garantizar la impunidad de los genocidas con el 2×1, no fueron los recursos legales ni las iniciativas institucionales lo que los obligó a retroceder. Al 2×1 lo frenamos en la calle, con masivas y unitarias movilizaciones de millones de personas en todo el país, con una campaña de lucha organizada que se sostuvo en el tiempo hasta que logramos el objetivo. Con ese antecedente, la rápida reacción que ya estamos viendo, debe ser el inicio de una campaña que crezca y se extienda hasta frenar este nuevo ataque al pueblo trabajador.

* Referente de Correpi y Poder Popular.