Nury Martínez: “No podemos seguir naturalizando lo que pasa en Colombia ”

Lideresa campesina, Nury Martínez denunció ante la ONU que las masacres y los asesinatos en Colombia siguen sucediendo ante la inacción del gobierno. Nos volvemos a preguntar, ¿quién defiende a las defensoras?

Por Maru Waldhüter y Laura Salomé Canteros

Elsa Nury Martínez además de ser presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) e integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-La Vía Campesina), es la voz que denunció ante la ONU la violencia y represión sistemática contra defensoras y defensores de la tierra y los territorios en Colombia.

La CLOC – Vía Campesina advierte que desde 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz, se cometieron al menos 1.139 asesinatos de líderes y lideresas sociales además de los numerosos casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas.

En noviembre del año pasado, Nury fue amenazada de muerte por el grupo narcoparamilitar Águilas Negras – Bloque capital con el fin de obligarla a abandonar su militancia territorial. El 28 de diciembre de 2020, Omar Moreno Ibagué, líder social y miembro del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes de Meta, fue asesinado en Nariño. Las organizaciones campesinas y el relevamiento de la ONU en Colombia advierten que 2020 fue el año más violento. Según los datos de la CLOC – Vía Campesina se registraron 91 masacres que terminaron con la vida de 381 personas, además de los 310 asesinatos de líderes y lideresas sociales.

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¿Cómo llega a esta instancia de denuncia ante un organismo internacional?

Todo ha surgido a partir de los asesinatos contra la dirigencia campesina en Colombia, especialmente de dirigentes de la FENSUAGRO, una organización de la Vía Campesina. Yo fui objeto de amenazas el año pasado y 700 compañeros y compañeras fueron asesinados desde su fundación. Entonces, teniendo en cuenta la situación y pensando en qué hay que hacer en Colombia junto a otras organizaciones amigas, decidimos que fuera la misma organización campesina la que denunciara y que yo asumiera la vocería sobre lo que estaba pasando.

Se planteará que, después de la firma del Acuerdo, que iba a ser importante para construir paz, han incrementado los asesinatos, la mayoría de campesinos, indígenas y comunidades negras.

Se señala el 2020 como el año más violento, ¿a qué piensa corresponde este incremento? ¿Está relacionado con la gestión de la pandemia de parte de Iván Duque? ¿Cómo lo analiza?

Desafortunadamente, el objetivo de la firma del Acuerdo de Paz también era la implementación de los Tratados de Libre Comercio. Desde ese momento, se incrementó la violencia; pero el año pasado, nos encontramos con una pandemia que obligó al confinamiento y eso hizo que los ataques aumentaran en la región, que grupos armados aparecieran en territorios rurales y fueran quienes pusieran las reglas sobre “salir o no” a las comunidades campesinas. Fue cuando se produjeron asesinatos en las casas, de líderes y también de niños y mujeres.

(Nury es crítica en relación a la forma que tiene el gobierno de Iván Duque para llevar adelante el seguimiento de los asesinatos a líderes y lideresas campesinas y destaca que no coincide con el indicador que llevan las organizaciones). No hay veeduría de organismos de control que puedan decir la cantidad de asesinados y asesinadas que hay ni la gravedad de la violencia real que hay en Colombia. La mayoría de éstos, sin investigación, quedan en la impunidad.

El 28 de diciembre de 2020 fue asesinado un compañero campesino, dirigente de FENSUAGRO, y luego su cuerpo fue desaparecido y a la fecha no lo hemos encontrado. Y esa es la impunidad, nadie responde, el gobierno dice que hay muchos grupos armados y ya. Muchos mujeres y hombres somos amenazados por nuestra labor política y social y eso es responsabilidad del Estado. Entonces, sí creemos que en 2020 aumentó la violencia contra las y los Defensores de Derechos Humanos; y el otro fenómeno es que han aumentado las masacres, ocasiones en que matan a 4 o 5 personas; también el desplazamiento de las comunidades. Esto obligó a que nos dieran una vocería ante la ONU, además el informe del Alto Comisionado, es muy importante.

¿Cuáles son las consecuencias de la adopción de los Tratados de Libre Comercio y las medidas macroeconómicas del gobierno de Iván Duque sobre las comunidades indígenas campesinas?

Primero debemos luchar porque se reconozca al campesinado como un sujeto de derechos porque no existimos para el gobierno colombiano. Se ha demostrado que la mayor cantidad de producción de alimentos la produjeron las comunidades rurales del país; sin embargo, con la implementación de los Tratados de Libre Comercio, se está perdiendo la producción porque prima la exportación de alimentos a la soberanía alimentaria, que significa la producción pero también el acceso a la tierra, la producción de semillas criollas, el desarrollo agroecológico, el combate al monocultivo y a los agrotóxicos. Por eso, tenemos que hacer un llamado a las comunidades urbanas para que se entienda que la problemática del campesinado es de todo el país, de toda la sociedad y no solamente de las comunidades rurales.

En una Colombia de “libre comercio”, de vidas privatizadas y una violencia sistemática, ¿qué pasa en la sociedad, se va naturalizando el dolor que provocan los asesinatos y las masacres?

