Paraguay: “Es injusto que tengamos que pagar las deudas asumidas por el Estado”

En un país donde la desigualdad es proporcional a su amplio territorio agrícola-ganadero por la extrema concentración de la tierra, la llegada del Codvid-19 atenta directamente contra las y los mas pobres. Con los pies en la tierra: la reflexión de las lideresas de Conamuri.

Por Diana Viveros (*)

Como introducción, diremos algunas obviedades en el mundo actual: El paro sanitario generado por la Codvid-19 tiene un gran impacto en todos los aspectos de la vida humana, incluyendo lo ambiental. Las medidas adoptadas por los gobiernos de turno en los diferentes países, como la cuarentena, la suspensión de clases, el cierre de fronteras o la restricción de vuelos internacionales, traen consecuencias en el desarrollo normal de la rutina de las personas. Paraguay no es una excepción.

Desde el 11 de marzo, con la confirmación del segundo caso de contagio por el nuevo coronavirus en el país, todo lo conocido quedó en segundo plano con las limitaciones impuestas a la ciudadanía. De venir enfrentando una larga lucha contra el dengue hasta días previos a esa fecha, un enemigo invisible mucho peor pasó a ocupar el primer lugar en la agenda sanitaria. Esos primeros días en este nuevo escenario desnudaron desde el vamos varias cuestiones relacionadas a la ineficacia y precariedad del Estado paraguayo en cuanto a inversión en gastos sociales e infraestructura.

Cuando por un lado la solución era el lavado de manos frecuente para evitar la expansión de la Covid-19, la empresa estatal proveedora de agua metió en guerra de nervios a la población con su pésimo servicio de distribución del vital líquido. Barrios enteros sufrieron la falta de agua por varios días, incluso semanas. Con el miedo a flor de piel, potenciado por la prensa masiva, de que cualquiera podría llevar el virus a casa e infectar a su familia, y a sabiendas de que el sistema de salud en el país solo contaba con 700 camas de terapia intensiva en todos los hospitales públicos al inicio de la pandemia, el acato al aislamiento social fue casi unánime, salvo excepciones.

Asunción y el departamento Central tienen, de todo el país, los mayores casos de infectados –unos 213 en total– y muertos, que al cierre de esta redacción no supera la decena. La cuarentena ha reportado el aumento de pérdidas de empleo, escasa asistencia institucional en los territorios y situaciones de hambre en hogares sostenidos por el trabajo informal, hoy en pausa forzada. El gobierno ha endeudado al país con préstamos millonarios para hacer entrega de subsidios monetarios a través de giros telefónicos a las trabajadoras y trabajadores informales para la adquisición de alimentos y medicina y a quienes han perdido el empleo por motivo de la cuarentena, pero este sistema ha traído muchos quebrantos por las irregularidades, la administración poco clara de los recursos y por la corrupción que permea todas las instituciones. 

Las fuerzas represivas, dando rienda suelta al autoritarismo, han copado las comunidades y barrios populosos bajo orden de evitar la circulación “innecesaria” y han sido evidenciados cometiendo abuso de poder, vejaciones y tortura contra personas que han tenido que salir a buscar el pan para su familia, personas jóvenes o adultos mayores, pero todas con el factor común de la pobreza. En el campo, eterno furgón de cola del Estado paraguayo, la calidad de vida está cada vez más resentida. Sin políticas agrarias que den salida a los problemas comunes de los territorios campesinos e indígenas, la situación se agrava en el contexto de la emergencia, haciéndose cada vez más urgente la necesidad de implementar una reforma agraria que garantice el autoabastecimiento, con productos de buena calidad y accesibles para todas y todos.

El gobierno de Mario Abdo está pensando en la reforma del Estado sin la participación de los sectores populares, y esta semana se empezó a hablar de la reestructuración del Ministerio de Agricultura, lo cual preocupa a las organizaciones campesinas en el sentido de que son los exponentes del agronegocio los que están sentados a la mesa junto a las autoridades, poniendo en riesgo la creación del Viceministerio de la Agricultura Familiar Campesina, aprobado el año pasado pero sin vigencia aún y lo poco que se avanzó en materia de conversación sobre programas a beneficio del campesinado.

El virus tardó un poco más en llegar al campo, pero finalmente atravesó el actual epicentro de la enfermedad. Y en este panorama, las mujeres campesinas e indígenas están en el grueso de la población donde la pandemia de la Covid 19 más impacto genera. A la situación general que viven muchas mujeres en Latinoamérica que son jefas de familia y que sufren violencia de género, el encierro en la casa es simplemente una carga demasiado pesada para sobrellevar. Cuando de por sí el costo de vida era elevado para las mujeres campesinas e indígenas, ahora con el coronavirus pululando todo es cuanto menos mucho más difícil.

La suspensión de clases acogió la alternativa de la virtualidad educativa, y el celular pasó a ser el nexo entre la institución y las y los educandos; basándose en una falsa premisa, de que el 95 % de la población cuenta con un celular, el Ministerio de Educación creó un sistema de clases diarias, a distancia, a través de internet. A la existencia de comunidades que no cuentan siquiera con energía eléctrica, hay que sumar que las impresiones y fotocopias de las lecciones enviadas por la aplicación WhatsApp, generan un gasto extra a las familias, sin tener en consideración la lógica de que no todos manejan técnicas ni estrategias de pedagogía para fungir en la casa las funciones de una docente de aula.

