Otorgan prisiones domiciliarias a represores por la pandemia

Que el coronavirus mata y que los y las trabajadoras de la salud están haciendo un trabajo heroico es sabido. Que se transforme en un salvoconducto para “rescatar” a represores de las cárceles comunes es triste y, a estas alturas de nuestra historia, inaceptable.

Por Luz Ailín Báez | Foto Tadeo Bourbon

El Tribunal Oral Federal de San Martín (TOF N°2) resolvió otorgarle la prisión domiciliaria a Omar Edgardo Di Napoli, médico represor acusado de delitos de lesa humanidad. Di Napoli está imputado por privación ilegal de libertad personal, tortura, homicidio agravado con ensañamiento-alevosía, privación ilegal de libertad y privación ilegal de libertad agravada a personas detenidas desaparecidas en el sitio que funcionara como Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Arsenal de Artillería de Marina de Zárate, uno de los 10 centros clandestinos pertenecientes a la llamada Área 400 (Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz), bajo el control operacional de Campo de Mayo.

Marcha dialogó con Paola Garello, militante de H.I.J.O.S. Zarate Campana y una de las encargadas de repudiar de manera formal la decisión del TOF N°2 de otorgarle la domiciliaria al médico represor Edgardo Di Napoli.

“Estamos en un proceso de acumulación de firmas, con todos los teléfonos colapsados por las adhesiones. Entendemos que esto es el resultado de 44 años de lucha: primero, de nuestras madres y abuelas y, en los años 90, con H.I.J.O.S. Ya adultos y grandes, hemos garantizado que el “Nunca Más” sea una de nuestras bandera de Memoria, Verdad y Justicia donde históricamente pedimos la cárcel común efectiva y perpetua para aquellos que llevaron adelante actos civiles como militares desde la dictadura en adelante, aunque sabemos que las desapariciones forzadas empezaron mucho antes del 24 de marzo”, afirma Garello.

Frente a la pandemia que acucia a todo el mundo, los abogados defensores de Di Napoli y dos de los doctores del TOF N° 2 aducen que el represor corre riesgo de contraer el COVID-19. “Sabemos que no hay informe alguno, más en la Unidad Penitenciaria n° 32 donde estaba alojado él, de que haya riesgo. Están arbitradas todas las medidas para que eso no suceda”, aclara Garello.

La práctica de connivencia entre algunos sectores de la Justicia (con mayúsculas) y los genocidas se viene dando desde mucho antes con la avanzada que les brindaba apoyo con el 2×1. A fuerza del pronunciamiento social masivo en contra que hubo tuvieron que dar marcha atrás y conformar una práctica constante. “Desde la llegada del macrismo los genocidas se recuestan en determinados tribunales para obtener impunidad en los fallos que los benefician con domiciliarias. Tenemos otro caso en la zona del genocida [ex subcomisario de Policía, Luis Abelardo] Patti, múltiple condenado a perpetua que vive en el country Septiembre de Escobar. Pero entendemos que es una práctica judicial de apañar a los genocidas de lesa humanidad”.

Di Napoli no tiene condena pero está afrontando un juicio de delitos sexuales junto con otros represores que sí están condenados. Al igual que una parte significativa de la sociedad civil, el imputado forma parte del pacto de silencio que tienen todos los genocidas y represores y por eso Garello alerta sobre el peligro de fuga o de violación a las domiciliarias. “Sabemos que a lo largo y ancho de todo el país los genocidas violan las domiciliarias y no hay nadie que los controle. Es la sociedad la que es consciente de que no deben salir. Si los vemos en la calle, los denunciamos, cuando debería ser el Poder Judicial el que los controla”.

Paola Garello es una de las protagonistas de H.I.J.O.S. que ha encontrado los restos de su padre desaparecido, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).“Mi viejo [Luis Lorenzo Garello] era licenciado en Ciencias Políticas, recibido en la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Vivió ahí hasta que se casó con mi vieja en la ciudad de Godoy Cruz. Después se fue a vivir a Capital Federal y consiguió un laburo en las oficinas de la empresa Petrosur. La fábrica, una petroquímica, estaba instalada en la ciudad de Campana. Estando en Capital empieza a trabajar con curas tercermundistas en barrios y villas. Cuando viene a Campana termina militando en la columna 17 de Montoneros. Él acá hace un trabajo sindical muy grande, crea junto con Silvio Francisco Tognoli, también desaparecido el mismo día que mi papá y encontrados sus restos por el EAAF, el Sindicato de Supervisores y Jerárquicos Químicos de la Ciudad de Zárate Campana y empieza a tener un trabajo sindical muy grande articulando con otros gremios metalúrgicos de fabricas de cuero, teniendo en cuenta que acá es una zona altamente industrial.El día de su secuestro tenía 32 años, una esposa embarazada y tres hijos ya nacidos. Por suerte, a mi vieja no se la llevaron y mi hermano menor nació el 4 de febrero de 1977. Yo tenía cuatro años”.