El país está completamente polarizado y tener un pensamiento, una idea o una propuesta diferente a la de los gobiernos de turno, es un delito. Por eso, no podemos seguir naturalizando lo que pasa en Colombia con los asesinatos y las masacres; no queremos una cifra más, no queremos ser números. Cuando fui amenazada el año pasado, lo que provocó que la Vía Campesina encabezara el acompañamiento de muchas organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional, sostenía el miedo de convertirnos en un número.

Y para eso, hay que mirar la historia de la violencia ya que todo es origen de la mala distribución de la tierra por las desigualdades sociales; y por eso, debemos realizar una presión internacional, decir en otras partes lo que pasa, porque el discurso del gobierno colombiano hacia afuera es que se está cumpliendo con el Acuerdo, que se está construyendo la paz y eso no es cierto. Queremos que se note lo que está pasando, un SOS por Colombia, porque sabemos que en la medida en que se resuelva la problemática de la violencia aquí, se resuelven muchos problemas de la región.

¿Cuáles son las otras deudas del Acuerdo de Paz que aún quedan por saldar en Colombia?

Parte del conflicto social y armado en nuestro país tiene que ver con la mala distribución de la tierra que está en pocas manos. Por eso, desde FENSUAGRO luchamos por una reforma agraria integral y popular, no por la que dice el Acuerdo. Alcanzarla sería un avance grandísimo.

Una reforma que plantea un fondo de tierras para quienes no la tenemos, para que cualquier persona pueda acceder. Una reforma que sea realizada desde un enfoque territorial que tiene a su vez tres componentes: la participación, la perspectiva de género y la perspectiva étnica. Una reforma de los planes nacionales rurales, que son los cambios estructurales en relación a la inversión social del Estado en vivienda, salud, educación, infraestructura y comercialización.

Por último, plantear que tenemos derecho a existir, a participar en una organización, porque en este momento en nuestro país no hay garantías para poder hacerlo. La justicia especial de paz fue la que permitió que podamos colocar en agenda que en la Comisión por la Verdad se reconozca FENSUAGRO como organización víctima de conflicto ya que tenemos 575 casos de asesinatos de nuestros integrantes, incluyendo un secretario general en las puertas de la oficina en Bogotá. Por eso, esta reforma es la oportunidad de recuperar las tierras que nos fueron arrebatadas de forma violenta. Para cumplir lo que dice el Acuerdo, todo eso que vemos que el gobierno no tiene el compromiso de hacer, construir una paz duradera en Colombia.

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2020, el año más violento

Mediante el informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) evaluó la situación de los derechos humanos en Colombia en 2020, con énfasis en la seguridad y los derechos humanos, el espacio cívico, el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el contexto de pandemia. Evaluó además, la implementación de los aspectos contenidos en el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, relacionados con la justicia transicional, las garantías de seguridad, la reforma rural integral y los derechos de las víctimas.

La ACNUDH mencionó especialmente las violaciones a los Derechos Humanos de parte de efectivos de las fuerzas del Estado: ejército, policías y autoridades penitenciarias, recibiendo 42 denuncias de privaciones arbitrarias de la vida que ocasionaron la muerte de 73 personas, en su mayoría en contextos de operaciones represivas, aunque también durante protestas. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, constató además los asesinatos de 73 ex combatientes de las FARC-EP, contando 248 desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. Un atentado sistemático contra las y los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos y los territorios campesinos.

“La ausencia de una presencia integral del Estado, en estas regiones del país, limita la capacidad del Estado de cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida”, se detalla en el informe. Las poblaciones más afectadas fueron las de Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, que además del dolor por los asesinatos, padecen los desplazamientos forzados que involucran a más de 25 mil personas en el país.

El 2021 no trajo mejores perspectivas. La CLOC – Vía Campesina informó que solo en los primeros 35 días de 2021 se registraron 11 masacres y 39 asesinatos. Es decir que, se trata del comienzo de año más violento desde 2016. En este contexto, podríamos señalar la preocupación de la comunidad por la instalación de la base militar en Catatumbo y la situación crítica que vive la población de Buenaventura en la región del Pacífico, debido al accionar paramilitar, el racismo estructural y la pobreza que pone en riesgo a 170 mil personas y que se manifestó mediante el llamado de #SOSBuenaventura. Por otra parte, el 18 de febrero pasado la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) publicó un informe en el que se confirmó que al menos 6402 personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial y pasadas como bajas en combate durante los años 2002 y 2008. Se trata de los mal llamados “falsos positivos” cometidos durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

Más de 50 años de conflicto armado, las promesas incumplidas firmadas en el Acuerdo de Paz de 2016, el accionar de grupos armados paramilitares y militares, el avance de políticas extractivas y de Tratados de Libre Comercio configuran una trama de violencia sistemática que se recrudece año tras año y que llama a las comunidades urbanas de Colombia y a la comunidad internacional para ponerle fin a la lista de víctimas de la violencia.

“Para cumplir lo que dice el Acuerdo, todo eso que vemos que el gobierno no tiene el compromiso de hacer, construir una paz duradera en Colombia”.