Por Dina Meza, desde Honduras*. El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU recibió el informe para el Examen Periódico Universal (EPU), el primero en su género sobre Honduras. La investigación aborda los derechos políticos electorales y se describen elementos críticos del proceso comicial de 2013.
El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) presentó ante el CDH el informe sobre Honduras, siendo esta iniciativa parte del proyecto “Propuestas de reformas electorales desde una perspectiva de derechos humanos”, apoyado por la organización internacional DanChurchAid .
El Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, se establece en 2006 como un órgano subsidiario de la Asamblea General, y tiene la responsabilidad de realizar un EPU, basado en información objetiva y fidedigna sobre el cumplimiento por parte de cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.
El EPU permite vigilar regularmente a los 192 Estados miembros de la ONU, a través de la revisión interestatal destinada a mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno.
Cada año se someten 48 países al examen, 16 en cada uno de los tres periodos de sesiones anuales del Grupo de Trabajo sobre el EPU. A Honduras le toca el turno en los primeros meses de 2015, donde debe demostrar que ha cumplido con 120 recomendaciones que diferentes Estados le hicieron el 4 de noviembre de 2010, en relación a la situación de derechos humanos del país, agudizada desde el golpe de Estado ocurrido en junio de 2009.
El informe de Cespad
En el marco del EPU-Honduras 2015, el Centro de Estudios para la Democracia presentó los aspectos críticos más relevantes sobre el respeto y cumplimiento de los derechos políticos en las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013. También efectuó recomendaciones para mejorar la situación de los derechos políticos en futuros procesos electorales en Honduras.
La presentación se inspiró en la recomendación 1 del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal a Honduras, que estipula: “Examinar su legislación nacional para garantizar el goce pleno y sin restricciones de los derechos humanos por todos los miembros de la sociedad, incluidos los grupos más vulnerables, como las mujeres, las personas lésbicas, gay, bisexuales y transexuales, y los pueblos indígenas”. Además se basa en la recomendación 82.94 que indica poner “en práctica una política activa de prevención de la violencia y los actos de intimidación contra los medios de difusión y los miembros de la oposición política, y dotar a los mecanismos establecidos de los recursos y medios necesarios para cumplir su mandato en la esfera de la protección de los derechos humanos”.
El informe, enviado el 14 de septiembre pasado, describe el contexto de violencia, la ausencia de independencia y autonomía de los organismos electorales, competencia política inequitativa y desigual, acceso desigual a los medios de comunicación, falta de transparencia y rendición de cuentas, de procedimientos claros de denuncia ciudadana, de resolución de conflictos y de investigación de delitos electorales, así como las debilidades del censo electoral que limitan el libre ejercicio del sufragio, violentando con ello el principio de cada ciudadano hondureño al voto.
La Cespad realizó un breve resumen del contexto de los comicios que llevados a cabo después del golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, y señala que en noviembre de 2009, las elecciones en las que triunfó Porfirio Lobo, por el Partido Nacional (PN), se desarrollaron en un contexto de un gobierno de facto, con serias restricciones, amenazas y violaciones a los derechos humanos. Además, más del 50 por ciento de los hondureños y hondureñas no participaron en las votaciones e impugnaron sus resultados. También estuvo ausente la comunidad internacional que, en su mayoría, desconoció los resultados.
En el informe se agregó que uno de los impactos políticos más relevantes de la ruptura constitucional de 2009 es que abrió un proceso de reconfiguración del sistema de partidos políticos.
Los derechos durante los comicios
Las elecciones se celebraron en un ambiente de alta violencia y criminalidad, que limitó la libertad de movilización, reunión y expresión de la ciudadanía y, en especial, de las personas que optaban a cargos de elección popular. Esta situación afectó a los candidatos con menos recursos.
