Paso en falso hacia el Buen Vivir

Paso en falso hacia el Buen Vivir

Parque Yasuní, Ecuador

Por Gerardo Szalkowicz. El anuncio de abortar la iniciativa ambientalista Yasuní-ITT y de iniciar la explotación petrolera en esa reserva amazónica puso de relieve las contradicciones que marcan al gobierno ecuatoriano. Los límites de un modelo que alimenta el ideario antiimperialista mientras fortalece su matriz extractivista.

El Parque Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, es una de las principales reservas de biodiversidad del continente. En 2007, durante una asamblea de la ONU, el presidente Rafael Correa lanzó la propuesta de dejar el petróleo bajo tierra en la zona conocida como el Bloque ITT para evitar la contaminación y destrucción de esa parte de la selva. Ecuador pedía al mundo, a cambio, una compensación de 3.600 millones de dólares en un período de 12 años por la pérdida que supondría dejar de explotar el crudo allí existente.

La iniciativa Yasuní-ITT  era, sin dudas, una propuesta vanguardista, innovadora. “Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y nuestra historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno”, fueron las palabras de Correa, el 15 de agosto pasado, que precedieron al anuncio que decretaba el certificado de defunción de la iniciativa, seis años después.

El mandatario argumentó que el proyecto no tuvo el respaldo económico requerido. “Solo existen $ 13.3 millones en fondos disponibles en los Fidecomisos Yasuní ITT, apenas el 0.37% de lo esperado”, se lamentó, y en una frase sintetizó la responsabilidad del fracaso: “El mundo nos ha fallado”.

Posteriormente, Correa anunció que al no alcanzarse los objetivos planteados, se aplicará el “Plan B”, es decir, se comenzará con la explotación petrolera del Bloque ITT. La Constitución ecuatoriana prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas, pero se puede hacer excepcionalmente a pedido de la Presidencia y previa declaratoria de interés nacional del Parlamento. Por eso, Correa aclaró que en el decreto firmado ordenó la “elaboración de informes técnicos, económicos y jurídicos para solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional al aprovechamiento del petróleo en el Yasuní.

Salto hacia atrás

Si bien Correa aseguró que la extracción de crudo se hará “con responsabilidad ambiental y social” y que sólo afectará a menos del 1 por mil del Parque, el anuncio generó fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y sociales por el impacto que tendrá para las poblaciones indígenas, el clima y la biodiversidad de la selva ecuatoriana.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), que aglutina a 21 organizaciones y federaciones de 11 nacionalidades amazónicas, se declaró en alerta y vigilia permanente. Franco Viteri Gualinga, uno de sus líderes, calificó la decisión como “una profundización de la política extractivista” y aseguró que mantendrán “una lucha sin cuartel en defensa de nuestras tierras, nuestra selva y nuestras vidas”.

Por su parte, la Unión de Afectados por las Operaciones de la Petrolera Texaco (Udapt), que aglutina a los 30 mil afectados por esa multinacional (hoy Chevron), emitió un comunicado en el que piden a Correa que revea la decisión ya que “no existe tecnología alguna que evite los daños ambientales en una zona extremadamente sensible cultural y ecológicamente, por lo que los impactos negativos serán inminentes”.

Para el sociólogo ecuatoriano Francisco Hidalgo Flor, “se da a la faz pública, nacional e internacional, el definitivo salto hacia atrás: se renuncia con contundencia a lo más avanzado que había logrado proponer y elaborar el proceso social ecuatoriano contemporáneo en 20 años de combate al neoliberalismo y el colonialismo”.

En tanto, Guadalupe Rodríguez, directora de la organización Salva la Selva, señaló que “pedir dinero por millones para no explotar el Yasuní porque así se preservaría su riqueza y ahora decir que es posible explotarlo sin dañarlo encierra una contradicción -y una desfachatez- inmensa. La explotación petrolera en la selva es algo enormemente destructivo y peligroso tanto para la naturaleza como para las comunidades que allí habitan”.

Diversas organizaciones como la Conaie, Ecuarunari, Acción Ecológica y la Federación de Estudiantes Universitarios impulsan la iniciativa de convocar a una consulta popular para detener la explotación petrolera en el Yasuní. Para eso, deben reunir unas 600 mil firmas que corresponden al 5% del padrón electoral.

La propia Ivonne Baki, secretaria de Estado encargada de la Iniciativa Yasuní-ITT, comentó que se siente triste por la decisión gubernamental. Y se lamentó: “Hubiera sido un precedente a seguir que cambiaría la historia de la humanidad”.