Por Federico Nacif, desde Bolivia. Una entrevista con Rosa Alarcón, antropóloga ambiental, boliviana y aymará, y técnica de participación social del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) entre 2008 y 2010.
El 27 de abril salió de Trinidad la Novena Marcha Indígena, exigiendo la anulación de la Ley 222 de Consulta sobre la construcción de una carretera que uniría los departamentos de Cochabamba y Beni atravesando el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Llegó a la ciudad de La Paz el miércoles 27 de junio, y fue recibida en un acto organizado por el alcalde Luis Revilla, del partido opositor Movimiento Sin Miedo, y el arzobispo de la iglesia católica Edmundo Abastoflor, quien celebró una misa para los marchistas. El conflicto al interior del bloque social campesino-indígena, que en 2006 accedió al poder del Estado, cobró dimensión nacional en medio de llamados al diálogo, represión y denuncias cruzadas de estar infiltrados por intereses ajenos al de los sectores populares. Para tratar de indagar qué expresa y qué se juega en este conflicto entrevistamos a Rosa Alarcón, antropóloga ambiental, boliviana y aymará, y técnica de participación social del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) entre 2008 y 2010.
El conflicto por la carretera del TIPNIS se presenta como un conflicto entre medioambiente vs desarrollo, pero parece difícil explicar así la magnitud que cobró a nivel nacional.
Desde que el Estado inicia la gestión de las áreas protegidas en 1965 lo hace con una visión de conservación ambiental distinta a la que tienen las comunidades indígenas, adoptando acríticamente la visión proveniente de las experiencias de conservación dominantes a nivel mundial. Es recién en 1993 que el Estado boliviano, bajo la influencia de las corrientes dominantes como la “Cumbre de Río”, asume la gestión de las llamadas “áreas protegidas”. Junto a la Ley 1333 del medioambiente, organiza un sistema nacional con todas las áreas protegidas existentes (el 80% de las que hoy existen), y en 1998 se crea el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) con el objetivo fundamental de gestionarlas y administrarlas, pero siempre bajo un modelo de gestión y conservación impuesto por los organismos internacionales.
¿Dónde radica la diferencia entre la visión ambientalista dominante y la cosmovisión indígena?
El artículo 1 de la ley de medioambiente dice que el objetivo es regular la conducta humana y proteger la naturaleza. Al igual que las áreas protegidas norteamericanas instituidas en 1914, la ley boliviana insiste en concebir al ser humano como esencialmente perjudicial para la naturaleza, y por lo tanto hay que aislarla, conservarla. Para los organismos internacionales ambientalistas, los indígenas son simplemente un instrumento eficaz para la conservación de este espacio donde existe biodiversidad. Que tenga participación el indígena, pero que nunca tome el poder, que nunca posesione sus propias visiones. Para los pueblos indígenas, en cambio, la presencia humana dentro de la naturaleza nunca fue nociva. Todos somos uno, naturaleza y ser humano. Es una visión holística de la naturaleza, donde los seres humanos somos hermanos del agua, del sol, de las plantas y los animales. La relación con la naturaleza no puede negarse, como ser humano debo vincularme con ella y hasta debo transformarla. Sin embargo, al asumir la esencia perjudicial del ser humano, la política estatal zonifica el territorio según niveles de protección, negando en determinados espacios la relación con la naturaleza, y se imponen autoridades ajenas a las comunidades. A pesar de estas discrepancias tan fuertes, los pueblos han logrado acomodarse, cediendo, negociando, a través de pugnas, disputas y confrontaciones abiertas con el Estado, tomando campamentos, o prohibiendo el ingreso a los funcionarios. Pero también se han dado cuenta de que la categoría de “área protegida” podía significar algunas ventajas materiales, al atraer a las ONG y la cooperación internacional y conseguir así mejoramiento en temas de salud y educación. Las comunidades indígenas se apropian de esta forma del concepto de “área protegida”.
Si bien la nueva Constitución habla del bloque indígena-originario-campesino, los medios titularon este conflicto “Cocaleros vs. Indígenas”, como si los cocaleros no fueran indígenas, o los indígenas no fueran campesinos. Al interior del TIPNIS, ¿hay una contradicción entre el sur “cocalero” y el norte “indígena”?
En el mapa del TIPNIS hay una línea roja que divide las Tierras Comunitarias de Origen del llamado Polígono Siete. De un lado, los hermanos indígenas de tierras bajas, con sus tierras comunitarias y su vínculo a la Iglesia Católica desde los tiempos de la colonia española. Aquí, las condiciones de evangelización han sido mayores que en tierras altas. Del otro lado, el polígono que se ha titulado de manera individual, conformado por campesinos aymaras, originarios de tierras altas, que dentro de sus actividades productivas han incorporado la hoja de coca. Estos indígenas aymaras, denominados despectivamente colonizadores, son vistos por las clases medias urbanas como actores negativos, vinculados al narcotráfico, y esta imagen es estimulada por ciertos actores políticos y también medioambientalistas. Sin entender que la coca ha servido y sirve para mejorar las condiciones de vida. A título de conservación de los recursos naturales, no se los puede condenar a quedar marginados. Existen poblaciones en las áreas protegidas que viven sin acceso a la educación y la salud, y que no pueden garantizar mejores condiciones de vida para sus niños. Sin embargo, la hegemonía de la visión conservacionista sigue ganando réditos, sobre todo entre los sectores medios urbanos. El gobierno no logró comprender esta lógica, y por primera vez parece imposible la negociación entre hermanos indígenas, un elemento fundamental de la política de nuestros pueblos. Antes de la consulta, tendríamos que organizar un profundo debate público sobre nuestro propio modelo de relación con la naturaleza.