Default: Pasó el día D… ¿y qué?

Default: Pasó el día D… ¿y qué?

Por Francisco J. Cantamutto. La semana pasada venció la fecha límite de pago a los bonistas que entraron al canje. Argentina, a pesar de haber depositado los fondos, entró en default selectivo.

 

Pasó el día del temido default y la vida sigue. El 30 de junio vencieron los bonos del canje 2005 (reabierto en 2010) por 539 millones de dólares, los que el gobierno debía pagar en plazo. Debido al fallo favorable a los Fondos Buitres del juez Griesa, se impuso un bloqueo a esos fondos para proteger los intereses de los fondos MNL Elliott y Aurelius. Ese bloqueo implicaba que, aunque Argentina depositó los fondos para realizar el pago, los mismos no llegaban a sus acreedores. Este impasse tenía 30 días de gracia antes de producir el default técnico por falta de pago, lo que la presidente Fernández impugnó al señalar que el país es solvente y pagó sus deudas.

El gobierno argentino apeló a este bloqueo para destrabar los pagos, algo que los Fondos Buitres impugnaban alegando la imposibilidad de distinguir entre bonos en litigio de bonos canjeados. Pero en la cruzada a favor del pago, diversas entidades financieras se sumaron a las apelaciones para lograr que los fondos lleguen a destino: Citibank, Euroclear, Clearstream y esta semana, el JP Morgan. Todas aves de rapiña de otras estirpes, que ante el riesgo de que sus carteras se devalúen por tener bonos impagos de Argentina, buscaron la buena voluntad del juez para lograr los cobros del caso. Griesa, sumiso a las presiones del sistema financiero, otorgó permisos puntuales de pagos, pero sin levantar la inhibición general.

El mismo riesgo de una cesación de pagos que enfrentaron varios bancos de capital nacional, que tienen en sus activos bonos del Estado nacional, y que enfrentarían una caída en el valor de su cartera ante un default. Por eso la Asociación de Bancos (ADEBA) se ofreció a comprar parte del litigio, u ofrecer una garantía de 250 millones de dólares, iniciativas que los Fondos Buitres no aceptaron. No se trataba de un acto de patriotismo, sino puro interés del capital financiero con asiento en el país. Uno parecido al del Citibank y JP Morgan, a quienes nadie llamaría patriotas argentinos.

Es por ello que quedó declarado el defaultselectivo del país. Esto significa que Argentina no cayó en una cesación generalizada de pagos, sino que tiene algunas deudas impagas. Sin embargo, esto ya fue motivo suficiente para que los fondos buitres que compraron seguros de riesgo contra default hayan podido cobrar suculentas sumas. Es decir, los mismos fondos que accionan por el cobro total de bonos adquiridos a precio de remate, compraron seguros por el no cobro de esos bonos. O lo que es lo mismo: jugar a dos puntas. Ahora cobraron los seguros, y pueden continuar de todas formas su accionar judicial para el cobro total de los bonos.

El gobierno argentino, a través del jefe de gabinete Jorge Capitanich y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, anunció que denunciaría esta operación en la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. El argumento es simple de entender: el Comité de Determinación para América de la International Swaps and Derivatives Association (ISDA), que determinó el default selectivo, tiene en su directorio a uno de los fondos involucrados en el juicio, el MNL Elliott. Esto es una falta total de ética, pero el argumento difícilmente prospere en los tribunales estadounidenses, poco preocupados por las reglas de la moral cuando los negocios intervienen. El mediador con los fondos buitres, Daniel Pollack, también dictaminó el default, y el juez Griesa lo ratificó ante las amenazas de impugnación por falta de imparcialidad. Standart & Poor’s, vieja conocida entidad por ser una de las que determina el riesgo país, se sumó a las declaraciones de default selectivo: el capital financiero ya dictaminó su negocio.

El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, se pronunció por llevar el reclamo contra el fallo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sin embargo, según el ex fiscal Luis Moreno Ocampo, es difícil que este juicio prospere, puesto que Estados Unidos nunca aceptaría la jurisdicción de la entidad. Es que el país del norte no está dispuesto a que ninguna entidad supranacional vulnere su principio de poderío, lo cual deja el futuro de las reestructuraciones de deuda del mundo en manos de un viejo juez neoyorkino.

Argentina quedó atrapada en el juego del capital financiero mundial. Éste es el resultado de la estrategia continuada de pagos con un discurso rebelde. Esta semana, el Club de París cobró 642 millones de dólares de la deuda reestructurada hace pocos meses, una deuda proveniente de la dictadura militar (1976-1983). Ese es un legado que el gobierno no ha cuestionado, más allá de los juicios a los represores.

La oposición interna argentina se ofende por los modos del gobierno nacional, pero ha apoyado sistemáticamente su inquebrantable voluntad de pago. Es por eso que tras tanto discurso vaciado de contenido, muy pocas alternativas de negociación son las que la oposición patronal ofrece: simplemente se critican los modos y discursos, pero no pueden mostrar ninguna opción de salida.

Esas opciones fueron una y otra vez escondidas por el gobierno nacional, que, por ejemplo, nunca cuestionó la jurisdicción externa de la deuda, a pesar de poder hacerlo en numerosas oportunidades. El famoso canje de 2005 (reabierto en 2010 y 2013, avasallando las propias leyes para poder pagar) se encargó de garantizar esto, además de pagos que -considerando los intereses caídos y los premios por crecimiento- no sólo no implicaron quita, sino una ganancia del 4% anual sobre el monto total. O sea, sin quitas y sin cambios de legislación de fondo ni tribunales de aplicación.

En estos momentos urge que los sectores populares levantemos, como lo hicimos en las protestas de 2001, la consulta popular de 2003 y la Contra Cumbre de 2005, consignas reales de repudio a la deuda. Una auditoría total daría cuenta de los ilícitos implicados en la deuda, y anularían prácticamente la totalidad de los pagos, liberando fondos para el desarrollo nacional y las necesidades pospuestas del pueblo argentino. Auditoría y no pago. Esta alternativa ya aparece, por ejemplo, desde un sector de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y varias personalidades, que se reúne bajo la campaña iniciada por la “Asamblea por la suspensión del pago e investigación de la deuda y por la defensa del patrimonio nacional y los bienes comunes”. Ésta es la clase de consignas que es necesario recuperar: no más pagos, porque soberanía es no pagar.