En la investigación presentada a la ONU se constató que durante el proceso de las elecciones primarias, de mayo a noviembre de 2012, se presentaron 27 casos de violencia política electoral directa sobre candidatos, dirigentes o activistas de partidos políticos. Entre los 27 casos, 13 fueron homicidios, 6 amenazas a muerte y 8 atentados. El partido más afectado fue Libre con 7 homicidios, 5 amenazas y 3 atentados; el Partido Liberal (PL) sufrió 4 homicidios y 2 atentados, mientras que el PN 2 homicidios, 1 amenaza y 3 atentados. En el año 2013, sólo de enero a julio, se produjeron 17 casos de violencia política: 10 homicidios, 5 amenazas y 2 atentados.
A esto se suma que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) funcionó de forma parcializada y controlada por los dos partidos políticos tradicionales (PL y PN). Esto dejó a los partidos Libre, Anticorrupción (PAC) y a las otras fuerzas políticas excluidas del TSE en una situación de competencia desventajosa.
El informe remarcó que además se utilizaron los medios estatales y los recursos públicos para favorecer al partido de gobierno. A su vez, se observó el pago del llamado “Bono 10.000” para familias en situación económica precaria por parte de funcionarios del Estado en actos en los que se pidió de manera más o menos directa el voto para el Partido Nacional. En otros casos se descubrió el reparto de bienes de consumo, como materiales de construcción y alimentos, e incluso servicios médicos.
La distribución de los espacios en los medios de comunicación obedeció a la afiliación política e intereses económicos de los dueños de los medios y la amplia mayoría de los medios de comunicación aplicaron a la propaganda electoral tarifas distintas de las de la publicidad comercial, favoreciendo a los partidos afines a sus intereses.
También se detectaron numerosos anuncios electorales denigratorios contra el partido Libre, desprovistos de la identificación del autor responsable de la cuña electoral. En ninguno de los casos se registró una intervención del TSE. Y la cobertura de la campaña electoral por sexo muestra que las candidatas tuvieron un acceso limitado a los medios de comunicación observados.
Ninguno de los partidos políticos que participaron en las elecciones del 24 de noviembre cumplió plenamente con su obligación de proporcionar información sobre la financiación de su campaña. El marco legal e institucional vigente no reúne las condiciones necesarias para permitir una contienda electoral transparente.
Tampoco existió un reglamento y procedimiento claro de parte del TSE sobre quejas e impugnaciones electorales por parte de los ciudadanos y las ciudadanas, y los mismos partidos políticos.
En el informe se destacó que el censo electoral tiene problemas significativos que constituyen una debilidad del marco electoral. Actualmente, un 30% de las entradas son de fallecidos o emigrantes. Además, durante el proceso comicial proliferaron denuncias creíbles de cambios fraudulentos de residencia, en las que siempre estaban implicados el PN y el PL.
La actual cédula de identificación ciudadana posibilita que un votante pueda hacerlo varias veces si dispone de las ocasiones. Esto se debe, entre otras cosas, a que la fotografía no está actualizada y los registros electorales no captan la huella dactilar, como en los modernos sistemas de voto electrónico.
El Cespad envió al EPU una serie de recomendaciones donde se resalta que debe hacer una representación equitativa de las fuerzas políticas en los organismos electorales, depuración el padrón electoral, transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de las campañas políticas, e igualdad de oportunidades para todos los partidos políticos en la competencia política.
Destacó también que es necesaria la participación en igualdad de oportunidades de las mujeres, participación y representación política de los grupos sociales más excluidos, participación más activa de la sociedad civil y de la ciudadanía como veedores de todo el proceso electoral.
En el EPU 2010, Honduras recibió 120 recomendaciones de los diferentes países, entre las que destaca la señalada por Indonesia que describió que valoraba los esfuerzos realizados por el Estado hondureño para estabilizar el país y emprender las reformas democráticas necesarias después del golpe de 2009.
Por su parte, el Salvador expresó que el proceso del examen periódico universal proporcionaba al país la oportunidad de intensificar sus esfuerzos para lograr la reconciliación entre todos los hondureños y superar la situación que había afectado a los derechos humanos en la nación centroamericana.
*Periodista hondureña y defensora de DDHH