Por Guillermo Edgar*, desde México. En Guerrero y Michoacán, grupos organizados bajo el derecho de “usos y costumbres” se defienden de los paramilitares y de la confrontación interna provocada por el Gobierno. En Tamaulipas, frontera con EE.UU., crece la violencia paramilitar. El rol del Estado y el saqueo de los bienes naturales.
Hace algunos meses se conoció en diversos medios la experiencia de las “policías comunitarias” en el estado de Guerrero (centro sur, en la costa del pacífico), donde existe un fuerte arraigo indígena. Fueron difundidas imágenes de las comunidades con el poder que les confieren los usos y costumbres, más las precarias herramientas -difícil llamarlas armamento- propias de poblaciones serranas y campesinas organizándose para mantener mínimos márgenes de convivencia en sus pueblos.
En el fondo de estos acontecimientos se encuentra el antiguo debate en torno al monopolio -por parte del Estado- del uso de la violencia para el equilibrio social. En aquellos meses, en Guerrero, las tensas asambleas y juicios populares realizados en canchas deportivas o en galpones tuvieron en vilo a las instituciones nacionales que reclamaban les entregaran a los detenidos, presuntos integrantes de bandas criminales (muchas veces ex militares o ex integrantes de la policía) que comenzaban a llegar a esos pueblos a consolidar sus estructuras violentando las redes comunitarias y su balance social.
En meses recientes, junto a Guerrero, el vecino estado de Michoacán (centro occidente) acaparó la atención mediática con la visibilización de las llamadas “autodefensas”. El gobierno mexicano, además de reconocer en los hechos la falta de presencia del Estado, comenzó a incidir directamente en la organización local renovando el precario armamento, con comisionados ex profeso y fomentando el divisionismo y la fragmentación, al reconocer a unos líderes y a otros no de estos grupos ahora reconvertidos en “policía rural”.
La cobertura mediática de estos hechos ha sido dirigida políticamente y es notable la deliberada omisión en los análisis publicados en los medios de que es el Estado mexicano el causante de esta situación -por ausencia o incapacidad-, y que eso implica una responsabilidad.
La situación trasciende lo regional. Incluso en ese mismo territorio se han descubierto casos de saqueo de recursos naturales como un segundo decomiso de 100 mil toneladas de hierro extraído clandestinamente para sacarlo por el puerto de Lázaro Cárdenas (de suma importancia en la costa del pacífico mexicano por ser un puerto de gran calado), lo cual implica sofisticadas redes de corrupción a nivel nacional e internacional.
El discurso oficial y el saqueo de los recursos
Mientras tanto, el área fronteriza con Texas (Estados Unidos), en el Estado de Tamaulipas, tristemente célebre por las masacres de casi 300 personas de diferentes países de Nuestra América en 2010 y 2011, tiene saldos semanales en vidas humanas equivalente a la guerra colonial provocada en Siria o en Irak. Esta zona limítrofe con Estados Unidos casi nunca es noticia de primera plana en los periódicos que circulan en México, muy ocupados en dar prioridad a la violencia golpista provocada en Venezuela.
Miles de desplazados despojados de sus tierras o exiliados económicos que se han pasado del otro lado de la frontera, despejan el territorio para la explotación -legal o ilegal, depende del avance en las reformas en las leyes mexicanas- de recursos naturales con técnicas como el “fracking” o la reactivación de minas con procedimientos altamente contaminantes.
La doble moral del sistema político que administra la pobreza y la riqueza de México llega a niveles obscenos. Para ejemplo, tenemos las “versiones oficiales” de actos de violencia como la reciente explosión en un restaurante de la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas (atribuida al inicio a una fuga de gas). Muchas veces se han descubierto en la frontera con Estados Unidos túneles con infraestructura especializada o incluso rieles subterráneos con los que se contrabandean personas, armas, o toneladas de precursores químicos y sustancias ilícitas en ambas direcciones las 24 horas del día. Pero merece más difusión y análisis algún contrabandista “independiente” que cuenta sus faenas en gramos.
Continuamente se trata de presentar la información de manera conveniente a los discursos oficiales, encubriendo grandes errores y omisiones, mientras en los canales de televisión vemos verdaderos homenajes y loas a la cultura de estas bandas paramilitares con series o telenovelas donde aparecen galanes y modelos personificando a los mafiosos. Este aparador sin la mínima perspectiva crítica es una invitación descarada a emular a estos personajes; nunca se visibiliza la problemática que subyace en lo económico y geopolítico.
En resumen, con la incidencia del gobierno mexicano en las organizaciones comunitarias de control territorial nos encontramos ante una pequeña variante del brutal estilo de la administración anterior (confrontación armada sin fijarse mucho en efectos colaterales), y que sólo consiste en imponer un “marco de paz” a estas dinámicas culturales y financiero-económicas (legales o no) aunque sea a costa de distorsionar las más sutiles estructuras sociales en estas tierras, que se practicaban por cierto desde antes de la presencia europea en el continente.
(*) Integrante del grupo de investigación ADCP-UNAM http://adcpfaunam.wix.com/adcp
Twitter @guilledgar
Más información sobre las policías comunitarias de Guerrero y Michoacán:
https://www.facebook.com/counitariosnahuas
http://www.policiacomunitaria.org/