Un recorrido por los distintos actos y movilizaciones en un nuevo aniversario del golpe militar de 1976.
La jornada de conmemoración del 24 de marzo, aniversario del último golpe de estado en el país, comenzó con una vigilia durante el viernes 23 organizada por las Madres de Plaza de Mayo lideradas por Hebe de Bonafini. El mismo sábado 24, en el Congreso de la Nación, se llevó adelante una sesión especial conjunta en la que se brindó reconocimiento a los camaristas y fiscales que llevaron adelante el “Juicio a las Juntas”, en la década de 1980 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Allí también se firmó una declaración unitaria entre los distintos bloques en la que se expresó el pedido por la aceleración de los juicios que hoy se están llevando adelante a los genocidas. “Esta Asamblea aspira a que durante el actual período constitucional se concluyan todos los juicios correspondientes a causas referidas a delitos de lesa humanidad y vinculadas con las violaciones masivas de derechos humanos”, reza el documento.
“Este día hay que reforzar la memoria, reforzar el repudio a la dictadura militar y todas las consecuencias que después tuvimos y tenemos hasta ahora. Es por eso que hay que recordar que hay 30 mil desaparecidos, que no se abrieron todavía los archivos, que tenemos que saber que pasó con todos y cada uno de ellos. Que los jueces tienen que decir a quienes le entregaron los chicos nacidos en cautiverio, apropiados”, afirmó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora en declaraciones a Radio Sur. En este sentido fue que se organizó la primera de las convocatorias a Plaza de Mayo, la del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ).
Convocada a las 15 en Congreso, la columna del EMVyJ fue encabezada por dirigentes de distintos partidos de izquierda y organismos de derechos humanos no alineados con el gobierno nacional. La convocatoria estaba centrada en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en la actualidad.
El documento leído en el acto recordó las desapariciones en democracia, teniendo como casos paradigmáticos los de Julio López y Luciano Arruga. También denunció la ley antiterrorista recientemente modificada en el Congreso y exigió el fin de la criminalización de la protesta social como sucedió con los casos de los pueblos que luchan contra la megaminería. A su vez, también demandó la apertura de los archivos y la aceleración de la realización de los procedimientos judiciales. “A este ritmo serán necesarios por lo menos 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya procesados” sentenciaron.
La segunda movilización del día fue la que convocaron los sectores más afines al gobierno nacional, encabezados por Madres de Plaza de Mayo, Abuelas e Hijos y seguidos por organizaciones kirchneristas como La Cámpora y la Juventud Sindical. La consigna que unificaba a la misma era “los grupos económicos también fueron la dictadura”. Allí se hicieron presentes numerosos legisladores y funcionarios.
Como ya es costumbre los 24 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, en ambas movilizaciones se pudo observar enorme cantidad de familias y jóvenes que se acercaron a la plaza sin formar parte de ninguna columna organizada necesariamente. Muchos de ellos, incluso, participando de ambas convocatorias.
Hace ya varios años que en la Ciudad de Buenos Aires no existe una convocatoria unificada. El EMVyJ durante años llevó a cabo una lucha importantísima por la recuperación de la memoria y por los derechos humanos tanto de ayer como de hoy. El sector oficialista que se abrió del espacio, lo hizo focalizando su convocatoria en reivindicar los avances respecto de los juicios de la última dictadura, sin mencionar violaciones a los derechos humanos que suceden también en democracia. Desde el año de su surgimiento, la convocatoria del EMVyJ aglutinó a todo un espacio político que iba desde los organismos de derechos humanos surgidos en la lucha contra la dictadura como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, Hijos y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; como a partidos políticos y organizaciones de izquierda, centros de estudiantes, sindicatos, etc. La llegada del kirchnerismo al gobierno y sus políticas en relación a la última dictadura, generaron álgidas discusiones y una ruptura del movimiento de derechos humanos, lo que dio lugar a esta bifurcación de convocatorias.
Allí, el EMVyJ se convirtió en un polo de referencia para quienes sostenían una visión crítica de la labor en materia de derechos humanos del gobierno nacional.
Sin embargo, en esta última movilización se dio la particularidad de que participó, por primera vez en muchos años, la Unión Cívica Radical (UCR). Esto generó que un importante espectro de organizaciones que había realizado un acto más temprano en el obelisco, decidiera marchar a Plaza de Mayo por fuera de la columna del EMVyJ en desacuerdo con la participación de un partido político al que señalaron como “responsable de la impunidad”. En este grupo se encuentran, entre otras, la Central de Trabajadores de la Argentina seccional Capital, la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de la Argentina y Quebracho.
El rechazo generado por la presencia de la UCR en la movilización tiene sus fundamentos centrales en que el gobierno radical de Alfonsín fue el impulsor de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Las mismas garantizaban la impunidad de los genocidas, al eliminar la responsabilidad de quienes tenían bajo rango y poniendo fecha límite para presentar causas judiciales. Su anulación, conseguida recién en 2003, fue uno de los principales reclamos (junto con la anulación de los indultos que había aplicado Carlos Menem a los jerarcas militares) de las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas durante toda la década de 1990.