Para Paola, “la Justicia es extremadamente lenta y no está a la altura de la historia”. Y no es para menos: el circuito represivo Escobar-Zarate-Campana tiene, a la fecha, un solo juicio concluido en 2013 con condenas, por decir lo menos, mediocres: Juan Fernando Meneghini, ex comisario de Escobar durante la dictadura, recibió 6 años de condena, que ya había sido cumplida en prisión preventiva, con lo cual se fue a su casa. Santiago Omar Riveros, uno de los cerebros del genocidio, condenado por múltiples delitos, fue condenado a perpetua, el ex prefecto Servando Ortega recibió 9 años en prisión domiciliaria y el excapitán Sergio Buitrago -también imputado- falleció en medio del juicio.

El médico militar Di Napoli está imputado en uno de los dos juicios que se están llevando a cabo en el TOF 2 de San Martín por el mismo circuito represivo: un juicio iniciado por delitos sexuales cometidos a sobrevivientes hombres y mujeres de Zárate, Campana y Escobar. “Muchos sobrevivientes han declarado haberlo visto y escuchado en el Arsenal de Artillería de Marina, donde también sabemos que pasaron mujeres jóvenes y adultas, muchas de ellas embarazadas. Hay una compañera embarazada que está desaparecida de apellido Coutada. Estamos en la búsqueda de ese bebé que pudo haber nacido en cautiverio y creemos que ella pudo haber estado detenida en el Arsenal, aunque no tenemos un testimonio efectivo”, relata Garello.

Frente a la inacción judicial, Paola cuenta que se han conformado grupos con investigadores del CONICET, FLACSO, H.I.J.O.S y SUTEBA, “gente con pura voluntad que va tirando de un hilo para desandar y exigir Memoria, Verdad y Justicia”. Y agrega: “Desde hace años les llevamos prácticamente las pruebas en la mano al tribunal. Llevamos datos o información certera para que la justicia de San Martín la corrobore y después empiece a agilizar o tomar decisiones que tienen que ver con la imputación a genocidas. Por eso entendemos que la Justicia está en una grave falta con las víctimas. A 44 años del golpe cívico-militar deberían estar enjuiciando a los genocidas, pero los están liberando de a cuentagotas”.

 “Hay domiciliarias por todos lados. Donde vos vayas con la regional que hables, hay domiciliarias. Tiene que ver con el respaldo de impunidad que les da el Poder Judicial a estos genocidas. Este pedido de domiciliarias, en esta coyuntura sanitaria grave que vive el país, se está dando mucho. Hay tribunales que se animan a decirles que no, que leen y oyen los informes del servicio penitenciario y otros que tienen contemplaciones para con los genocidas. Todas las domiciliarias que se están dando en este momento son por Coronavirus.

Al pedido de domiciliaria aceptado para Di Napoli se le suman los otorgamientos de domiciliaria al represor formoseño Horacio Rafael Domato, prófugo de la Justicia durante 7 años y responsable de los grupos de tareas que funcionaron en dicha provincia, y la prisión domiciliaria otorgada por el Juez Federal Juan Manuel Iglesias al genocida Mario Osvaldo Sosa, quien fuera condenado en el año 2013 por el Tribunal Oral Federal de Formosa a la pena de dieciocho años de prisión por ser considerado coautor de los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y tormentos agravados seguidos de muerte. Sosa fue enviado a un domicilio de la ciudad de Resistencia sin que se cumpla la normativa para el caso en relación a la pandemia y sin cumplimentar el requisito de la tobillera electrónica.

“Viven en un pacto de silencio para tener impunidad y esta pandemia, que a todos nos tiene ocupados y preocupados, a ellos los tiene frotándose las manos, mirando la posibilidad que tienen para obtener impunidad”, sostiene Garello. “Ellos están más que satisfechos con esta pandemia. Están celebrando que exista para poder irse a sus casas. Y nosotros les dijimos que el único lugar para un genocida es la cárcel común y la condena perpetua. Sus casas, para nosotros, son sus celdas”.