Las voces de Conamuri

El distanciamiento social obligatorio como medida de prevención es contrario a la vivencia campesina, dice Alicia Amarilla, de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri. “Las mujeres nos juntamos a hablar y a buscar alternativas ante los problemas de la comunidad, nos organizamos y procuramos autogestión para sustituir al Estado ausente. Con la cuarentena no tenemos ni una posibilidad de reunirnos siquiera”, lamenta. Por eso cuesta tanto que las mujeres rurales reduzcan toda forma de comunicación a lo virtual. “Es muy necesario para nosotras vernos las caras, juntarnos a debatir, discutir, porque en este contexto de cuarentena se están tomando muchas decisiones a nuestras espaldas”. 

En cuanto a la violencia de género, va en aumento durante el encierro que entraña el aislamiento. “Muchas mujeres están expuestas a su agresor y se han disparado los casos de abusos infantiles, pero como ocurren durante la pandemia tienen menos repercusión en los medios”, agrega la entrevistada, oriunda del distrito de Repatriación, departamento de Caaguazú. 

La lideresa del pueblo Qom, Bernarda Pesoa, cuenta que la realidad en su territorio, en el bajo Chaco, es de una emergencia constante, pero que ahora “estamos atravesando una situación muy crítica enfrentando el problema como pueblo indígena, cuidándonos en colectivo, protegiéndonos a través de la medicina natural y esperando que el Gran Espíritu nos ilumine. Nos juntamos en comunidad para informar a las mujeres, las ancianas y los ancianos, a las niñas y niños, que hay una enfermedad muy contagiosa que se está expandiendo, que necesitamos mantener las manos limpias para no enfermarnos y que hay que evitar el contacto entre personas; tuvimos que armar trincheras en los caminos porque vehículos que no son de la comunidad entran y salen del cuartel general que está cerca, ahí los militares no dejan pasar por eso desvían, a nosotros nos revisan y nos multan si nos ven caminando, nadie puede salir a comprar comida ni nada”, testimonia Bernarda.

Ella reflexiona en torno a la desigualdad y la discriminación que sufren los pueblos indígenas en el marco de la pandemia de la Covid 19. “No incluyen a los pueblos indígenas en los programas de asistencia social, no recibimos subsidios y la ayuda en víveres y medicamento tarda demasiado, las autoridades dijeron que la gente del campo puede aguantar al menos 15 días con lo que tienen en sus casas, pero en la precariedad con la que vive la mayoría de los pueblos indígenas esto no es así, aquí los alimentos ya empiezan a escasear para al menos 300 familias”.

Para Rosa Toledo, campesina que vive en el distrito de Liberación (departamento de San Pedro), “el privilegio que tenemos las personas que vivimos en el campo y contamos con un pedazo de tierra para cultivar es que podemos producir para autoconsumo y sobrevivir por un tiempo, por más que no haya ingresos económicos”. Ella reconoce que incluso así hay muchas necesidades, limitantes históricas que han tenido que soportar las comunidades rurales ante la desidia estatal. “Los programas del gobierno no llegan a nuestra comunidad ni en los alrededores, supuestamente se hicieron préstamos millonarios para asistir a las familias pobres con víveres, pero eso no llega a nuestro territorio, y así las cosas las mujeres nuevamente somos las que salimos más perjudicadas, nada se está vendiendo porque la gente tiene miedo”.

Siempre lo bueno a rescatar en este tipo de crisis es la solidaridad y la organización popular. “Hay mucha cooperación entre las familias, gracias a eso estamos sobrellevando los días”, agrega Rosa. Así, en el poblado se afianzan las ollas populares o como se llama en guaraní, el karu guasu, siempre liderado por mujeres que sostienen en los barrios y distritos la organización de la comilona. Se cocina con lo que se tiene a mano, un poco de arroz, fideo, se hierve mandioca o con harina se hacen tortillas por montones, lo que alcance y para quienes alcance, priorizando a niñas y niños. Pero dejando que la gente que menos tiene se ocupe del prójimo va a llevar a una profundización de la crisis en algún momento. “Es una injusticia muy grande que todas y todos tengamos que pagar las deudas asumidas por el Estado y que los subsidios no lleguen a todos los que verdaderamente necesitan”, dice Rosa.

La pandemia del nuevo coronavirus está resignificando muchos aspectos de la vida humana en sociedad. Desde Conamuri, en ese sentido, reivindicamos la Soberanía Alimentaria como la alternativa válida para la transformación de los pueblos, ante las dificultades subrayadas por la inminente escasez de alimentos. “El cultivo de alimentos sanos y agroecológicos, la conservación de semillas campesinas y el acceso a la tierra para visibilizar el aporte de las mujeres en la agricultura son las banderas de lucha de nuestra organización que, en esta pandemia, son una prueba de que siempre estuvimos en lo correcto, nuestra apuesta es por la vida y por la superación de las desigualdades”, concluye Alicia Amarilla.


(*) Integrante de Conamuri, Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas de Paraguay