Paraguay: miles en las calles piden cortar con Cartes

Paraguay: miles en las calles piden cortar con Cartes

Por Paulo López*. Un amplio frente de organizaciones populares marchó en Asunción pidiendo la renuncia del presidente Horacio Cartes. Fuerte rechazo al modelo privatizador y a la militarización en el campo.

En conmemoración del 66º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diversas organizaciones campesinas, políticas y sindicales protagonizaron este miércoles una masiva movilización en la capital paraguaya.

Desde su asunción hace un año y cuatro meses, Cartes impulsó rápidamente medidas para concesionar bienes públicos y utilizar a los militares en cuestiones de seguridad interna bajo la supuesta lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en contravención de lo que establece la misma Constitución. Ha militarizado el campo, asumido funciones del Legislativo y ahora avanza hacia el control total del Poder Judicial.

Desde tempranas horas de la mañana, barreras policiales detuvieron en las rutas del interior a los buses que transportaban a los miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) que se dirigían a Asunción para participar de la protesta. En respuesta, los labriegos cerraron las rutas y rebasaron al contingente policial, pudiendo llegar a la capital para sumarse a la marcha.

Varios miembros de esta organización se encuentran presos, imputados y fueron gravemente heridos durante varias acciones realizadas en contra de las fumigaciones de los sojales que violan las medidas de seguridad ambientales. La FNC adoptó un mandato asambleario para impedir las fumigaciones en torno a sus comunidades.

La principal reivindicación de las organizaciones fue “la renuncia del presidente Horacio Cartes, de todo su gabinete y su línea sucesoria, y la instalación de una Junta Patriótica integrada por mujeres y hombres con reserva moral”. Asimismo, sectores sindicales llamaron a realizar otra huelga general como la del 26 de marzo “para derrotar el plan privatista y saqueador del gobierno”, según declaró a la prensa el secretario general de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), Julio López.

El mismo día de las movilizaciones, el oficialismo arrancó un juicio político contra tres ministros de la Corte Suprema de Justicia –un cuarto integrante renunció para no someterse al proceso–. El titular del Ejecutivo (cuyo partido es mayoritario en el Congreso y ha cedido varias de sus atribuciones al presidente a través de leyes inconstitucionales) se apresta ahora a destituir a las máximas autoridades del Poder Judicial para hacerse del control absoluto sobre los tres poderes del Estado.

En Argentina también

En sintonía con la jornada de lucha realizada en Paraguay, una comitiva del Movimiento 138, que aglutina a migrantes y descendientes de paraguayos residentes en la Argentina, presentó una queja ante la embajada en Buenos Aires en repudio al creciente carácter represivo del gobierno de Cartes.

En representación de la organización, Joel González y Fátima Pinho presentaron una nota al embajador paraguayo Nicanor Duarte Frutos en la que, en primer lugar, se asumen como migrantes que han sido expulsados por razones económicas, políticas y académicas –según el caso–, y que muestra que para el agronegocio fervientemente promovido por el gobierno hay gente que sobra.

Asimismo, expresan su total adhesión a la multitudinaria jornada de protesta realizada contra el alarmante retroceso en materia de derechos humanos experimentado durante la administración Cartes, que se da tanto a través de la represión directa como con la reivindicación de la dictadura de Alfredo Stroessner. Esto en el contexto de la impunidad que gozan los represores y la no recuperación de las ocho millones de hectáreas de tierras malhabidas repartidas entre los jerarcas y cómplices del régimen, entre otros bienes acumulados al amparo de la dictadura.

El pronunciamiento menciona además la constante persecución contra los sectores urbanos organizados, como el sector estudiantil secundario, cuyos integrantes, la mayoría de ellos menores de edad, están siendo sometidos a procesos judiciales por realizar manifestaciones pacíficas en exigencia de una mayor inversión educativa. Entre otros puntos, denuncian también la política de “ajuste” que provoca desabastecimiento y mala atención en los hospitales así como el endeudamiento y el sistema tributario regresivo que lleva la mayor carga hacia los sectores con menos ingresos.

* Periodista paraguayo